"¿Usted es zapatista?, le preguntó a comienzos de este año, medio en broma y medio en serio, un ministro de la Corte de Apelaciones a una jueza al final de una audiencia que sostenía en el Palacio de los Tribunales de Santiago. "Sí", le respondió ella, sonriendo, mientras postulaba a un ascenso que finalmente obtuvo.
Lejos de ser una broma, la pregunta aludía al nombre coloquial con el que es conocido al interior del Poder Judicial el movimiento de jueces Jurisdicción y Democracia, en el que destacan los magistrados María Francisca Zapata, Fernando Guzmán, Eduardo Gallardo, Danilo Báez, Patricio Souza, Álvaro Flores, Nancy Bluck y Luis Avilés, entre muchos más. El grupo, que se caracteriza por ser frontal en sus opiniones y liberal en su postura, suele salir en defensa de sus pares ante las críticas que, de tanto en tanto, lanzan desde el Parlamento y el Ejecutivo, generalmente cuando se debate sobre las prisiones preventivas.
La última de sus intervenciones fue hace pocos días: en la semana más polémica entre el Poder Judicial y el gobierno, se adelantaron no sólo a la dura reacción que tuvo el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, sino también a la Asociación Nacional de Magistrados -de la que son parte-, al rechazar los dichos del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien aseguró que el Ejecutivo condicionaría sus ascensos revisando los fallos que emitan en su carrera. "Quien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, obviamente tiene que ser un magistrado que sepa conciliar adecuadamente los intereses individuales con los colectivos", dijo Ribera.
Categóricos, y pese a que ninguno ha sido parte de las resoluciones que provocaron la polémica, los miembros de este movimiento discreparon rápidamente con la postura del ministro, tal como lo hizo también el pleno de la Corte Suprema. "Nosotros nos proyectamos como jueces de garantía, eso nos da mucha libertad e independencia. No podemos fallar pensando en los ascensos", dice el juez Fernando Guzmán. "Nunca vamos a tomar una decisión pensando en que seremos criticados (...) No estamos en un concurso de popularidad", agrega el magistrado Eduardo Gallardo, de Jurisdicción y Democracia.
"Cuando yo tengo a alguien al frente, que generalmente es marginal y carece de educación, yo no veo a un delincuente, sino a un ciudadano que está revestido de la presunción de inocencia. Sólo después de evidencia, podré saber si hizo algo reprochable", dice la jueza María Francisca Zapata.
"Nosotros estamos acá por vocación. Cuando yo tengo a alguien al frente, que generalmente es marginal y carece de educación, yo no veo a un delincuente, sino a un ciudadano que está revestido de la presunción de inocencia. Sólo después de la evidencia podré saber si hizo algo reprochable o no", dice la magistrada Zapata.
De la Peluquería Francesa a las urnas
Más allá de la coyuntura -hoy la polémica fue con Ribera, otras veces ha sido con el senador RN Alberto Espina y con varios ex subsecretarios de Interior-, Jurisdicción y Democracia ha adquirido cada vez más protagonismo e influencia: es una nueva generación, formada en la Academia Judicial, la mayoría son académicos y con posgrados y sus miembros son mucho más críticos que sus superiores. De hecho, varios han sido objeto de procesos disciplinarios por parte de las cortes de Apelaciones, que nunca han mirado con simpatía al grupo.
No es todo: gran parte de su equipo fundador, formado por una veintena de jueces civiles, de garantía, laborales, de familia y de tribunales orales, se caracteriza por ser liberal en sus posturas valóricas -varios son partidarios del matrimonio igualitario-; y por ser muy críticos del rol del Poder Judicial durante el régimen militar. De hecho, uno de sus referentes es el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Carlos Cerda, quien en los años 80 investigó violaciones a los derechos humanos y fue sancionado en medio de uno de esos procesos.
Fue en 2005, durante una comida en el restaurante de la Peluquería Francesa, en el Barrio Yungay, que el grupo original decidió conformar Jurisdicción y Democracia. En ese entonces, el mismo año de la implementación de la Reforma Procesal Penal en Santiago, era inédito que un conjunto de jueces se articulara en un movimiento distinto a la Asociación Nacional de Magistrados.
Sus diferencias las marcaron de inmediato: una de sus primeras actividades fue premiar a los miembros del Poder Judicial exonerados en dictadura, además de organizar un debate con el senador Espina tras una serie de críticas del parlamentario. También, dejaron en claro su ideario: creen que la Suprema debe dedicarse exclusivamente a su labor jurisdiccional, y no preocuparse, como hoy, de los ascensos, suspensiones, traslados, etc. Eso, estiman, les da independencia a ellos de fallar: no lo harán pensando en un ascenso, argumentan.
La rebelión de los jueces
Hoy, el grupo ya tiene más de 150 miembros activos, y obtiene aproximadamente el 35% de los votos del gremio a nivel nacional. También ha colocado a dos directores en la asociación: Nancy Bluck, jueza laboral de La Serena, y Patricio Souza. En Santiago obtiene más del 65% de los votos. Controla la directiva desde el 2006 y pretende terminar de posicionarse en las elecciones del 2012.
"Este movimiento se creó cuando empezamos a preguntarnos cuál es el rol del juez del siglo XXl en una sociedad democrática moderna. Y al hacer esa definición, dijimos no, este ropaje no nos acomoda, porque hoy la organización es jerárquica y vertical y se piensa al juez desde el poder y no desde los derechos de los ciudadanos, como sí se le visualiza en todo el mundo", explica María Francisca Zapata.
Según la jueza, el rol de los magistrados de garantía ha quedado supeditado a si otorgan o no la prisión preventiva. "Si uno mira las cifras, la llamada 'puerta giratoria' no existe". Y agrega: "Hoy el garantismo está desprestigiado. Y yo creo que hay poca claridad en torno al rol y la vitalidad que tiene el que contemos con jueces que hagan efectivo el derecho de las personas".
Las cifras que la respaldan las entregó la semana pasada la Corte Suprema: los jueces de garantía han otorgado la prisión preventiva en un 89% de los casos. Para este grupo, en todo caso, no es algo que los enorgullezca. "La prisión preventiva es un instrumento de último recurso: debe ser utilizada en casos excepcionales y graves", explica Fernando Guzmán.
"Hay que hacer un uso racional. El encarcelamiento no es la única respuesta. Hay otras medidas cautelares que, en algunos casos, pueden cumplir el mismo objetivo", dice el juez Patricio Souza.
"Un derecho penal liberal debe tener como base que la cárcel es el último recurso", complementa Danilo Báez, juez del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. A modo de ejemplo: dentro de sus resoluciones, así como condenó a la pena de cárcel por abuso sexual de sus hijos al ingeniero Jorge Tocornal, Báez también fue parte de la polémica resolución que sentenció a Aarón Vásquez a cumplir la pena por el homicidio simple -con un bate de béisbol- del ciclista Alejandro Inostroza en un recinto semicerrado.
En la justicia laboral, también han marcado pauta por algunos fallos considerados 'progresistas' entre varios académicos. Es el caso del juez Álvaro Flores: este año condenó a un operador del Transantiago (Express Santiago Uno) por no proveer a sus trabajadores "de tiempos suficientes para hacer necesidades fisiológicas elementales"; sentenció al Hipermercado San Pablo por someter a sus trabajadores a "prácticas investigativas prepoliciales y clandestinas" y, en otra resolución que no fue compartida por la Corte, en 2010 consideró ilegales los despidos de la Junaeb a un grupo de funcionarios a contrata por razones de afinidad política.
Los jueces de garantía otorgaron la prisión preventiva en un 89% de los casos. Para este grupo no es algo que los enorgullezca. "La prisión preventiva es un instrumento de último recurso: debe ser utilizada en casos excepcionales y graves", explica Fernando Guzmán.
Por sus personalidades, varios miembros del grupo han estado a punto de ser sancionados. Es el caso del juez Luis Avilés, quien ha cuestionado duramente a la Fiscalía Sur por su investigación en el caso Bombas. Algo que en 2010 también vivió el magistrado Eduardo Gallardo tras enviar un mail a todos los jueces de garantía criticando en duros términos a la Fiscalía Oriente.
En 2007, María Francisca Zapata se libró por poco de ser castigada por decir públicamente que la comisión de ética de la Corte Suprema -que fue disuelta mientras ocurría el proceso en su contra- no sintonizaba con un estado democrático de derecho.
Liberales y en red
Estos jueces no sólo son críticos con el sistema, sino también con ellos mismos. Después de dictar sus fallos suelen enviarse las copias. "Se critican duramente", cuenta un cercano. Además, comentan las noticias y se mandan artículos de prensa para debatir. Uno de sus columnistas favoritos es Carlos Peña.
La mayoría, además, hace clases en universidades y en la Academia Judicial. Pero principalmente se articulan en el Instituto de Estudios Judiciales, donde dictan cursos de perfeccionamiento. Allí trabajan al alero del ministro de la Suprema Haroldo Brito, otro de sus referentes.
También organizan cursos y seminarios, como el Foro Judicial, donde discuten con académicos, varios de ellos conocidos por sus posturas liberales: Fernando Atria, Julián López, Davor Harasic, Jorge Bofill, Mauricio Duce, María Inés Horvitz, Miguel Soto-Piñeiro, Cristián Riego, Rodrigo Correa y Antonio Bascuñán, entre otros.
De hecho, el símil de Jurisdicción y Democracia es el grupo Libertades Públicas, que integra un grupo de abogados liberales, entre ellos Bofill.
Además, trabajan en proyectos con la Fundación Paz Ciudadana y con Libertad y Desarrollo, donde su principal interlocutor es el investigador Rodrigo Delavau.
El grupo está decidido a ser protagonista. La magistrada Zapata, por ejemplo, hizo un magíster en Gobierno y Sociedad para prepararse como dirigente. "Queremos ser un grupo de influencia y modernizar la judicatura".
