Para el 13 de enero está fijada la audiencia de juicio donde los representantes de Hugo Bravo, de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano intentarán ganar la batalla laboral que comenzó tras la decisión de los controladores de no pagar la indemnización por años de servicio que reclamaba el ejecutivo, quien trabajó más de 25 años para el grupo Penta.

En un lado de la vereda, los abogados Gonzalo Raggio y Anderson Weldt lograron que el tribunal les aceptara incluir en su defensa nueve documentos, con los cuales buscan demostrar que el despido de Hugo Bravo fue parte de la estrategia de la defensa de Penta para desprenderse de las responsabilidades legales y vincularlas a Bravo. Según ellos, cuando Bravo firmó los documentos de finiquito y la carta de renuncia, el 28 de julio, lo hizo porque su abogado en ese momento -Alfredo Alcaíno, quien entonces también era abogado de Penta- le sugirió hacerlo. La “doble militancia” de Alcaíno les parece indebida: según ellos, Bravo firma confiando en él, papeles que lo perjudican. En su defensa, además, los abogados presentarán pruebas confesionales que obligan a prestar declaración tanto a Délano como a Lavín. Y les ponen presión: si no se presentan ese 13 de enero, el juez tiene la facultad de dar por admitidas todas las interrogantes que en ausencia de ellos quedarían sin responder. Integraron a su defensa también pruebas testimoniales, donde llaman a declarar a Carlos Lavín Subercaseaux y al notario Patricio Rabi.

En el frente, los abogados de los demandados, Álvaro Pizarro, Mauricio Correa y María Paz Ihnen presentarán 49 documentos para probar que no hay cuentas pendientes. Además, tienen pruebas testimoniales que incluyen las declaraciones de Alfredo Moreno, Alfredo Alcaíno y Carlos Bombal, entre varios otros.

Fuentes que conocen el conflicto laboral afirman que hubo acercamientos para aunar posiciones, pero finalmente se desecharon y las partes se verán las caras el 13 en la mañana.

El veredicto en esta arista podría enredar aún más el caso penal, pues ambos bandos intentan dejar en evidencia las “mentiras” que envuelven varias declaraciones. Si bien el fiscal estuvo ad portas de cerrar un acuerdo con los representantes de Penta, hoy está entrampado. ¿La razón? Tanto Lavín como Délano habrían puesto como condición asumir la responsabilidad de que en sus declaraciones de impuestos hubo boletas que no demostraban servicios realizados a cambio de que el Ministerio Público no persiguiera a varios ejecutivos de Penta que estarían en la mira del fiscal Carlos Gajardo. Lo anterior aún no ha quedado despejado.