"Durante este año presentaremos una ley que modifique la ley de pesca”. Ese fue el compromiso que asumió esta mañana el ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, haciendo eco de las palabras emitidas por la Presidenta Michelle Bachelet en el discurso del 21 de mayo del año pasado donde expresó la necesidad de revisar y modificar la actual legislación pesquera, que hoy está en el ojo del debate, luego que la Cámara de Diputados- en un hecho inédito- se abriera a discutir su nulidad, a partir de un proyecto presentado por diputados del PC.
La situación desató una crisis de proporciones, ante el temor de empresarios y sectores más moderados de la Nueva Mayoría y el propio gobierno de que se abra un espacio para poner en tela de juicio el ordenamiento jurídico chileno desde el propio Congreso. Desde el sector gremial han instalado la idea de se abriría un espacio de incertidumbre "imposible" de sostener de concretarse la anulación, más allá de las consideraciones jurídicas sobre la fórmula.
La presidenta tenía una promesa arriba de la mesa, y el PC se aburrió de esperar. En su cuenta púbica la mandataria no se comprometió a plazos, pero si a la intención de modificar la polémica regulación, a propósito de los casos de financiamiento irregular en los que se encuentra vinculada Corpesca, investigada, precisamente, por sus acciones durante la tramitación de la mentada legislación.
“Ya estamos cumpliendo el compromiso de evaluar la actual normativa de pesca, con un proceso de evaluación dirigido por la FAO que será participativo y donde todos los actores podrán estar representados”, fueron sus palabras ante el Congreso Pleno.
Más allá de los elementos técnicos que esgrimió la presidenta como factor inicial para comenzar a evaluar los cambios, a juicio del diputado Daniel Nuñez (PC) uno de los autores del proyecto de nulidad, ha faltado también una decisión política de parte del Gobierno para materializar las intenciones expresadas por la jefa de Estado: “Ha habido un poco de pasividad en el Gobierno, en especial en la subsecretaría de Pesca y eso ha generado que estos compromisos de revisar la ley de pesca en la práctica no se ha materializado. Hay un estudio que se le pidió a la FAO, pero entendemos que eso es un apoyo técnico, pero el gobierno debe tomar decisiones políticas al respecto, y escuchar a los actores involucrados. Esta pasividad, este inmovilismo nos ha obligado a tomar este camino”, afirmó.
Además, el parlamentario confirmó que este lunes en las reuniones que sostienen los jefes de bandadas con el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, el tema fue abordado, pues La Moneda estaba preocupada por las graves consecuencias que podría significar declarar la nulidad del proyecto sin aun expresarles la postura concreta que tomaría el gobierno. Hay dirigentes opositores que apuntaron a la desprolijidad del gobierno y la incapacidad de anticiparse a este tipo de temas y sobre todo de controlar las acciones de sus parlamentarios en el Congreso.
“Lo que ha ocurrido ahora con la Ley de Pesca, que un grupo de parlamentarios ha presentado un proyecto de nulidad, es la consecuencia práctica de que la autoridad económica no hizo su tarea. El 21 de mayo la Presidenta de la República señaló que era indispensable revisar la Ley de Pesca, ya pasaron ocho meses, diez meses, ni siquiera se abrieron las consultas (…) El Ministro de Economía ya tendría que haber abierto el diálogo en relación a este tema. Haber convocado a os diferentes actores”, dijo este miércoles Camilo Escalona en Via X. “No resiste la Ley de Pesca así como está porque tiene vicios de legitimidad”, concluyó arrojando luces sobre una visión compartida en el oficialismo.
El gobierno definió esta mañana dar una señal, ya sobre hechos consumados. "En nuestra institucionalidad no existe la anulación de leyes y por eso nosotros hemos dicho que dado ese factor legal nos parece que esta resolución que han tomado los parlamentarios es inconstitucional", dijo el ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, quien agregó que se están estudiando los pasos a seguir y los efectos que este escenario puede provocar no solo en términos legislativos, sino también económicos.
Así, este lunes el tema será abordado por el comité político de ministros y jefes de partido, donde se espera se haga un análisis político respecto a la tensión que esta coyuntura pueda generar entre La Moneda y el PC pero, además, se abordará- por parte del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés- los escenarios económicos y avances que existan para cumplir con el compromiso presidencial de efectuar modificaciones a la actual normativa.
