Brasil  finalizó este jueves en la madrugada el tercer turno tras las elecciones presidenciales de 2014. La etapa empezó cuatro días después del 26 de octubre de 2014, cuando Dilma Rousseff fue electa para su segundo mandato con 54 millones de votos. Derrotado en las urnas, el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) pidió una investigación de los resultados para garantir que no hubiese existido fraude. Sin éxito en aquel intento, la oposición no desistió. Y así, un año y medio después, el Senado Federal ha aceptado el juicio político contra Dilma por 55 votos contra 22. Además del PSDB, el Poder Judicial brasileño, los grandes medios de comunicación y el PMDB, exiliado del PT y el partido del vicepresidente Michel Temer, fueron los principales protagonistas de esta compleja salida de Dilma.

En un ambiente político contaminado de corrupción, la presidenta no es acusada directamente en los recientes escándalos que se han descubierto en Brasil. Dilma sale por una maniobra fiscal que retardó el pago hacia los bancos públicos de deudas tomadas para ejecutar programas sociales. La maniobra fue practicada por los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, además de gobernadores e intendentes del país. Incluso por el substituto de Dilma, Michel Temer.

Lo que se viene

Dilma no sale por la rampa del Palacio del Planalto, sede del gobierno nacional. Sus asesores creen que el acto podría parecer el fin de un mandato por el que la presidenta promete luchar. Ella tendrá hasta 180 días para que otra sesión del Senado Federal decida su futuro definitivo. Además de la Suprema Corte del país, sus campos de batalla serán la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los espacios en donde Dilma pueda denunciar lo que ella y la izquierda tildan de golpe institucional.

Mientras tanto, Michel Temer tendrá el mismo periodo para establecer su plan de gobierno, “Un puente para el futuro”, difundido por el PMDB ya el año pasado. Las medidas incluyen el fin de las pautas determinadas por la Constitución para los presupuestos de salud y educación; aumento de la edad de jubilación, reducción del programa Bolsa Familia y apertura comercial a los Estados Unidos y Unión Europea “con o sin la participación del Mercosur”. Para el diputado federal del PT Paulo Teixeira, el puente de Temer significa “penalizar a los pobres del país, para que paguen por el ajuste económico. Todo el problema político instalado es un camino violento en contra de la democracia para remover a una presidenta electa que no ha cometido crimen de responsabilidad”.

Los movimientos sociales ya prometieron “no dar tregua” al nuevo gobierno. En los últimos días hubo corte de rutas en varios estados y protestas de movimientos feministas, agrarios y estudiantiles. Sin embargo, al contrario del clima de barra brava de final de Mundial vivido el día de la votación en la Cámara Baja (17 de abril), cuando el gobierno aún esperaba un resultado favorable; este miércoles decisivo en Brasil primó la tranquilidad. Las movilizaciones masivas vistas antes de la votación se han ido apagando en su intensidad. La izquierda todavía absorbe con incredulidad el fin del proyecto político del PT. En las calles, trabajadores pasaban con indiferencia frente a las televisiones de los comercios que transmitían la larguísima votación del Senado. Reinaba una inesperada calma por las calles del país.

Capítulos y personajes

El enredo de la caída de Dilma fue marcado por una crisis económica y por una disputa durísima entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, comandado por el enemigo público de Dilma, Eduardo Cunha. Miembro del PMDB y aliado de Temer, él fue suspendido la semana pasada por la Suprema Corte por 11 acusaciones de corrupción. En todo el año 2015, el país fue testigo de que en el marco de la Operación Lava-Jato se detuvo a empresarios y políticos. El juez Sergio Moro, a cargo de la operación, se convertía en un héroe de las marchas contra el gobierno. La investida judicial fue un duro golpe para Petrobras, la más grande estatal de Brasil, víctima de un esquema de corrupción que funcionaba desde antes del gobierno de Fernando Henrique. El problema también enfermó toda una cadena de producción de infraestructura del país, que dependía de la gigante energética. Empleos perdidos, contratos levantados y pérdida de credibilidad asolaban la economía brasileña.

El clima estaba bajo control a principios de 2016 hasta el 4 marzo, cuando el ex presidente Lula fue llevado a declarar por la Policía Federal en un gran espectáculo mediático. Desde entonces, Brasil se ha convertido en testigo de una sucesión de eventos que supera las tramas de House of Cards, la exitosa serie política de Netflix (que ya confirmó su propia serie sobre la corrupción brasilera). La temporada que terminó ese jueves tuvo entre sus capítulos evidencias de conspiración del vicepresidente Michel Temer (él mismo filtró a la prensa cartas y audios en los que mostraba su descontentamiento con la presidenta), llamadas pinchadas de Dilma y Lula y filtradas por Sergio Moro al principal grupo de comunicación del país (Globo).

“No podemos ocultar los problemas que el proceso de juicio político ha traído al país”, admite el senador Cristovam Buarque, ex ministro de educación de Lula y del PPS y opositor. Cristovam es parte del grupo de senadores que presentó una propuesta de nuevas elecciones presidenciales para octubre de ese año. El político cree que las urnas pueden unir la población: “Lula y el PT dividieron la gente entre ‘nosotros y ustedes’, ‘ricos y pobres’”. La elección anticipada puede ser uno de los próximos capítulos de la realidad brasileña, que desde octubre de 2014 supera la ficción de las telenovelas importadas al mundo.

La legitimidad del gobierno de Michel Temer es cuestionada desde el oficialismo. Él es acusado de recibir coimas de 5 millones de reales. En abril, la sesión que aprobó la apert ura del juicio político por 367 votos a 137 se convirtió en un espectáculo caricaturesco de repercusión internacional. Para justificar su apoyo al juicio, los diputados nombraron a Dios y a sus familias decenas de veces, además homenajear a un coronel que comandó la tortura en la dictadura militar, cuando la presidenta también fue torturada. Los medios divulgaron la foto de Michel Temer sonriendo mientras miraba la votación.

Los principales grupos de comunicación del país, concentrados en las manos de cinco familias, también son actores en la convulsión política. El PT admite que una de sus principales fallas en los 13 años de gobierno fue no haber impulsado una ley de medios. El politólogo Joao Feres Junior, uno de los creadores del Manchetômetro, un medidor de títulos y de la cobertura de los principales medios del país, afirma que las cuatro victorias presidenciales hicieron el PT equivocarse y minimizar el poder de la prensa nacional, opositora al gobierno: “Es patético observar periodistas que se hacen los neutrales en las grandes empresas. Lula y Dilma no articularon la creación de alternativas. El gobierno reordenó la televisión pública demasiado tarde, cuando el partido ya estaba perdido”.

Dilma Rousseff tiene seis meses para le dar vuelta al partido, pero para algunos en los equívocos no hay tiempo para dar marcha atrás.