El jueves 13 de octubre, y como es costumbre cada mañana a eso de las 7.30, el sacerdote jesuita  Alejandro Longueira Montes (48) esperaba a los alumnos del Colegio San Ignacio en la puerta del establecimiento en calle Alonso Ovalle. Esta sería una jornada normal para el también rector del establecimiento, hasta que los primeros apoderados comenzaron a aparecer.

La noche anterior un correo electrónico llegó a las casillas de casi la totalidad del colegio, a excepción de la suya. El apoderado de un alumno de enseñanza media reveló en pocas líneas un delicado episodio que pocos conocían, pero que a partir de ese entonces se volvió crítico: dos años antes, y en una de las torres del campanario de la iglesia de la escuela, un alumno del mismo curso había -según la versión de la carta- agredido sexualmente a tres de sus compañeros, incluido al hijo del remitente.

Desde ese entonces la situación no pudo ser contenida entre los muros del colegio. El rector, hermano menor del ministro de Economía, Pablo Longueira, comenzó a recibir a los preocupados padres. Tuvo que lidiar también con las dudas desde la Compañía de Jesús y con las preguntas que provenían desde el Arzobispado de Santiago.

El primer capítulo de esta historia se escribió en octubre de 2009: tres alumnos de media comentaron ciertas conductas de índole sexual de un compañero hacia ellos. El incidente fue tratado de inmediato por la rectoría y por el personal sicológico del establecimiento. Como no había delito, según lo que confesaron los jóvenes en ese momento, sino una conducta impropia, Longueira y los sicólogos del colegio conversaron con los cuatro involucrados, y al sindicado como el provocador se le sometió a una terapia sicológica de 10 meses.

Pero algo quedó inconcluso hace dos años: el colegio no avisó de lo sucedido a los padres de los menores, debido a que los propios alumnos solicitaron la más estricta reserva. Así se mantuvo hasta que uno de ellos le contó a su padre y el tema se hizo público.

A fines de junio de este año, ese mismo apoderado acudió a la Fiscalía Centro Norte y estampó una denuncia contra el compañero de clase de su hijo. El 16 de agosto, un día después de que el rector fuera informado de lo que estaba pasando, y cuando Longueira se disponía a citarlo a su oficina, la PDI irrumpió en el San Ignacio: iban a tomar declaraciones de los otros dos afectados.

Las cartas y el mea culpa

Han sido dos meses de tensa convivencia en el San Ignacio de Alonso Ovalle. El 18 de agosto los padres denunciantes enviaron una carta al rector. Él contestó a los tres días, admitiendo el error de no haberles comunicado, y les explicó el procedimiento sicológico realizado por un profesional externo, al menor. Desde ese momento se cortaron las relaciones entre la rectoría y los padres denunciantes, por petición de los últimos. El apoderado les pidió a las autoridades del colegio  que no se acercaran a su hijo, quien finalmente dejó de asistir a clases. El menor sindicado como agresor fue incluso encarado en la calle por el denunciante, quien pidió, ante el Ministerio de Educación, que fuese expulsado del establecimiento. Longueira se negó.

-Entiendo que los alumnos le pidieron no hablar el tema con nadie, pero eran menores, ¿por qué no citó a los padres para explicar lo ocurrido?

-Hoy, un año y medio después que se conocieran lo de Karadima y otros casos en la Iglesia, la sensibilidad es extrema. Hace dos años, cuando ocurrieron los eventos, era otro el escenario, y por eso no dijimos nada. Acá lo que sucedió fue una conducta inapropiada. Tres alumnos le comentaron a su profesora jefe este tipo de juegos de orden sexual, analizamos el caso y la sicóloga del ciclo fue abordando al hoy denominado agresor y a los tres compañeros. Los entrevistó, sonsacó la información, y a partir de eso se procedió a trabajar con el menor, remitiéndolo a un sicólogo externo. A los otros les pedimos que lo hablaran con sus familias. La información que recogí ahora, dos años después y conversando con dos de los alumnos, es que nunca contaron nada a sus familias, porque consideraron que había sido una simple conducta inapropiada. Hoy me doy cuenta de que justamente eso fue un error de mi parte. Así se dieron los acontecimientos y la decisión que tomé en esa oportunidad fue bajo las excusas de ese contexto.

"El apoderado puso la denuncia ante la justicia, lo cual considero sumamente imprudente.Por lo mismo, cuando le respondí, envié esa carta a la Fiscalía, a la PDI y al ministerio. Si él quiere fregarse a la familia del menor, que lo haga a través de los tribunales, pero que no use a su propio hijo".

-Cuando se discutió el asunto entre las autoridades involucradas, ¿fue unánime no alertar a los padres?

-Me acuerdo que discutimos ese punto. En ese minuto yo tenía mi visión y la sicóloga el suyo, dada su experiencia en casos similares. A mí me parecía que era bueno hablar con los padres responsables, pero ella nos hizo ver que no había delito, ni abuso sexual, ni violación. Entonces cuando conversamos el tema, lo vimos como un asunto de conducta inapropiada y se trató de manera pedagógica y con el apoyo del colegio.

-Hoy tiene un conflicto en el colegio, con denuncias ante la Fiscalía y el Ministerio de Educación, ¿cómo lo están manejando los alumnos involucrados?

-Creo que hasta que esto no explotó, los "cabros" tenían resuelto el asunto. Los cuatro son compañeros del mismo curso, y lo habían llevado bastante bien. Cuando explota el tema a través del correo, cambió todo, en especial porque se los identificó públicamente. Hoy se sienten observados, hay rumores y en los pasillos les preguntan si fueron tocados o violados. Y para el apuntado como agresor también ha sido una tortura y anda con un capuchón siempre. Decidimos por ello cerrarles el semestre, ya que anímicamente la están pasando mal.

-¿Le ha explicado el apoderado por qué llega primero la PDI y luego se comunica con usted?

-No, y jamás pensé que esto iba a llegar a tanto. A mí me dio rabia ver a la PDI tan rimbombante en la puerta del colegio. Imagínese un completo operativo, entrando al curso a sacar a dos alumnos. ¡Insólito! No se trata de esconder, sino de salvaguardar una situación complicada. No pensé que llegaríamos a esto sin que los apoderados conversaran con nosotros antes.

-¿Ha hablado con la familia denunciante?

-Él presentó la denuncia y después que vino la PDI me mandó una carta. Le respondí el 22 de agosto en persona. Le pedí disculpas, me arrepiento profundamente por no haber dicho nada.

-Dentro de las acciones que ha hecho el apoderado, ¿ha solicitado su renuncia?

-En las cartas no ha pedido eso. Nunca en las veces en que nos hemos entrevistado me ha dicho algo parecido. La denuncia ante la Fiscalía no es contra mí o contra el colegio, sino contra el alumno, y todas las acciones han ido en esa dirección. Quiere que lo expulsemos, pero no corresponde que, dos años después y cuando el chiquillo ya recibió su castigo, lo echemos. Eso se lo hice ver a él y al ministerio.

-El ministerio pidió un peritaje siquiátrico al menor "agresor", ¿qué arrojó el informe?

-Lo mismo que el sicólogo que lo trató en ese momento y que lo dio de alta. Acá se está dando una persecución muy fuerte. Es fácil apuntar con el dedo, sacar conclusiones, y por lo mismo no vamos a dejar solo a ninguno de los alumnos. No corresponde seguir castigándolo.

-¿Ha sido llamado a declarar ante la Fiscalía?

-No. El apoderado puso la denuncia ante la justicia, lo cual considero sumamente imprudente. Por lo mismo, cuando le respondí, envié esa carta a la Fiscalía, a la PDI y al ministerio. Si él quiere fregarse a la familia del menor, que lo haga a través de los tribunales, pero que no use a su propio hijo. Acá ha habido un juicio social súper grande en el colegio que ha impactado a su propio hijo.

-¿Cree que el hecho de no haber comunicado a los padres lo que sucedió en su momento le puede traer algún tipo de sanción por parte de la Iglesia?

-Yo he manifestado por todas partes mi error. Una falta hoy, pero que hace dos años, por cómo se contaron los hechos y por el contexto, no me pareció como una equivocación. Hoy, ciertamente, no lo haría igual. Con los miembros de la Compañía (de Jesús) lo voy a hablar esta semana, pero me cuesta imaginarme una sanción o una remoción de mi cargo. Acá lo importante es que no hubo intención ni mala fe en mi actuar.