Tres años lleva ya un juicio de cuentas efectuado por la Contraloría General de la República en contra de la subdirectora del Servicio Electoral (Servel) Elizabeth Cabrera y el ex funcionario del servicio Rigoberto Carrillanca por diversos incumplimientos detectados por el órgano contralor en la realización de los procesos de primarias presidenciales y parlamentarias efectuadas en 2013.

La División de Auditoría Administrativa de la Contraloría concluyó su proceso de investigación en diciembre de 2014, notificando a las partes involucradas de sus conclusiones. Éstas apuntan a irregularidades cometidas por Telefónica Empresas Chile S.A en diversos puntos: incumplimiento de la fecha de adjudicación de la licitación, transmisión de los datos sobre constitución de mesas, e inconsistencias en los reportes de cumplimiento. Estos trabajos no efectuados por la empresa debían haber sido objeto de una multa de $28.304.699 por parte del Servel, trámite que nunca fue efectuado por el servicio.

Según el informe especial de Contraloría 30-2013 el servicio debió haber multado a la empresa debido a las bases que se estipularon en el contrato que expresaban que “para los días de la realización de los actos electorales y hasta la finalización del proceso, el incumplimiento en el que incurra el contratista con respecto a los horarios de transmisión en relación con las metas generales y metas parciales establecidas en las bases técnicas, por cada una de las metas no cumplidas y que sea imputables al adjudicatario” .

Entre otras cosas se detectó en la investigación que la información contenida en los archivos de las actas de votación y del cálculo de la diferencia entre los tiempos de envío, desprendiéndose que 21 actas fueron despachadas con más de 1 minuto de retraso. Además, se pudo constatar que el Servel no verificó que el número de digitadores que el proveedor dispuso para ejecutar las elecciones primarias, fuera coincidente con el ofertado, constatándose que fue menor a lo establecido en las bases de licitación.

Con todo, la investigación de la Contraloría determinó que se debían cursas las multas por los incumplimientos antes descritos y otros de corte técnico, tanto por desempeño deficiente de la empresa como por el no cumplimiento del recurso humano comprometido.

La Contraloría concluye que faltó un debido control de la situación que atañe directamente a las jefaturas más elevadas que ese entonces estaban en el servicio. El informe aclara que si bien no existe una participación directa de Elizabeth Cabrera (quien para ese proceso ejercía como directora (S) del organismo)  en los hechos irregulares que causaron el perjuicio que se describe, se debe advertir “que resulta muy claro que la omisión de la supervisión directa, en cumplimiento de las competencias asignadas, derivó en la ocurrencia de esas irregularidades, en tanto ellas son el resultado de una evidente falta de control”.

Dicho eso- concluye el informe- que “corresponde perseguir la responsabilidad civil extracontractual de la señora Elizabeth Cabrera Burgos y del señor Arnoldo Carrillanca ex jefe de la División de Tecnologías de la Información, quienes no efectuaron el control jerárquico permanente y omitieron aplicar las multas que procedían conforme a las bases y al contrato, ante los incumplimientos por deficiencias en los trabajos realizados por la empresa aludida”.

Esta investigación se da en el contexto de los requerimientos presentados por la Nueva Mayoría en contra de Elizabeth Cabrera, cuestionándosela por no acceder a revisar la situación del conglomerado ante el retraso en que incurrieron en la inscripción de las listas.

La investigación hoy día se encuentra en desarrollo y a la espera de iniciar la  fase probatoria, la que podría comenzar en el transcurso de los próximos meses. Qué Pasa se contactó con el Servel para obtener una versión sobre esta denuncia, sin obtener- hasta ahora- una respuesta ante la solicitud.