Fue en el comité político del lunes 25 de mayo. Entonces el presidente de la DC, Jorge Pizarro, tomó la palabra y preguntó por qué aún no se presentaba el proyecto de ley anunciado por el gobierno tras recibir los resultados de la Comisión Engel. Agregó que había sido notificado por la UDI de que no ingresarlo al Congreso sería una declaración de guerra.

El senador hacía referencia a un proyecto de 9 páginas elaborado semanas antes por el Ejecutivo, que “modifica el Código Penal en materia de delitos contra la corrupción”. Un texto que en privado en el gobierno bautizaron como de “amnistía impropia”, ya que tipifica expresamente como delito entregar documentos tributarios ideológicamente falsos. Aunque a primera vista, esto parece endurecer la disposición legal, en la práctica significaría una amnistía para todos quienes emitieron boletas falsas antes de que se dicte la norma. Esto porque según  señalan los principios del derecho nulla poena sine lege (no hay pena sin ley) y, las leyes no son retroactivas.

El proyecto fue promovido por los ex miembros del equipo político Rodrigo Peñailillo y Ximena Rincón e incluso mencionado por la presidenta Michelle Bachelet en sus discursos. Sin embargo, luego la mandataria fue advertida por abogados de su confianza de que era una ley tramposa que escondía impunidad, por lo que decidió desecharla.

No obstante, el nuevo comité político siguió en conversaciones con la oposición sobre esta posible salida a la crisis, más que nada como una estrategia para tener una tregua hasta el discurso del 21 de mayo. Tras la ceremonia, el proyecto fue definitivamente sepultado.