Lleva poco más de cuatro meses como ministro secretario general de la Presidencia, y a Gabriel de la Fuente (58 años, PS) le tocará rematar su corto periodo con la discusión de las últimas iniciativas del gobierno de Michelle Bachelet.

Esta semana, luego de que se conocieran las prioridades legislativas para las 4 semanas de sesiones que quedan, De la Fuente se sumió en su propio frenesí. Constantes idas y vueltas a Valparaíso         —vive, además, en Viña del Mar—, a las que se suman las gestiones que le gusta encabezar cuando está en el Congreso. El martes, por ejemplo, él mismo pidió al presidente del Senado, Andrés Zaldívar, que pusiera en tabla la votación del feriado por la visita del Papa. Poco rato después estaba en la testera. Y horas más tarde, atendió otras reuniones en la oficina de su ministerio en la Cámara de Diputados.

"Hubo una falta de diagnóstico del país que nosotros mismos hemos contribuido a cambiar. Esa parte no la logramos aprehender. Ahora, ¿quién es responsable de hacer esa lectura? A mi juicio, los partidos"

El 11 de marzo de 2014, De la Fuente —abogado de la Universidad de Chile— asumió como jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres. Como tal, le tocó coordinar el cambio de mando con la entonces saliente administración de Sebastián Piñera. En concreto, con el ex ministro Cristián Larroulet.

Hoy refuta las críticas que se escuchan desde Chile Vamos por el apuro que existe en el oficialismo por cerrar reformas clave, como la de educación superior y universidades estatales. El ministro les enrostra que en 2014 también el gobierno de Piñera intentó aprobar una serie de iniciativas en sus últimos meses como, por ejemplo, la de un ministerio de educación superior.

Al analizar la dura derrota que sufrió la Nueva Mayoría el 17 de diciembre, De la Fuente no duda en apuntar a los partidos como responsables de una errada lectura de la sociedad. Y afirma que el legado de Bachelet debe ser la base del entendimiento de la centroizquierda para el futuro.

—Tras el 17 de diciembre los partidos han acusado la responsabilidad del gobierno en la derrota por una falta de gestión política. ¿Hay una autocrítica?

—No olvidemos que esta es una coalición que se unía a partir de este programa y de la figura líder que encarna la Presidenta, y que su destino como coalición iba a estar en permanente evaluación. Los hechos han demostrado que no tener primarias ni una lista única parlamentaria mermaron la capacidad de reproducción de esa coalición.

En materia de gestión de los proyectos, la evidencia muestra que no obstante la profundidad de los cambios que propusimos y la heterogeneidad de partidos que integran la coalición —desde la DC al PC—, la gestión política fue eficiente. Siempre es posible hacer más, pero en esto todos tenemos que ser autocríticos. La responsabilidad no es sólo del gobierno, sino también de los partidos.

—¿No es justa la crítica de los partidos?

—Siempre es posible hacerlo mejor, pero la responsabilidad de la gestión política en un gobierno de coalición nos involucra a todos, partidos y gobierno.

—El subsecretario Mahmud Aleuy dijo: “Hay que tener el coraje de mirar a la derrota a la cara”. ¿Cuál es su propia visión respecto de las causas de esta?

—Evidentemente tienen que ver con que no se hicieran primarias, no hubiera un candidato único y no se lograra llevar una lista parlamentaria única. Eso significa que no se leyó adecuadamente la realidad del país, el tipo de electorado, las aspiraciones y demandas de distintos sectores de la sociedad, y cómo cada uno de los partidos de la coalición representaba en sus nichos a cada uno de sus sectores. Es evidente que hubo una falta de diagnóstico del país que nosotros mismos hemos contribuido a cambiar. Esa parte no la logramos aprehender adecuadamente. Ahora, ¿de quién es responsabilidad hacer esa lectura? A mi juicio, es de los partidos.

—¿Y el gobierno?

—El gobierno gobierna. Al gobierno le toca la obligación de llevar a cabo su programa, es una tarea de gestión política, pública y legislativa.

—Lo cierto es que el candidato que perdió es el que se esgrimió como continuador de este programa. Ese es un mensaje potente.

—Hoy la presidenta tiene un 40% de aprobación. Ha ido in crescendo y no me cabe duda que de aquí a marzo va a ser mayor. Si uno analiza, a través de encuestas, sus reformas, no le quepa duda de que todas serán bien valoradas por la ciudadanía. Para qué decir la gratuidad de la educación superior. Ahora, ¿por qué alguien que se decía continuador de este camino no logró concitar la adhesión mayoritaria? Es parte del diagnóstico que hay que hacer.

—¿Fracasó la Nueva Mayoría como proyecto político?

—La coalición se estableció para este gobierno y termina con este gobierno. Incluso durante la segunda vuelta se planteaba que si ganaba Guillier, significaba la reinauguración de una nueva coalición. Esta es una materia de los partidos. Ahora, el gobierno de la presidenta Bachelet es ampliamente exitoso por su legado. A tal punto, que el programa de gobierno de Sebastián Piñera toma como base mucho de lo que hemos logrado cambiar. Para qué decir la gratuidad.

—Pero, con todo, igual le entregan la banda presidencial a la oposición.

—Sí. La presidenta también lo ha dicho: nos habría gustado que fuera un hombre o mujer de nuestra casa común, pero la ciudadanía determinó lo contrario.

 

“La coalición así de extendida es un bien para Chile”

—Hacia el futuro, ¿se puede volver a juntar desde el PC a la DC, o cree, como Heraldo Muñoz, que hay que evaluar la presencia del PC en una coalición?

—La coalición así de extendida es un bien para Chile. La unidad de la centroizquierda o de los demócratas progresistas —como los denominó la presidenta Bachelet— es necesaria para seguir profundizando en la universalidad de derechos en Chile. Una coalición así de amplia debiera siempre garantizar que eso se puede lograr. Administrarla es una tarea compleja y difícil, pero el legado de la presidenta ha tenido que ver no sólo con la justeza de su programa de gobierno, su propio liderazgo, sino con el hecho de que su gobierno estaba sustentado en una coalición que va desde el PC a la DC. Ahora, si esta va a tener una reproducción en el escenario político que se abre a partir del 11 de marzo, será una materia de cada partido. Enero parece ser el momento en el que se va a dar inicio a esa reflexión, pero esto no va a cuajar en este mes. Es un proceso más lento, más largo, que merece un buen tiempo, de modo que las soluciones sean permanentes.

—¿Hay que incluir al Frente Amplio?

—Prefiero no emitir juicios respecto de aquello que es parte de la reflexión de los partidos y no creo que haya que poner condiciones a priori. Tengo la impresión de que en la anterior derrota electoral que sufrió la Concertación (2009) no se hizo el diagnóstico adecuado de sus causas. Cuando uno no sabe bien qué pasó, es difícil saber qué hacer y proponer para el futuro. Hay que tomarse el tiempo necesario pero, además, tener visiones más estratégicas.

"Tenemos la obligación de gobernar hasta el último día y este Congreso dura hasta el 11 de marzo. No existe una norma que establezca, designado el presidente electo, una especie de vacío, de ‘1, 2, 3, momia es’... políticamente sería muy raro"

—¿Cómo es eso?

—Es decir, no sólo la conquista del poder del próximo periodo presidencial, sino cuál es el norte final, hacia dónde quiero caminar como sociedad. A veces parte de esos pasos no necesariamente son una escalera ascendente. A veces la escalera tiene descansos.

—Hace un tiempo, Ud. planteó que la unidad entre los partidos y la coalición era el programa de gobierno. A partir del 11 de marzo, ¿la unidad estará dada por la defensa del legado de Bachelet?

—Tengo una convicción: el legado de la presidenta Bachelet constituye la base de la unidad y del entendimiento de la centroizquierda para el próximo periodo.

—¿Debiera haber un compromiso de los parlamentarios en ese sentido?

—Los partidos políticos que conforman hoy a la NM debieran constituirse a partir de este legado, ese es el piso. El legado no es un fetiche, tiene que ver con una cuestión de orden histórico y cultural, pero también con una cuestión de proyección.

—¿Los partidos tienen que reordenarse a partir de ello?

—Por eso es tan importante para nosotros terminar las reformas que nos quedan. Constituyen, a mi juicio, la base sobre la cual podemos construir una nueva unidad de la centroizquierda. Es más, creo que el PS tiene un deber especial en esta materia. No sólo porque es el partido de la Presidenta de la República, donde ella milita. El PS tiene el rol de defender que la Presidenta termine el 11 de marzo con la mayor consolidación posible de ese legado, en términos legislativos y de gestión pública, y proyectarlo, en el sentido que esa sea la base de su propuesta como partido. Y que sea la propuesta de base del conjunto de los partidos de la centroizquierda. El PS en la Cámara de Diputados queda con una gran bancada, y tiene un rol clave en la articulación de la centroizquierda.

 

“la gratuidad universal es un piso mínimo”

—¿Y cómo está el ánimo de la Nueva Mayoría para enfrentar este último mes en el Congreso tras la derrota?

—Tenemos todavía una agenda legislativa que está en marcha. No estamos hablando de proyectos que estamos presentando a última hora, sino que queremos completar y que están en las últimas etapas de tramitación. Nuestra prioridad uno es dejar lo más adelantados posible en su tramitación los proyectos de educación superior y de universidades estatales. Queremos cerrar la reforma educacional bien, con todos los proyectos que esta contenía.

—Chile Vamos criticó fuertemente que el gobierno renovara las urgencias a ciertos proyectos, y que se pidan sesiones extras. Acusaron una “segunda retroexcavadora”...

—La presidenta lo ha dicho con todas sus letras: vamos a gobernar hasta el 11 de marzo, y este Congreso también dura hasta el 11 de marzo. Tenemos la obligación de gobernar hasta el último día. No existe una norma que establezca, designado el presidente electo, una especie de vacío, de ‘1, 2, 3, momia es’... políticamente sería muy raro.

Tenemos, además, la obligación y el deber de tratar de terminar todo aquello que la presidenta comprometió en su programa de gobierno, teniendo presente una legislación de calidad, bien hecha, que también concite la mayor cantidad de acuerdos. Nosotros no estuvimos ni estamos en la idea de una aplanadora. Cada vez que hemos tenido la posibilidad de llegar a acuerdos, lo hemos hecho, pero puestos en la disyuntiva, hemos ejercido nuestra mayoría, porque es el mandato popular que tiene un gobierno. Eso es lo democrático. Creer que todo debe hacerse por consenso, por acuerdo, es una aspiración que uno tiene, pero a la hora final, para eso existe la democracia, para eso existe la mayoría.

—Lo que plantea Chile Vamos es que a partir del resultado del 17 de diciembre tenía que haber apertura a acuerdos para terminar de tramitar las leyes de educación superior o universidades estatales.

—Estamos disponibles y haremos todo lo necesario para llegar a acuerdos con los actores políticos que están en el Congreso, pero le insisto: la búsqueda del consenso no puede transformarse en un fin en sí mismo. Por lo tanto, cuando no se logra cuajar este consenso hay que avanzar y ocupar la mayoría, que es legítima.

Pero además hay un dato muy importante. En enero de 2014, cuando se estaba terminando el gobierno anterior del presidente Piñera, el ministro Segpres, Cristián Larroulet, le anunció al país que iban a tener prioridad 10 o 12 proyectos para tramitar durante enero. Se está tratando de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque el propio Piñera en su anterior mandato hizo algo... no sé si peor, pero no nos está midiendo con la misma vara con que debería medirse él.

 

“Llegó la hora de votar”

—El proyecto de reforma a la educación superior establece la gratuidad universal. ¿Cree que la derecha va a aprobarlo tal como está? Piñera quiere llegar al 60% más pobre en la educación universitaria y al 90% en la técnica.

—Yo esperaría que sí. Como gobierno aspiramos a la gratuidad universal, tenemos que tratar de llegar a acuerdos, pero si no los hay, tendremos que someterlo a la mayoría. Para nosotros el tema de la gratuidad universal es un piso mínimo, otros aspectos podemos conversarlos.

—Da la impresión de que se están cerrando de manera apurada estas iniciativas porque se les fue el tiempo de las manos.

—Siempre llega un minuto en el cual uno tiene que votar, y llegó la hora de hacerlo.

—¿Qué pasa si no se aprueban estas leyes? ¿Corre el riesgo de que quede debilitado el legado de Bachelet?

—Tenemos una obra muy contundente en gestión de políticas públicas y en materia de obras públicas. También en materia legislativa, con la reforma a nuestro sistema político a través de la llamada agenda de probidad y transparencia, con la despenalización del aborto en tres causales.

—Pero educación es el corazón...

—Sin educación superior ya es un legado demasiado contundente. No sólo en educación parvularia, sino que hicimos tres cosas que son de suma relevancia, que le aseguro que van a pasar a la historia. Primero, la carrera docente. Segundo, el fin del copago, el lucro y la selección en materia de educación general. Y, como guinda de la torta, la desmunicipalización de la educación pública. O sea, ya con eso es un legado en materia de educación.

—¿Si no se aprueban estas dos últimas leyes, el legado está en cuestión?

—Yo creo que no está en cuestión en esta materia. Lo acrecienta, lo hace más potente porque es una reforma global y completa, pero ya todo lo que hemos hecho es sumamente potente.

—Otra materia pendiente es la nueva Constitución. ¿No lo frustra que quede como un proceso y proyecto fallido?

—La presidenta va a enviar su proyecto, según lo comprometió en 2015. El impulso para poder seguir tramitando ese proyecto va a depender de los propios parlamentarios, pero también de la ciudadanía, que fue partícipe de ese proceso que congregó a más de 200 mil personas, una altísima tasa de participación.

—Si no se legisla este tema, ¿será una piedra en el zapato para Piñera?

—Aquí hay un anhelo de más de 200 mil personas —una supermuestra— de tener una nueva carta constitucional que nos cobije a todos, y creo que esa demanda ciudadana va a seguir existiendo.