Para muchos fue una inoportuna analogía.

Hablar de huracán, por estos días, no pareció del todo afortunado. Pero el operativo policial que tuvo lugar en La Araucanía, bautizado de ese modo, fue un golpe de gracia para el gobierno que responde a un plan alentado desde La Moneda. Más específicamente, desde el Patio de los Canelos, donde radica el centro de comando y operaciones —algo más que su oficina— del subsecretario del Interior Mahmud Aleuy.

En ese lugar, bajo un estilo siempre frontal, Aleuy ha intentado combatir los hechos de violencia rural que ocurren entre el Biobío y Los Lagos, y que empañan cualquier perdón presidencial o iniciativa de ley que apunte al fondo del asunto.

A veces sin el respaldo oficialista, Aleuy ha marcado un estilo directo y frontal con las policías, dejando atrás los resquemores de la propia presidenta ante la Ley Antiterrorista.

Esta semana fue una de las más álgidas. La detención de ocho comuneros mapuches —uno de ellos, Héctor Llaitul, el líder de la CAM— generó protestas en la zona y la toma de la Catedral de Concepción. Aleuy aplaudió el operativo  y anunció un viaje a Argentina para indagar la existencia de conexiones con organizaciones trasandinas ante un posible tráfico de armas.  Y el miércoles, tras más de cien días de huelga de hambre por parte de cuatro comuneros acusadas de quemar una iglesia evangélica, el gobierno anunció que solicitará el cambio de la prisión preventiva de los imputados.

La tarea del subsecretario no ha sido fácil. Desde que asumió en 2014 ha debido lidiar con las dudas de la Nueva Mayoría sobre cómo abordar el tema de La Araucanía, reflejada en una falta de definiciones en el gobierno.

La propia presidenta Michelle Bachelet no tenía el panorama del todo claro y para nadie es un misterio que el tema le incomoda. Antes de asumir, en diversas entrevistas, expresó que bajo su mandato no invocaría la ley Antiterrorista como sí lo había hecho su antecesor Sebastián Piñera y ella misma en su gobierno anterior. Esa doctrina no se pudo sostener por mucho tiempo: hasta la fecha, en nueve oportunidades (la primera, el 29 de octubre de 2014 por una bomba en un cuartel policial en Temuco) el gobierno se ha querellado aludiendo a la ley 18.314.

El estreno del gobierno de la Nueva Mayoría en esta materia no fue auspicioso y, en estos casi cuatro años, ha sido objeto de polémica al interior del gabinete. Mucho se le criticó a Bachelet no visitar la zona sino hasta diciembre de 2015, casi dos años después de asumir. Ese mismo viaje gatilló una crisis en La Moneda: la frustrada renuncia del entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, luego de que fuera excluido de la comitiva presidencial.

A los reclamos de algunos sectores del oficialismo por el uso de la Ley Antiterrorista, se sumó el atentado explosivo queen 2014 sacudió al Subcentro del metro Escuela Militar.  Entonces, Rodrigo Peñailillo envió un proyecto de ley para cambiarla, que aún se discute en el Congreso.

Pero no fue hasta 2015 que Aleuy entró como protagonista a la escena.

 

El giro de 2015

Son tres las líneas por las que transita la estrategia del gobierno para abordar el conflicto: la constitucional, acabar con las brechas de pobreza, y las de orden y seguridad. Sobre todo en la última, Aleuy ha querido dejar su impronta.

En julio de 2015 se llevó a cabo una cumbre policial y judicial en el Museo Precolombino, convocada por el Ministerio del Interior.

Para el subsecretario, una de las ideas centrales de ese encuentro era reordenar el trabajo de las policías (Carabineros, PDI),  la Fiscalía, el Poder Judicial y Ejecutivo. Según comentan en palacio, el diagnóstico de La Moneda era que durante la administración Piñera esas relaciones habían quedado dañadas, lo que afectaba el trabajo en materia de seguridad nacional y, por ende, de La Araucanía.

Tras la cita se creó un plan piloto que dividió al país en dos macrozonas (norte y sur), lo que implica reuniones mensuales de todos los actores y una mayor coordinación  para compartir información, lo que ayudaría al trabajo de inteligencia de las policías.

A fines de 2015, en La Araucanía se creó una zona de control policial, que se focaliza en combatir la llamada violencia rural que, según cifras de Interior, acapara un 0,26% del total de los delitos en la región.

“Hay condiciones de avance significativo para alcanzar el reconocimiento constitucional y su necesaria participación política”, dice el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

Las medidas estarían dando resultados. Datos de la Multigremial de La Araucanía reflejan que mientras en 2011 se registraron 300 de estos atentados, considerados violentos con connotación indígena rural, en 2016 estos disminuyeron a 58.

A veces sin el respaldo oficialista, Aleuy ha marcado un estilo directo y frontal con las policías, haciéndose parte querellante en los casos más violentos, viajando en múltiples ocasiones a la zona, y dejando atrás los resquemores de la propia presidenta ante la Ley Antiterrorista.

Pero también a petición de Bachelet, el subsecretario ha liderado dos iniciativas clave para La Moneda. Por un lado,  las conversaciones con los 14 parlamentarios de La Araucanía para generar una ley de incentivo productivo especial para la zona, cuyo envío al Parlamento es inminente.

Y por otro, la concreción de las medidas que planteó la Mesa Asesora Presidencial de La Araucanía, cuyo informe entregó a la mandataria en enero de este año.

 

La nueva ley

Tras un año de debate puertas adentro, la esperada Ley Araucanía no ha estado exenta de polémicas.

La última de ellas, que tiene frenado el envío del proyecto comprometido por la presidenta para agosto, es su costo. Antes de renunciar al Ministerio de Hacienda, Rodrigo Valdés habría planteado reparos ante los costos del plan 2017-2021 que incluye una fuerte inversión en infraestructura, créditos y exenciones tributarias para incentivar la inversión. El monto total: $800 mil millones. La iniciativa legal está ahora en manos de Nicolás Eyzaguirre, de quien depende que su envío al Parlamento se concrete en los próximos días.

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social monitorea el proceso constituyente indígena en curso, producto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También la elaboración del Plan de Desarrollo Araucanía, tomado a partir del programa del mismo nombre que se estableció en el gobierno de Piñera y que esta administración infló con más recursos.

Con un 29,2% de pobreza multidimensional, las peticiones de un mayor fomento productivo, infraestructura y capital humano son prácticamente históricas. Al día de hoy, 96  mil personas no tienen agua potable en la región.

—Duplicamos la inversión, pasando de 70.700 millones de pesos en 4 años a más de 140.000 millones de pesos al 2017. Del 2014 a la fecha se han restituido 30.428 hectáreas en La Araucanía. A lo anterior se debe agregar la inversión del Plan Araucanía, que abarca agua potable rural, caminos rurales, saneamiento, alcantarillado, vivienda y obras de riego—explica el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

El reconocimiento de derechos  políticos y sociales es también un asunto pendiente. Cerca de 3.500 mapuches participaron del proceso constituyente.

—Ese dato refleja condiciones de avance significativo para alcanzar el reconocimiento constitucional y su necesaria participación política— agrega el ministro.

Con todo, el próximo gobierno deberá seguir lidiando con este histórico conflicto y en el equipo de Sebastián Piñera, quien puntea en las encuestas, hay un debate abierto.

 

El debate piñerista

La próxima semana tendrá lugar la bilateral entre Piñera y el grupo sobre pueblos originarios y Araucanía que elabora una serie de propuestas para un eventual gobierno.

El equipo —liderado por los ex subsecretarios Bruno Baranda y Carlos Llancaqueo— trabaja hace  meses en diversos temas que, se afirma, no implican grandes cambios pero sí políticas que se puedan implementar de forma rápida en el corto y mediano plazo.

Mientras los representantes de LyD defienden una visión más conservadora, otros plantean la necesidad de “perder miedo”. “Un reconocimiento constitucional decorativo no tiene sentido”, afirma un integrante.

“Bachelet prometió algo para los 100 primeros días y no lo logró. Plantear esos plazos es difícil porque hay consultas de por medio. Preferimos actuar lento pero seguro”, dice unos de sus miembros.

Cerca de una decena de profesionales componen el grupo. Entre ellos se cuenta al periodista Andrés Cortés y el consejero del Instituto de DD.HH. Sebastián Donoso; la abogada de Evópoli Lorena Recabarren, los investigadores de Libertad y Desarrollo Jorge Ramírez y Antonia Vinagre, el director de la Fundación Chile Intercultural Venancio Coñuepan, y el ingeniero Juan Cañupan.

Todos ellos mantienen la reserva sobre lo ahí discutido hasta que se esté completo el texto final de propuestas. Documento para el que será necesaria la cita que sostendrán la próxima semana con Piñera.

Según relatan algunos de sus miembros, el tema se está abordando bajo dos ejes: una política indígena para el país, y un Plan Araucanía para la región en específico. El primero abarca temas largamente analizados, como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la representación política. Como es de suponer, no hay acuerdo respecto del contenido y alcance de ambas legislaciones, en parte porque dentro de la misma comisión hay visiones contrapuestas.

Mientras los representantes de LyD defienden una visión más conservadora, otros plantean la necesidad de “perder miedo”. “Un reconocimiento constitucional decorativo no tiene sentido. Hay que perder miedo a ciertos conceptos como autonomía financiera y administrativa”, afirma un miembro. “La representación política es necesaria para generar liderazgos con el que dialogar”, agrega el integrante que se define como liberal.

Otro miembro afirma que “hay una visión general de avanzar en ser un poco más liberal en este tema... Toda la experiencia internacional comparada apunta a eso”.

Sin embargo, el propio Piñera se ha mostrado contrario a dar un resuelto empujón a este tipo de iniciativas. En 2016, en un seminario sobre reforma constitucional en el CEP, el ex mandatario dijo ser partidario de un estado unitario y detractor de los escaños reservados a representantes indígenas. Los integrantes consultados afirman que será el ex presidente quien bajará la línea respecto de hasta dónde llegará la propuesta en estos puntos.

En materia de institucionalidad no se plantean grandes cambios. De llegar a La Moneda, Piñera deberá implementar el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, hoy en trámite en el Congreso tras su envío por parte de Bachelet en enero de 2016.

 

Nuevo Plan Araucanía

La última vez en que la comisión se reunió, el pasado 15 de septiembre, se refrendó una definición tomada hace meses: que la discusión sobre seguridad en La Araucanía iría por un carril separado del que trata sobre su desarrollo social y los temas políticos. De esta forma, eventuales cambios a la ley Antiterrorista o medidas en materia de seguridad se están estudiando en la comisión adhoc, encabezada por los ex subsecretarios Rodrigo Ubilla y Cristóbal Lira.

En junio pasado, durante una visita a Temuco, Piñera aseguró que propondrá una serie de perfeccionamientos a la Ley Antiterrorista, incorporando figuras como agentes encubiertos, informantes y testigos protegidos. “Y vamos a recoger de la experiencia española que en algunos casos los juicios de los terroristas no se realicen en la región donde se cometió el acto terrorista”, dijo.

Esa vez, el candidato expresó que, de ganar en noviembre, pretende perfeccionar el Plan Araucanía que presentó Bachelet a mediados de este año, centrándose en tres ejes: el desarrollo económico y social, el reconocimiento y valoración de la cultura de los pueblos originarios, y el combate contra el terrorismo. Y afirmó que está por realizar una nueva versión del plan del mismo nombre que implementó entre 2010 y 2014. Un punto relevante dentro de las propuestas para la Araucanía es el debate sobre la política de compra y entrega de tierras. Según plantean algunos miembros de la comisión piñerista, en el grupo existe cierto consenso sobre la necesidad de tener una instancia —comisión, tribunal o consejo— que realice no sólo un catastro general y definitivo de las demandas de tierras, sino que las analice y califique.  “Esto tiene que ser por ley y se puede solucionar en cuatro o cinco años. Hay que generar un acuerdo nacional. Si enfrentas el tema tierra y sus demandas, deslegitimas la acción de violencia como acción política”, afirma uno de los integrantes.

Un país que varios comisionados miran es Nueva Zelandia. De hecho, en el libro El pueblo mapuche en el siglo XXI. Propuestas para un nuevo entendimiento entre culturas en Chile, editado por el CEP, el abogado Sebastián Donoso recoge la experiencia del Tribunal de Waitangi de esa nación. Su propuesta es la crear una instancia colegiada —integrada por miembros indígenas y no indígenas— de calificación que reciba las demandas, las analice en su mérito y haga una calificación para ver si merece una reparación que varíe entre diversas fórmulas, una de las cuales sea la entrega de tierras. Algo que planteó la mesa asesora presidencial en esta materia de 2017.