Vulneración del principio de legalidad del gasto, exceso de contratación de personal, aumentos considerables de remuneración serían parte de las explicaciones del déficit de más de $ 2 mil millones que alcanzó la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana entre 2014 y 2015, bajo la administración del actual subsecretario general de Gobierno, Osvaldo Soto. Así lo reveló el preinforme que elaboró la Contraloría, tras iniciar en enero una auditoría luego de recibir denuncias de presuntas irregularidades por parte de la ministra de Justicia y la Asociación de Funcionarios de la Corporación. “Las situaciones expuestas dan cuenta de una vulneración por parte de la Corporación de Asistencia Judicial de la RM de los principios de control, eficiencia y eficacia (...) Dicho accionar implica una vulneración de las obligaciones de la autoridad de esa corporación”, precisa el informe. Contraloría está ya trabajando en el texto final.