Un duro revés sufrió el gobierno en el intento de regular la labor de las empresas de seguridad privada que ofrecen servicios de alarmas en casas particulares. Esto por un reciente dictamen de Contraloría, fechado el 15 de septiembre, que dio la razón a la Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad (ACHEA) y ordenó dejar sin efecto un decreto exento de 2013 del Ministerio del Interior que obligaba a las compañías a conectar los sistemas de alarmas con las centrales de Carabineros. El decreto también fijaba multas y sanciones -que podían llegar hasta la clausura- a las empresas que registraran reiterados casos de falsas alarmas, esto debido a que un 20% de los llamados al número de emergencia 133 provienen de compañías de alarmas, y el 98% de éstos resultan ser falsos. Sin embargo, Contraloría estableció que el ministerio no tiene atribuciones jurídicas para regular a estas empresas, ya que la libertad económica está garantizada en la Constitución. Así la única forma de normar a los sistemas de alarmas privados es a través de una nueva legislación o decreto supremo. El mismo dictamen prohíbe a Carabineros supervisar el trabajo de las empresas de seguridad, ya que esto estaría fuera de su competencia.