En una áspera discusión se enfrascaron hace algunos días los cinco ministros de la Corte Suprema a cargo de administrar el patrimonio del máximo tribunal. El motivo que desencadenó el debate entre Milton Juica, Sergio Muñoz, Sonia Araneda, Patricio Valdés y Rubén Ballesteros fue una singular solicitud de la fiscal Mónica Maldonado.
Como consecuencia de los daños estructurales que provocó el terremoto en el edificio de su propiedad, la abogada pedía hacer uso junto a su marido -el ex presidente del tribunal, Mario Garrido- de uno de los siete departamentos de los cuales dispone en Santiago el Poder Judicial para aquellos ministros de la Corte Suprema que provienen de regiones y que no poseen ningún otro bien raíz en la capital.
Los departamentos se ubican en el edificio Ambassador, a pocos metros de la esquina entre Américo Vespucio y Espoz. De 140 m2 y con dos estacionamientos, cada uno de los inmuebles fue adquirido en agosto del año pasado por un valor aproximado de $160 millones. Sin embargo, dicen en el palacio de calle Compañía, éstos no revistieron un costo para el erario público, ya que fueron permutados por el antiguo edificio de ladrillo que tuvo históricamente el máximo tribunal en Ricardo Lyon con Providencia. Ahí vivieron durante décadas los ministros que se acogieron al antiguo "derecho a casa" que les concede la ley.
Según fuentes de la Corte Suprema, la solicitud de Maldonado generó dos posiciones en el consejo administrativo. De un lado, estuvieron los jueces Sonia Araneda y Patricio Valdés, quienes se opusieron a la idea de extender esta prerrogativa a la abogada. Adujeron que si bien la fiscal tiene grado de ministro, otorgarle esa concesión significaba transgredir el reglamento de la propia Corte Suprema, pues ella es propietaria de otros dos inmuebles. En el entorno de la fiscal afirman, sin embargo, que el departamento que ella habitaba tiene orden de ser desalojado como consecuencia del terremoto, y la otra casa de su propiedad está arrendada hasta agosto.
Los ministros Araneda y Valdés tampoco se habrían mostrado de acuerdo en que el matrimonio Garrido-Maldonado pagara poco más de $200 mil de arriendo, como hacen los otros supremos que viven allí y que han recurrido a este beneficio durante el último tiempo: el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica; Pedro Pierry, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y Guillermo Silva. Araneda y Valdés eran partidarios de que la pareja de abogados cancelara el precio de mercado que tienen los arriendos en ese edificio: $ 450 mil.
Los otros tres jueces del consejo, en tanto, respaldaron la petición de la fiscal Maldonado. Esgrimieron que "el uso del departamento sería sólo por un tiempo acotado", y además "ayudaría a cubrir los costos de mantención que tiene el edificio".
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los cinco ministros dirimieron el conflicto por votación. Al final, Mónica Maldonado fue autorizada a vivir en el inmueble ubicado en Vitacura.
