“La deuda de campaña fue gigante. $ 40 millones. Sin la platita de la Cámara se me habría puesto muy cuesta arriba. Perdí por obra y gracia del sistema binominal. 28% de los votos que no sirvieron de nada. Estuve a punto, pero sólo me quedé con la deuda”.
Un ex diputado que dice estar lejos de la actividad política y prefiere seguir en el anonimato, reconoce que la “indemnización” que recibió luego de terminar un periodo en la Cámara de Diputados, en marzo de 2014, le sirvió para “rearmarse” fuera de la actividad parlamentaria.
Él y otros 33 congresistas que perdieron su reelección o simplemente optaron por no repostularse, recibieron este aporte proveniente del “Fondo de retiro solidario” de los diputados, instrumento voluntario que surge a partir de un descuento mensual en la dieta y que funciona desde 2008.
Pero, hace unos meses, a fines de abril, los diputados tomaron una drástica decisión: poner fin al fondo, liquidar todo.
La definición se produjo tras la revelación en el verano pasado de una auditoría externa a la contabilidad de la Cámara Baja donde, además de darse a conocer públicamente la existencia de este instrumento, se observaron descalces contables, el otorgamiento de préstamos y anticipos de la dieta que no estaban sujetos a control financiero.
Un ex diputado que dice estar lejos de la actividad política y prefiere el anonimato, reconoce que la “indemnización” que recibió luego de terminar un periodo en la Cámara de Diputados, en marzo de 2014, le sirvió para “rearmarse” fuera de la actividad parlamentaria.
Si bien se reconoció transversalmente que el fondo funcionaba dentro de la legalidad, que se trataba de los recursos privados de los parlamentarios, y que incluso se pagaban los impuestos, la revelación de estos antecedentes aumentó la presión pública sobre los diputados.
El destape y avance de las investigaciones por financiamiento ilegal de campañas, y exigencias generalizadas de mayor transparencia, precipitaron la decisión de los parlamentarios de poner fin a todo aquello que levantara sospechas de mal uso de recursos. Pero hubo otro factor no desarrollado hasta ahora que empujó el fin de este beneficio.
Siete ex diputados que consiguieron un escaño en la Cámara Alta en los comicios de 2013 exigieron, al cambiar de hemiciclo, el reintegro total de sus aportes, desatando una polémica que se mantuvo por años en privado.
La petición fue rechazada en principio, obligando a una negociación que terminó con una devolución parcial de los recursos. La presión ejercida por los flamantes senadores generó una disputa cuyos pormenores dejaron a varios heridos en el camino, pero se mantuvo en el ámbito privado. Hasta ahora.
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En marzo de 2014, apenas inauguraron su escaño en la Cámara Alta, los senadores Felipe Harboe (PPD), Adriana Muñoz (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Carlos Montes (PS), Carolina Goic (hoy presidenta de la DC), Pedro Araya (Independiente) y el UDI Iván Moreira acordaron enviar, cada uno por separado, una carta tipo a la secretaría general de la Cámara de Diputados. En la misiva los nuevos integrantes del Senado solicitaban a la corporación el reintegro completo de los recursos que cada uno de ellos había aportado mensualmente al fondo solidario durante sus respectivos periodos parlamentarios.
La respuesta oficial desde la Cámara fue que tal devolución no era posible. Las reclamaciones fueron contestadas por los diputados que integraban la comisión que administraba el fondo, es decir, Jorge Ulloa (UDI), José Miguel Ortiz (DC), Germán Becker (RN) y Enrique Jaramillo (PPD), quienes se acogieron a los estatutos convenidos para la creación del fondo, respondiendo que los recursos podían ser reclamados exclusivamente por los diputados que perdían su escaño o que no repostulaban. La misma normativa establecía explícitamente que aquellos que conseguían pasar al Senado no entraban en la categoría de beneficiarios.
Según confirman varios diputados consultados, la respuesta abrió una áspera discusión entre los reclamantes y la comisión administradora del fondo. Las mismas fuentes señalan que fue el senador Harboe quien lideró las gestiones y conversó directamente con los diputados, quienes hicieron valer el estatuto y acta de constitución del fondo.
La versión que manejan los diputados es que el senador Harboe endureció su postura e incluso puso sobre la mesa la posibilidad de recurrir a acciones judiciales para reclamar los recursos.
Esta situación es ampliamente comentada por los diputados en los pasillos del Congreso.
El diputado PS Fidel Espinoza, quien si bien a la fecha no formaba parte de la comisión, se integró posteriormente y confirma esta versión.
“Nunca escuché una amenaza en lo personal respecto de algún senador. Pero supe yo que ese fue el motivo por el cual se llegó a un acuerdo entre quienes dirigían el fondo y los senadores”, dice a Qué Pasa el diputado socialista.
Esta versión es desmentida tajantemente por el senador PPD.
“Eso es falso, es un invento. ¿A quién demando?, ¿contra quién me querello? Eso es pura maldad para hacer daño político”, señala Harboe.
Lo cierto es que, tras la disputa, la comisión de diputados resolvió devolverles a los parlamentarios el 50% proporcional de lo que aportaron durante su estadía en la Cámara de Diputados.
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“El diputado señor Ortiz consideró relevante dejar constancia en el acta de que esas platas son ciento por ciento acordadas por 115 señores diputados que conformaron el fondo solidario en julio de 2008 y que ha servido como solución a distintos colegas, puesto que los diputados no tienen indemnizaciones por años de servicio ni por término de su trabajo, motivo por el cual formaron ese fondo solidario”. Así resume el acta de la sesión del 21 de febrero pasado de la comisión Revisora de Cuentas de la Cámara, la posición del diputado DC sobre la situación de instrumento.
En dicha reunión, los diputados discutieron largamente sobre los alcances del informe de Ossandón&Ossandón, consultora externa que analizó en profundidad los gastos de la corporación durante el año 2014 y que entonces ya habían sido publicados en la prensa.
En la investigación se detectó que existía un depósito a plazo a nombre de la corporación al 31 de diciembre de 2014 por $ 574 millones, que no se encontraba registrado en la contabilidad, lo que generaba, según la auditora, una situación de poca transparencia.
En la misma sesión, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, explicó que se trataba de recursos personales de los diputados.
La “polla” de los diputados es un fondo de indemnización que recibían los parlamentarios cuando dejaban la Cámara. Cada uno ponía $ 350 mil mensuales. El estatuto que regulaba esta práctica dice que quienes asumen un escaño en el Senado no pueden cobrarlo.El problema es que 7 de los actuales senadores sí cobraron parte del dinero.
“El señor Landeros, secretario general, explicó que cualquier egreso del fondo solidario no lo autoriza la administración, sino que un conjunto de diputados que lo administran. La Cámara no tiene ninguna responsabilidad institucional en el fondo. La decisión de dónde están y de qué se hace con los dineros es exclusivamente de los diputados que están en ese fondo. En todo caso, son recursos ciento por ciento personales y particulares de los diputados, quienes son soberanos para decidir qué hacer con esos recursos”, dice el acta de la comisión Revisora de Cuentas.
El problema para la auditora fue que los dineros se encontraban en una cuenta de la corporación, lo que, explicó Landeros, no se podía hacer de otra forma ya que así se materializaba el descuento por planilla. En 2015 esta situación cambió y los fondos fueron traspasados a una cuenta privada administrada por el comité de Ulloa, Ortiz, Jaramillo y Becker.
Los cuatro integrantes fueron consultados por Qué Pasa para conocer más detalles del fondo, pero declinaron hacer comentarios.
Pese a ello, se explicó que el instrumento nació en 2008 como una forma de solucionar un problema que se arrastraba desde 1990, fecha desde la que los diputados intentaron de diversas maneras conformar sin éxito una especie de “mutual”.
Lo cierto es que, tras varias reuniones de comités y bancadas, se resolvió la creación del fondo, que en principio implicaba el descuento de cerca de $ 200 mil, cifra que se fue reajustando hasta llegar a los $ 350 mil que se descontaban hasta abril pasado de los $6.580.000 mil de remuneración que reciben.
Según los diputados consultados, los términos del acuerdo se plasmaron en un acta de constitución de estatutos, documento que contiene 28 artículos y que fue aprobado transversalmente por las bancadas.
“Un acuerdo de caballeros”, dice un diputado que, reconoce, funcionaba de manera automática. Varios diputados consultados reconocieron que apenas arribados al Congreso se encontraron con un descuento en su primera remuneración, que no tenía explicación.
Hubo varios que se negaron a aportar con el fondo, entre ellos, el ex diputado independiente René Alinco, quien se retiró del Congreso en 2014 sin recibir ni un solo peso.
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Hace un par de semanas, la liquidación de los recursos del fondo solidario viene siendo materia de debate interno entre los diputados.
Entre varios creció la sospecha respecto de cuál fue el criterio utilizado por la comisión administradora para repartir los fondos entre los 115 diputados suscritos al sistema que, al momento de la liquidación, se dice ascendían a los $ 1.100 millones. Si bien hubo quienes proponían respetar la fórmula estipulada en los estatutos, es decir, el equivalente a una dieta bruta promedio por cada año de ejercicio en el cargo con un tope de 11 meses (aunque en la práctica se entregaba $ 15 millones al que había cumplido un periodo, $ 24 millones al que tenía dos y $ 45 millones como tope al que cumplía tres o más periodos), al final se entregó un 40% proporcional de esta última fórmula. Los diputados a cargo de la liquidación fueron consultados por las cifras oficiales de esta repartición, pero se negaron a entregar detalles por tratarse de “recursos privados”. Informalmente algunos parlamentarios reconocen devoluciones entre 10 y 20 millones de pesos, según los periodos que ejercieron en la Cámara Baja. Con todo, la liquidación hizo recordar a varios lo sucedido con los senadores que hicieron retiro de sus fondos. De hecho, el tema fue discutido en un almuerzo de la bancada RN en las últimas semanas, donde los diputados acordaron salir a evidenciar una molestia “generalizada” en la Cámara por lo que consideraron una actitud “poco solidaria” de sus pares.
“Estos senadores actuaron de mala fe, porque tenían claro, más allá de la interpretación de un reglamento que, incluso nosotros no hemos leído, que esto era para aquellos diputados que perdían en una campaña pero dejaban su cargo, lo solidario se traduce en eso. Y no que cuando ganen su elección para llegar al Senado recojan su dinero como si fuera un fondo de inversión”, dice la diputada RN Paulina Núñez.
Esta idea es reforzada por el propio diputado Espinoza, quien incluso fue más allá y emplazó a los senadores a devolver el dinero.
“Fue el peor negocio de nuestras vidas. Pero benefició a decenas de colegas que se fueron pero estaba claramente establecido que quien se iba al Senado no percibía ningún recurso y aquí hubo senadores que se fueron recibiendo millonarios recursos, cuestión que yo espero hasta el día de hoy mediten, reflexionen, lo devuelvan como corresponde a ese fondo”, advirtió.
Qué Pasa contactó a los siete senadores. Montes y Muñoz no contestaron el teléfono, mientras que los senadores Goic, De Urresti y Moreira fueron contactados pero declinaron comentar el tema.
Los senadores Harboe y Araya respondieron a las consultas. El senador PPD insiste en que si bien se hizo la reclamación por escrito, nunca conversó con sus pares administradores del fondo en cuestión.
En abril pasado los diputados eliminaron el fondo solidario, siendo materia de debate interno entre ellos. Ponen en duda cuál fue el criterio utilizado por la comisión administradora para repartir los $ 1.100 millones entre los 115 parlamentarios suscritos al sistema.
“Nosotros fuimos a decir queremos que nos devuelvan todo lo que nosotros aportamos. Nos dijeron no. Sólo les vamos a devolver el 50%. Ok, estupendo, contestamos. Eso sería todo”, dice antes de insistir en que no se hizo más que pedir devolución de dinero que le correspondía.
“Primero a nadie le preguntaban cuando uno llegaba, lo descontaban altiro, automáticamente. Y eso era para cuando uno se iba. Cuando nosotros nos fuimos, cada uno mandó una carta pidiendo la restitución, pues son descuentos a las remuneraciones. Esto es plata privada, donde se paga impuestos. Es como que tú le autorizaras a la caja de compensación que te descuente”, explica.
Araya agrega otro punto: la informalidad del sistema. “Nos hablaban de un reglamento que nunca vimos. Había una especie de nebulosa respecto de qué pasaba con los recursos, quién administraba, cómo se fijaban las devoluciones. Yo mismo estuve en esa comisión administradora por un tiempo y eso no me quedó tan claro. En ese contexto pedimos una legítima devolución y se nos devolvió mucho menos de la mitad de lo que aportamos”, plantea el senador por Antofagasta.
Esta versión es contrastada fuera de micrófono por los diputados que administraban el fondo, quienes se apegan al reglamento acordado por las bancadas.
Una revisión precisamente a esta acta de constitución y estatutos del fondo, documento al que accedió Qué Pasa, revela que dentro de los términos de acuerdo se establece con precisión que “no tendrán derecho a devolución alguna ni a los beneficios quienes sean electos como senador”.
Los senadores aludidos señalan, por su parte, que este reglamento nunca se firmó o validó y que más bien lo que había era una informalidad absoluta. Esto se corrobora pues aunque en principio no estaba permitido salirse del fondo, hubo varios diputados que, advertidos de que se acabaría, se retiraron meses antes de su liquidación, pese a lo cual igual recibieron su porcentaje de reintegro.
El diputado DC Ricardo Rincón reconoce que se retiró casi un año antes.
“Me retiré más o menos un año antes de la decisión que tomó el colectivo de terminar con este fondo solidario en que cada uno aportaba con su propio peculio. Pensaba que lo que debía hacerse es fomentar mecanismos individuales de ahorro. Esperaba que ese tema se aclarara”, dice.
La versión final de los senadores es que después de todo recuperaron una mínima parte de lo que aportaron. En privado reconocen devoluciones entre $ 6 y $ 10 millones, según la antigüedad. Y ponen las dudas más bien en la forma en que la comisión administradora liquidó finalmente los recursos.
“La pregunta es ¿cómo se distribuyó eso?, entre cuantos, entre quienes. No se sabe. Pero bueno, eso ya no es problema de uno”, cierra Harboe.
