Una vez más el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, está en el ojo del huracán para brindarle un nuevo dolor de cabeza al Gobierno. A esta altura, ya es un problema sin resolver. Esta vez los cuestionamientos apuntan a que en su declaración de patrimonio e intereses el funcionario se acogió a la ley 16.628 que le permite no hacer público todos sus datos por razones personales. Con ello, su declaración no está completa para el acceso de la ciudadanía, sino que solo está de forma reservada en la Contraloría General de la República y en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), según reveló hoy El Mercurio.

En los patios de Palacio no se pueden sacar esta verdadera piedra en el zapato que es la figura del G-90,  único sobreviviente de la generación PPD tras la caída del ex ministro Rodrigo Peñailillo. En La Moneda sostienen que, hasta ahora, ninguno de los cuestionamientos sobre el funcionario amerita cursar algún sumario. Ni la reunión con el gestor inmobiliario Juan Díaz- que se realizó en su oficina, que lo ligaría al caso Caval por hablarse en dicha cita, según el mismo confesó ante la comisión investigadora de la Cámara sobre una deuda de la nuera de la mandataria Natalia Campagnon; ni su rol como administrador en el controvertido formateo del computador de Sebastián Dávalos.  Nada de ello da cuenta para seguir una investigación. Esa es , al menos, la versión oficial y privada del La Moneda: al señor Riquelme no se le puede abrir un sumario, pues no existen antecedentes para ello.

Sin embargo, más allá de lo legal, hay un tema ético. Y en ese plano, por primera vez se escuchó desde Palacio un desliz de reproche por este último cuestionable hecho de su declaración. Así, el ministro del Interior, Jorge Burgos, separó las aguas. Lo legal: “No se contraviene a lo legal cuando se hace algo en virtud de una ley, eso no es ilegal cuando se hace un acto, en este caso una declaración de patrimonio y esta se apega a lo que dice la ley, nadie puede decir que se está traspasando la ley”, pasando después a lo que el jefe de Gabinete considera como buen actuar; es decir lo ético:  “Un  segundo punto: ¿qué creo yo que es mejor como declaración de funcionarios públicos?, en términos generales, más allá de desconocer situaciones particulares, yo prefiero que la declaración de patrimonio e intereses sea lo más amplia posible. Que haya una apertura total”, expresó el actual Vicepresidente.

La Moneda sigue presa de Riquelme. Nada, hasta ahora, amerita un reproche legal. Pero al menos este miércoles hubo algunos intentos de deslindar responsabilidades personales en Riquelme. Así, a lo expresado por Burgos, también se sumó lo señalado por el vocero (s) Osvaldo Soto

Ello en concordancia con el mismo mandato presidencial que expresara la propia Michelle Bachelet cuando al momento de dictar la nueva normativa sobre declaración de intereses y patrimonio en marzo del  año pasado dijo enfáticamente que había que ir más allá de lo legal en pos de la transparencia. Concepto que Burgos dice compartir.

Sin embargo, La Moneda sigue presa de Riquelme. Nada, hasta ahora, amerita un reproche legal. Pero al menos este miércoles hubo algunos intentos de deslindar responsabilidades personales en Riquelme. Así, a lo expresado por Burgos, también se sumó lo señalado por el vocero (s) Osvaldo Soto, quien dijo: “En el fuero íntimo de las personas le corresponde a cada uno tomar sus decisiones. Lo que nos corresponde como Gobierno es el apego a las normas legales que se refieren a estos temas”.

Con todo, en La Moneda el nombre de Riquelme vuelve a incomodar, ahora al trasgredir un deseo de la propia presidenta: ir más allá y transparentar todo lo posible los patrimonios de cada funcionario. Riquelme no lo hizo. Nada ilegal, pero ya La Moneda tibiamente esbozó los primeros reproches por su conducta ética. ¿Será que Riquelme ya está colmando la paciencia de las máximas autoridades de gobierno?

Durante la noche de este miércoles Riquelme actualizó la información de su declaración de patrimonio e intereses.

De acuerdo a la información publicada en el sitio web de la Segpres, Riquelme tiene propiedades por un total comercial de $569 millones, entre los que se cuentan terrenos en Santiago y Chillán y una casa en Lota, además de estacionamientos y bodegas, según consigna La Tercera.

Los reproches desde la UDI

Desde la oposición, en tanto, critican este blindaje de La Moneda, argumentando que si aún no es despedido, es porque algo muy importante sabe. El diputado (UDI) Issa Kort ex miembro de la dos comisiones investigadoras por el caso Caval plantea esta inquietud: “Riquelme no ha salido de La Moneda porque debe manejar una cantidad de información increíble, una cantidad de información que debe incomodar a muchos personeros de la Nueva Mayoría, a muchos líderes de la Nueva Mayoría, a personas que quizás estén involucrados en formas de financiamiento cuestionables o que están siendo investigados”, agregando que esto hace ver que su permanencia en La Moneda ya es insostenible: “Esta situación de la omisión de información de la declaración,  viene más a confirmar que Riquelme no está en condiciones de seguir en su cargo; pero más allá de eso, ver cómo en La Moneda no existe la voluntad ni el liderazgo para tomar las decisiones  que cambien la forma de hacer política. Acá el señor Riquelme sigue siendo protegido por La Moneda”, finalizó el parlamentario.

En ese plano, desde la UDI anticipan que no se cansarán en solicitar la salida del funcionario, apelando a un tema de total transparencia que a juicio de la oposición no ha cumplido para nada ni Riquelme ni La Moneda. ¿La decisión final? Sigue siendo de la presidenta Bachelet, pues es un cargo de dependencia directa de sus funciones.