En el futuro, cuando se escriba la historia de internet, el 18 de enero pasado debería ocupar una página importante. Ese día no sólo las competitivas compañías de internet se unieron por la causa común de evitar su regulación excesiva y hasta abusiva por los proyectos de ley estadounidenses "de combate a la piratería" SOPA y PIPA, sino que lo hicieron de la mano de sus usuarios. Y aunque la victoria conseguida ese día está lejos de ser definitiva, el enfrentamiento pareció marcar un hito en la guerra por la regulación de la red y el control de la propiedad intelectual, además de gatillar una violenta sucesión de eventos digna de una de esas películas de Hollywood que -dicho sea de paso- son una de las principales causas de este conflicto.
El mismo día de las protestas mundiales contra los proyectos de ley -que incluyeron "apagones" de sitios como Wikipedia, y varios millones de firmas electrónicas, correos y llamados a las oficinas de los legisladores estadounidenses que los apoyaban- 18 senadores le retiraron públicamente su apoyo a PIPA, lo que hizo que dos días después, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de EE.UU. suspendieran su trámite indefinidamente.
Y en un golpe de efectismo que pasó casi desapercibido, mientras las protestas alcanzaban su punto más alto, dos legisladores estadounidenses -un senador demócrata y un representante republicano, demostrando que este debate poco tiene que ver con líneas partidistas- presentaron a trámite un proyecto de ley llamado OPEN, que también pretende controlar las infracciones a la propiedad intelectual en internet, pero evitando los polémicos mecanismos y sanciones de sus predecesores.
Pocas horas después de todo eso, el 19 de enero, departamentos de policía de nueve países ejecutaron órdenes de arresto emanadas de las acciones criminales de autoridades federales estadounidenses contra los responsables del sitio de alojamiento y descarga de archivos Megaupload. Durante las protestas contra SOPA y PIPA, grupos de hackers como Anonymous habían hecho lo suyo atacando sitios que incluían el FBI, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y varias asociaciones y compañías que apoyaban las medidas. Tras los arrestos de Megaupload, los ataques se intensificaron, llegando a divulgar el catálogo completo de artistas de Sony. Con cierto delirio, algunos incluso llegaron a llamar a la serie de ataques cibernéticos la "World Web War".
Pero hubo más: especialistas en tecnología y propiedad intelectual hicieron notar la coincidencia de que el mismo 18 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciara sobre el caso Golan v. Holder, ratificando disposiciones de un tratado internacional que permiten "sacar" creaciones del dominio público para otorgarles protección de derecho de autor.
"El sistema de nombres de dominio es una parte profunda de la arquitectura de internet, y el tratar de imponer filtros ahí pondría en riesgo la seguridad y estabilidad de la red para prácticamente todos sus usuarios", dice Steve Crocker, pionero en el desarrollo de protocolos de Arpanet.
Eran esas disposiciones, sancionadas por el Congreso en 1994, las que el director de orquesta Lawrence Golan, de la Universidad de Denver, pretendía revertir alegando que en la práctica éstas restringían no sólo el repertorio de clásicos que él podía enseñar y ejecutar en público, sino además el universo de contenidos disponibles (para citar, copiar y compartir) para cualquier académico. El caso había llegado a la Corte Suprema en mayo del año pasado.
En una inspirada columna en la revista The Nation, el profesor de la facultad de derecho de Harvard Lawrence Lessig hizo notar el contraste entre este fallo que fortalecía mañosamente el derecho de autor y quienes ese día se anotaban una victoria contra el lobby de las grandes compañías de contenido en el Congreso.
"Hace una década -escribió Lessig-, la idea de que millones de personas se podían manifestar en contra de que Hollywood lograra la aprobación de una ley 'antipiratería' en el Congreso era poco más que un sueño. Un sueño que cientos de activistas han hecho realidad".
Un asunto de filtros
Una de las cosas que más llamaron la atención en las protestas contra SOPA y PIPA fue que la comunidad de internet no sólo usara sus herramientas en línea, sino que también salieran de detrás de sus teclados para manifestarse en la calle. Es lo que ocurrió en Manhattan, donde más de mil integrantes de NY Tech Meetup, asociación que aúna a miembros de la bullente comunidad tecnológica de Nueva York, desafiaron el frío de enero para manifestarse frente a las oficinas de los senadores Schumer y Gillibrand, que apoyaban el proyecto.
"Lo que provocó el cambio fue no sólo que SOPA y PIPA habrían tenido un impacto muy severo en la habilidad de muchas compañías de internet de subsistir, sino que constituían un ataque directo a la 'filosofía abierta' de internet", dice a Qué Pasa Jessica Lawrence, bloguera, directora administrativa de NY Tech Meetup y organizadora de la marcha. "La amenaza de censura que incluían estos proyectos resonó de una manera muy personal en la gente".
Desde Chile, la oposición más sonora a los proyectos de ley estadounidenses la hizo la ONG Derechos Digitales, que suscribió junto a docenas de otras organizaciones de derechos humanos una carta, protestando contra las medidas estadounidenses por razones de debido proceso y libertad de expresión, pero también señalando que su mecanismo más polémico -la facultad de decretar el "filtro" de sitios por su nombre de dominio- era el mismo que usaban regímenes autoritarios para silenciar a sus ciudadanos.
La ofensiva por controlar internet
"Todas estas iniciativas pretenden, por la vía legal, resolver un problema que es básicamente de mercado, económico, como es el intercambio de archivos en internet o lo que la industria denomina 'piratería' ", dice Claudio Ruiz, director de Derechos Digitales, quien afirma que las normas son parte de un proceso de "sobreprotección de los derechos de autor".
"Esto en algún momento tiene que parar", asegura el abogado. "La denominada guerra contra la piratería ha tenido costes importantes en los últimos veinte años y no ha bajado ni en un punto los intercambios de archivos en internet. Es más, en muchos casos los gastos judiciales y derivados del lobby superan con creces las pérdidas que la propia industria dice tener a propósito de la piratería".
Internet para dummies
De las muchas medidas discutibles que tenían SOPA y PIPA -de hecho, si se creía todo lo que se decía de ellas, parecían encerrar buena parte de los males de la humanidad-, las más polémicas se referían a la capacidad de decretar el filtro o bloqueo de los nombres de dominio de los sitios acusados de infracciones al derecho de autor, medidas que podrían conducir a abusos o llevar a sitios que nada tienen que ver con la "piratería" a ser bloqueados, o tener que comenzar a vigilar y eliminar el contenido de sus usuarios preventivamente.
Expertos consultados por Qué Pasa confirman que, más allá de las consideraciones de derechos de los usuarios y empresarios de internet, la idea de combatir la "piratería" filtrando nombres de dominio era técnicamente ineficiente, fácil de eludir y potencialmente dañina para el funcionamiento de la red.
"No es el nivel correcto para controlar el acceso a contenido", afirma desde una perspectiva estrictamente técnica Steve Crocker, pionero en el desarrollo de protocolos de Arpanet, red precursora de internet, y fundador de Shinkuro, una compañía centrada en el desarrollo de formas seguras de compartir información. "El sistema de nombres de dominio es una parte profunda de la arquitectura de internet, y el tratar de imponer filtros ahí pondría en riesgo la seguridad y estabilidad de la red para prácticamente todos sus usuarios".
Desde ese ángulo, al menos, parece cierto el lugar común de que los legisladores no necesariamente entienden cómo funciona internet (impresión que se vio fortalecida cuando, en una infame intervención, un senador por Alaska afirmó en 2006 que la red no era comparable a "un camión" sino a "una serie de tubos").
"Por ahora estamos trabajando en educar a nuestros políticos en cómo internet impacta la economía y el mercado del trabajo estadounidense", señala diplomáticamente Lawrence sobre los próximos pasos políticos de NY Tech Meetup. "Estamos en comunicación con las oficinas de nuestros senadores para asegurarnos de que la comunidad tecnológica se siente a la mesa cuando se realicen futuras discusiones".
Desde Chile, Ruiz es un poco más escéptico sobre la necesidad de educar a los legisladores. "Nuestras leyes de derecho de autor no están sobredimensionadas producto de ceguera legislativa", sostiene. "Existen por la enorme influencia de la industria del software, de la música y del cine sobre nuestros legisladores".
El próximo episodio en esta guerra será, al menos en el frente estadounidense, el debate sobre la OPEN Act, norma que entrega la responsabilidad de sancionar a los infractores del derecho de autor a la ITC, Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, en vez de a los tribunales; ataca exclusivamente a sitios que se dedican "primariamente" a infracciones al derecho de autor; y sólo establece sanciones comerciales, como prohibir transacciones de dinero y avisaje en el sitio. La medida ha sido apoyada por compañías que se opusieron a SOPA y PIPA, como Google, mientras que el New York Times llamó a las partes en conflicto a "dejar atrás sus resentimientos" e impulsar su aprobación.
Y, de ser aprobada, la OPEN Act podría marcar otro hito en la historia de los procesos legislativos. Antes de que se presentara el texto al Congreso estadounidense, el proyecto de ley fue publicado por los legisladores en una plataforma digital llamada Madison (en honor a quien es considerado el padre de la Constitución estadounidense y su carta de derechos), que permite a los ciudadanos hacer comentarios e indicaciones al texto. Internet será, después de todo, el lugar que permita finalmente a los ciudadanos "educar" de varias formas a sus legisladores.
