© José Miguel Méndez
"Esta investigación es ilícita de punta a cabo. El Estado de Chile, a través del Ministerio Público, ha violentado todas las garantías básicas de los ciudadanos". Así de drástico es el abogado penalista Jorge Bofill para describir la causa del Registro Civil, en la cual la Fiscalía Centro Norte investiga irregularidades en el proceso de licitación de su plataforma tecnológica, desde marzo de 2008. El lunes pasado, el profesional recibió la noticia: sus defendidos, el CEO para América Latina de Tata, Henry Manzano, y el ex ejecutivo de la firma india Pablo Cisternas pueden respirar tranquilos. Al menos, por un rato. Ellos, y los otros 17 imputados en este caso, donde la fiscal Alejandra Godoy también investiga las supuestas irregularidades cometidas por el ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, y terceros, "quedan en una situación de completa normalidad", dice el abogado, pese a que aún no se prueba la inocencia de los inculpados. El Ministerio Público afirma que va a apelar y que, por este caso, nadie quedará impune.
- El lunes se decidió sobreseer el caso, ¿cómo recibió la noticia?
- El tribunal dictó una resolución contundente acerca de lo que veníamos planteando: el Ministerio Público no entregó toda la información de esta investigación a las defensas. La falta de información no generó las condiciones para entrar a una discusión seria sobre la audiencia de preparación del juicio oral. Así, el tribunal dispuso el sobreseimiento temporal, pues reconoce que las defensas están afectadas sustancialmente. Esta causa sólo se va a reabrir cuando esté toda la información disponible, lo que no creo que suceda porque nunca vamos a acceder a toda la información.
- Pero el Ministerio Público ha señalado que va a apelar y que el caso se reabrirá…
-Si la causa se reabre, nosotros vamos a ir a juicio y hacer nuestra mejor defensa. Incluso en las condiciones actuales, éste es un juicio donde tenemos grandes probabilidades de ganar porque el Ministerio Público no tiene pruebas de cargo que incriminen a mis defendidos. Si las tiene, pido que las muestren. Éste es un juicio artificial.
"Esto es puro espionaje. Interceptar los teléfonos de los abogados es romper el último bastión de defensa que tienen las personas".
- ¿Cuáles son, específicamente, las irregularidades que, a su juicio, se han cometido?
- Esta investigación es ilícita de punta a cabo. Hay delitos de toda índole: interceptaciones telefónicas, grabaciones sin orden judicial, además de ocultamiento de información, que una vez que podamos demostrarlo también es constitutivo del delito. Estos hechos son de extraordinaria gravedad. Por ejemplo, interceptar el teléfono de un tercero, como Henry Manzano Haleby, padre de mi defendido, que no está imputado en esta causa. Aquí hay conversaciones entre imputados y abogados, con lo que se viola groseramente el secreto profesional.
- En el Ministerio Público afirman que las conversaciones entre abogados e imputados son bastante generales y no se pueden extraer estrategias específicas.
- En una de las interceptaciones es posible escuchar al imputado Domingo Frez, ex gerente de Tata Consultancy Services, y a la fiscal, donde ella dice conocer la estrategia de Carlos Balbontín, por ejemplo. Este tipo de conductas se transforman en un hecho criminal porque fue la forma como el Ministerio Público espió estrategias, lo que afecta al derecho de defensa, base de un estado democrático y de un proceso penal que cumple con las garantías de racionalidad y justicia.
- ¿Está hablando de que hubo espionaje deliberado?
- Yo me pregunto cuál es la necesidad de interceptar teléfonos en un caso donde los hechos eran todos del pasado. Esto es puro espionaje. Interceptar los teléfonos de los abogados es romper el último bastión de defensa que tienen las personas.
- ¿Podría dar un ejemplo concreto de estas escuchas?
- En una conversación en que la fiscal llama a Frez, ella le sugiere contratar a su abogado de confianza, pese a que en ese momento Frez contaba con el patrocinio de Carlos Balbontín. Cuando Balbontín deja el caso porque percibió irregularidades, la fiscal llama al imputado nuevamente para manifestar su desagrado porque hasta ese momento el hecho de que Balbontín fuera el abogado de Frez le había permitido intentar, a través de su abogado de confianza, informarse de las estrategias de defensa de Balbontín.
Jorge Bofill: "En el caso Registro Civil el Estado ha infringido de manera grave la ley"
- Usted alegó falta de acceso a las pruebas.
- La carpeta de investigación estaba extraordinariamente desordenada. Casi desordenada a propósito para hacer difícil su revisión. Fue eso lo que recogió la jueza en su resolución.
- En el Ministerio Público alegan que la información siempre estuvo disponible.
-Más allá de lo que se diga, hoy existe una resolución del Séptimo Juzgado de Garantía que acoge nuestra solicitud de sobreseer el caso. Así queda demostrado que la carpeta está incompleta. Hay antecedentes que no nos fueron entregados y algunos que no serán entregados nunca, como la información de los computadores incautados, que luego fueron devueltos a sus dueños, que son justo los dos principales testigos que tiene el Ministerio Público.
- ¿Uno de ellos es Flavio Venturini, ex consultor informático de Tata?
- Justamente. Él es una de las personas que cambiaron su versión de los hechos y quien aportó pruebas falsas a la investigación, acusando a Henry Manzano de haber acordado pagar una comisión el día 17 de julio del 2006, en una reunión en las oficinas de Tata, en circunstancias que Henry Manzano ese día estaba fuera de Chile.
Corte Interamericana
- ¿Se ha reunido con el fiscal nacional Sabas Chahuán para hablar de las irregularidades?
- Hace un mes me reuní con él para hacerle ver que aquí no está sólo en juego el futuro de esta causa, sino que hay un problema institucional grave. Los fiscales han violado la ley con la interceptación ilegal de teléfonos, violando el secreto profesional de los abogados, y enviando espías a las defensas para interiorizarse de sus estrategias. Es más: tengo un mail donde la fiscal intenta que los ejecutivos internacionales de Tata se desliguen de los ejecutivos chilenos, amenazándolos, de lo contrario, de enviarles a Interpol. Esto es un delito de amenaza.
"Si el Ministerio Público no formaliza la investigación contra los responsables de las interceptaciones telefónicas, vamos a llevar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
- ¿Cuál fue la respuesta de Chahuán?
-Me pareció atingente mostrarle las irregularidades que se han cometido. Él tiene algo que decir desde el momento que la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público le entrega a él la responsabilidad de impartir instrucciones acerca de cómo los fiscales hacen su trabajo. Él no puede permitir que situaciones ilegales como éstas se repitan en el futuro. Esperaría que el Ministerio Público saque lecciones de este caso y aprenda que hay que imprimirles a los fiscales una ética de trabajo, que en este caso no han tenido.
- Pero el Ministerio Público no reconoce este actuar ilegal.
-Mi opinión es justo la contraria: fiscales como ésos no pueden ser acusadores. El Ministerio Público debe destituir a estas personas, porque es una vergüenza que en Chile tengamos fiscales que cometen varias irregularidades sin consecuencias. Las personas están expuestas a que esas mismas personas estén a cargo de futuras investigaciones. No quisiera que el Estado de Chile, a través del Ministerio Público, dijera que los delitos cometidos en este caso quedarán impunes. Aquí la fiscal actuó como sheriff. No pidió autorización judicial para diligencias a las que estaba obligada. Los fiscales cuando cometen delitos dejan de serlo, se convierten en personas que cometen delitos y hay que investigarlos como cualquier otro.
- El Ministerio Público esgrime que es imposible discriminar entre las conversaciones de los imputados y cuando se trata de los abogados.
- Eso no es cierto. La propia fiscal Godoy envió varias instrucciones particulares advirtiendo a la policía que no podían grabar conversaciones entre imputados y abogados. Si no fuera posible discriminar, esa instrucción no tendría sentido. Pero incluso si lo que el Ministerio Público dice es cierto, entonces lo que están respondiendo es que las garantías fundamentales valen cero en Chile por razones técnicas. Eso es inaceptable en cualquier Estado de Derecho.
Jorge Bofill: "En el caso Registro Civil el Estado ha infringido de manera grave la ley"
- Ellos reclaman que ese procedimiento ocurre en todas las investigaciones.
- Eso significa que ellos intervienen las llamadas de los abogados siempre, lo cual se traduce en que cometen delitos siempre. Si el Ministerio Público no formaliza la investigación contra los responsables de las interceptaciones telefónicas vamos a llevar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho a defensa existe en Chile. Si el Ministerio Público graba nuestras conversaciones por razones técnicas, significa que comete delito con dolo de consecuencias necesarias. Eso en Chile es un crimen grave. Lo que el ministerio publico debiera hacer es investigar a todos esos fiscales, y no responder esa ridiculez.
- ¿Significa entonces que estudian demandar al Estado?
- Dependiendo de cómo el Estado responda frente a esta situación. Primero debemos ver si el Ministerio Público apela y ver luego qué resuelve la Corte. Por supuesto que es parte del abanico de posibilidades que nosotros hemos estudiado frente a esta situación, que es francamente escandalosa.
"No existe posibilidad de un juicio justo"
- De no reabrirse el caso, ¿significaría que todos los imputados -incluido Guillermo Arenas- quedarían impunes?
- Con el sobreseimiento ellos quedan en una situación de completa normalidad desde el punto de vista de sus derechos ciudadanos y la solución que da la ley para los sobreseimientos temporales es que las acciones se extinguen por prescripción.
- ¿Sin probar si son culpables o inocentes?
- En un caso normal, un imputado confía en que puede demostrar su inocencia. Lo que hace es asumir el costo de imagen e inversión de dinero y tiempo, además del sufrimiento personal para salir con la frente en alto. Eso es lo que sucedió en el caso EFE. Más allá de la espectacularidad de esa investigación, los imputados ganaron y fueron declarados inocentes. El problema aquí es que con todas las irregularidades que hemos detectado no tenemos la posibilidad de un juicio justo. La fiscal ha privado a las defensas de igualdad de armas. Ella y el Ministerio Público deben asumir las responsabilidades.
"El Estado de Chile ha desconocido que éste es un Estado de Derecho. Ha actuado como si estuviéramos en un estado policial. Esta es la peor pesadilla de un sistema fascista o comunista, no el de un país democrático".
- ¿No cree que es impresentable que finalmente los imputados en este caso no sean juzgados?
- Las consecuencias de eso tiene que pagarlas quien es responsable. Si esto significa que ninguno de los imputados en la causa Registro Civil va a ir a juicio, ésa es la respuesta legal a un problema de actuación ilegal del Ministerio Público. Lo demás es prejuicio. Decir que aquí va a haber impunidad si no hubo juicio es invertir la presunción de inocencia.
- Pero esto ocurre después de dos años y medio de investigación, en uno de los casos más bullados que han ocurrido en Chile en el último tiempo.
- Yo no puedo ir a juicio en condiciones desventajosas, en una investigación donde han desaparecido pruebas y en donde los fiscales escucharon mi estrategia de defensa. El Estado de Chile es el que debe dar respuestas institucionales allí donde hay problemas institucionales. El Ministerio Público tendrá que ver cómo lo hace para actuar de acuerdo a la ley.
- ¿No le parece que sería un pésimo precedente para la justicia chilena?
- Esta situación es insólita. Pero el artículo 10 del Código Procesal Penal está hecho para situaciones insólitas: "Cuando un imputado no esté en condiciones de ejercer sus garantías judiciales, entonces la causa no puede seguir adelante y tiene que sobreseerse temporalmente". Cuando se discutió en el Congreso el artículo 10 del Código Procesal Penal, se dejó constancia de que cuando un imputado no estuviera en condiciones de ejercer todos sus derechos en un proceso judicial, el sobreseimiento temporal debía pronunciarse antes del juicio porque es una situación irremediable. Acá lo insólito no es que la causa termine como terminó, lo insólito es cómo se llevó esta investigación adelante.
Jorge Bofill: "En el caso Registro Civil el Estado ha infringido de manera grave la ley"
"Mis clientes no sabían de irregularidades"
- Andrés Contardo, condenado en esta causa, reconoce que fue informante de Tata por su doble militancia como asesor del Registro Civil y la firma india.
- Fue un error de criterio y de juicio el que Andrés Contardo fuera simultáneamente asesor de ambas instituciones.
- Cuestión que sus clientes sabían.
Depende a quién se refiera con mis clientes.
- A los que usted defiende: Henry Manzano y Pablo Cisternas.
- No sabían. En la carpeta de investigación no hay ningún antecedente que diga que sabían. Ése es un prejuicio y los juicios se ganan con pruebas. Mientras no las haya, yo argumento que no sabían. Cuando explotó el tema en Tata, un equipo a cargo de un ex director ejecutivo del FBI realizó una auditoría interna y no encontró nada.
- Contardo asegura que entregó información a Tata y que hubo acuerdos con el Registro Civil. Si sus ejecutivos desconocen esto ¿cómo se concreta la irregularidad?
- Contardo nunca involucra directamente ni a Manzano ni a Cisternas. Cuando Contardo decidió ir al procedimiento abreviado se encontraba extraordinariamente vulnerable. Contardo pasó nueve meses preso por un delito en el que después, siendo condenado, no fue a la cárcel. La prisión preventiva es usada con frecuencia como herramienta para moler carne, porque los que están sometidos a ella terminan quebrándose y aceptando soluciones que no necesariamente reflejan su situación de justicia. Contardo reconoce irregularidades para terminar con su pesadilla.
"El ministerio público debe sacar lecciones"
- ¿Significa que ésta la primera gran derrota del Ministerio Público?
- EFE fue otro caso paradigmático. Esto no es una derrota definitiva. Lo más probable es que el Ministerio Público intente reabrir esta investigación. Pero esta causa tiene que servir de ejemplo para otra cosa: el Ministerio Público debe tener cuidado con las acusaciones que hace porque muchas veces ha afectado la imagen de personas que finalmente han sido declaradas inocentes. Como el caso de Paul Morrison, que ganó dos veces en el juicio oral, razón por la cual tiene demandado al Estado de Chile.
"Si esto significa que ninguno de los imputados en la causa Registro Civil va a ir a juicio, ésa es la respuesta legal a un problema de actuación ilegal del Ministerio Público".
- ¿Esta resolución deslegitima al Ministerio Público?
- La jurisprudencia procesal alemana dice que no es un principio de la ordenanza procesal que la verdad tenga que averiguarse a cualquier precio. Sería bueno que el Ministerio Público chileno hiciera suya esa idea: no puede saltarse todos los límites cuando se trata de llevar adelante una investigación. El Estado de Chile, representado por el Ministerio Público, ha violentado todas las garantías básicas de los ciudadanos, ha infringido de manera grave la ley. En este caso, ha desconocido que éste es un Estado de Derecho, ha actuado como si estuviéramos en un estado policial. Ésta es la peor pesadilla de un sistema fascista o comunista, no el de un país democrático.
- ¿Qué críticas se desprenden del nuevo sistema procesal penal, el cual creó el Ministerio Público?
- No hay que generalizar, porque en general los fiscales actúan correctamente. Pero cuando no lo hacen, el Ministerio Público actúa muy corporativamente. Hay mucha defensa a las irregularidades que cometen algunos fiscales. La ley orgánica de ellos establece un recurso interno: el recurso de reclamación. Hoy es muy extraño que un fiscal regional actúe frente a licitudes o irregularidades de los fiscales. Probablemente eso tiene que ver con una institución que aún está buscando su ética de trabajo.
- ¿Esa percepción es compartida por sus pares?
- Ése es el sentir de muchos abogados que viven a diario frustraciones por la forma en que se relacionan con el Ministerio Público, donde hay mucha burocracia, carpetas desordenadas. Uno esperaría una atención más expedita. Éstos son problemas que como Colegio de Abogados se están exponiendo a las comisiones coordinadoras regionales y nacionales. Uno llega al extremo que se produce la paradoja de echar de menos los expedientes del sistema antiguo porque uno sabía, por ejemplo, cuándo un antecedente había sido incorporado a la carpeta, porque se dejaba constancia con fecha.
- ¿Cuál es el destino de este juicio?
- Eventualmente, morir aquí.
