La ministra de Salud, Helia Molina, aún se recuperaba de una intervención por una hernia a la cadera, en agosto pasado, cuando debió interrumpir su reposo. Debía hacerse cargo públicamente de un tema delicado. Desde abril, la Comisión presidencial para la reforma al sistema privado de salud -creada para estudiar y proponer un nuevo modelo y marco jurídico para las isapres-  había estado trabajando en algunos planteamientos, y ya habían aparecido quienes veían en esa instancia la oportunidad de introducir cambios de mayor envergadura o incluso modificaciones estructurales al sistema de isapres vigente.

Una de las primeras voces en dar cuenta de estas aspiraciones fue la de la actual directora del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Jeanette Vega. Durante una presentación que realizó a finales de julio en la Feria Expo Hospital, la funcionaria puso en alerta a los privados y generó revuelo al señalar que “el actual sistema de isapres dejaría de existir”, generando inmediata controversia. “El 7% no es propiedad de las personas; es un impuesto específico a la seguridad social y debe ser tratado como tal”, sostuvo Vega, quien agregó que estos fondos debieran ser redistribuidos de manera solidaria.

El llamado de atención de la ministra a su subalterna no se hizo esperar. En una entrevista que concedió en agosto a El Mercurio, Molina fue categórica. “La comisión está muy encaminada y no está por hacer cambios estructurales en salud”, dijo, descartando que las declaraciones de Vega representaran las intenciones del Ejecutivo. “Las únicas tres grandes reformas que el gobierno de la presidenta Bachelet desarrollará son la tributaria, la educacional y una nueva Constitución; no está considerada ninguna otra”, sentenció. Molina fue más allá en otra entrevista, publicada ese mismo día por La Tercera. “ La directora de Fonasa es subalterna mía”, reafirmó, en una clara manifestación de molestia. “La línea del gobierno en salud la represento yo”.

Las diferencias entre la ministra y Vega no hicieron otra cosa que develar las dos almas que coexisten al interior del Ministerio de Salud y que a su vez reflejan las diferentes miradas que existen a nivel nacional sobre cómo resolver un problema complejo y que se arrastra por años. Por una parte está la de aquéllos que buscan que el sistema privado deje de existir como tal, dando paso en última instancia a un fondo único estatal de salud y, por otra, la de aquéllos que esperan modificar el actual sistema de isapres, pero manteniéndolas en paralelo al sistema público. La pregunta que está aún latente es cuán profundos serán los cambios que se plantearán en  el proyecto de ley del Ejecutivo y qué repercusiones tendrá una futura ley en el mediano y largo plazo.

Por ahora, la discusión no ha estado ajena de otro tipo de polémicas. En septiembre, la renuncia de dos miembros a la Comisión Presidencial por diferencias de criterio agitaron las aguas. Cuando Gonzalo de la Carrera, presidente de Isapre Colmena y  Ana María Albornoz, gerente de Clínicas de Chile, decidieron alejarse de la instancia, esgrimieron que en la conducción de la comisión -a cargo del académico del departamento de Salud Pública de la UC, Camilo Cid- se estaba dando una “tiranía” y que no se estaban plasmando las opiniones minoritarias en el informe final, documento que fue entregado a la presidenta Michelle Bachelet el 8 de octubre. Según planteó entonces reiteradamente De la Carrera, en varias ocasiones preguntó si en la comisión se cumpliría el mandato presidencial de estudiar un cambio al sistema vigente de las isapres o se iría más allá. “Se me dijo que había apoyo para hacer este gran cambio”, sostuvo entonces.

Camilo Cid decidió salir al paso de los cuestionamientos y encendió aún más la hoguera al responder a la salida de De la Carrera y Albornoz con declaraciones como “las isapres deben regirse por principios de seguridad social” o explicando que la idea de un fondo mancomunado -que se incluiría en el informe- tenía la intención de “romper con la segregación” entre lo público y lo privado, y que aspiraba a un sistema unificado.

La ministra debió nuevamente zanjar la discusión, y salió a explicar que la iniciativa de la comisión de crear dicho fondo no se traduciría en la “expropiación” del 7% a los usuarios. Acotando el alcance que tendrían los cambios, Molina aseguró que sólo se estaban analizando propuestas que apuntaran a eliminar las inequidades del sistema.

En el mismo tono fueron las palabras con las que la presidenta Michelle Bachelet reconoció el trabajo de la comisión al momento de recibir el informe. “Agradezco que hayan cumplido con lo señalado en el mandato presidencial, analizando un tema tan complejo y generando ideas concretas para mejorar la cobertura de salud de más de tres millones de chilenos y chilenas que están afiliados al sistema privado”, sostuvo Bachelet, dando luces de lo que podría incluir el borrador del Ejecutivo.

Sin embargo, todavía existen dudas sobre qué es lo que ocurrirá en adelante, cuando dicho texto sea enviado a la Comisión de Salud del Senado.

En definitiva, lo que está por resolverse es cuál será el alma que primará a la hora de ingresar los cambios. Según explica el senador Fulvio Rossi, en los últimos días los miembros de la Comisión de Salud se reunieron con Camilo Cid para conocer en detalle el informe entregado a la presidenta.

Según ha señalado la ministra Helia Molina, el texto presidencial será presentado antes de fin de año.

“Ojalá se inclinara por nuestro deseo de que se cree un fondo único de salud que incluya a Fonasa y que quien quiera una mayor cobertura contrate un seguro complementario”, sostiene el senador del Partido Socialista. Por lo pronto, asegura que está satisfecho con muchos aspectos planteados por la comisión, como por ejemplo, la mejora de las licencias médicas y la creación de un fondo solidario en el sector privado.  

“Es turno de que la presidenta resuelva qué decisión tomará. Puede ingresar un proyecto (o una indicación parlamentaria) con lo que presentó la comisión asesora o, como nos gustaría, ir más allá e incluir un fondo único de salud para terminar con estos dos subsistemas de salud en Chile”, remata Rossi.

En el mundo privado reconocen preocupación, ya que se teme que los cambios vayan en la segunda dirección. Un conocedor de la industria sostiene que la principal inquietud radica en que propuestas como la creación de un fondo mancomunado de salud se convierta en una  etapa de transición que termine dando paso, incluso en el corto plazo, a la creación de un fondo único estatal.

Con el diagnóstico en su mesa, será la presidenta la que determine el tratamiento.