El lunes pasado, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, recibió en su despacho a la jueza Karen Atala. La reunión, a la que también asistieron representantes de la Corporación Humanas, Libertades Públicas y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, tuvo como fin discutir el grado de cumplimiento que el Estado lleva del fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2012 sancionó a Chile por el trato discriminatorio recibido por la jueza debido a su orientación sexual y que derivó en la pérdida de la custodia de sus hijas.

En la cita, Atala hizo ver el atraso en el cumplimiento de lo dictado que, entre otras cosas, obliga a los organismos estatales a capacitar a sus funcionarios en derechos humanos, identidad de género y orientación sexual. A la fecha, sólo la Academia Judicial ha realizado cursos en esa línea, pero sólo con carácter voluntario para funcionarios del Poder Judicial.

La cruzada de Atala por hacer cumplir el fallo llegó a La Moneda. A fines de julio, se conformó la primera mesa de trabajo liderada por la ministra de la Segpres, Ximena Rincón, y miembros de la sociedad civil, para analizar el avance de éste y otros fallos en materia de derechos humanos. La mesa sesionará los primeros jueves de cada mes.

La Fundación Iguales -entidad de la cual Atala es directora- está trabajando en la confección de indicadores para presentarlos a Justicia y hacer seguimiento al cumplimiento del fallo.