Por Juan Andrés Quezada y Juan Pablo Sallaberry Octubre 16, 2015

Desde la recuperación de la democracia, el ex ministro DC Genaro Arriagada ha intentado combinar la política con su pasión por las comunicaciones. Columnista y ensayista, ha integrado el Consejo Nacional de Televisión y ha participado en la fundación de varios medios, como el desaparecido Diario 7.

Que el gobierno —o un privado— compre entrevistas me parece una falta ética del gobierno, pero de la misma gravedad, del medio

—Uno de los antiguos anhelos de la centroizquierda es tener un medio de comunicación afín. ¿Por qué nunca han tenido éxito los proyectos de este tipo?
—Responder a esto daría para un ensayo. Por supuesto no hay uno sino varios factores, pero uno no podría dejar de mencionar la discriminación en el avisaje hecha por los privados. Bajo la Concertación, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora sobre el destino del avisaje fiscal y se comprobó que los medios más cercanos a la coalición de gobierno no eran favorecidos por el avisaje fiscal.

—¿Cuál en su posición frente al avisaje estatal en los medios de comunicación?
—No me gusta el doble estándar. Si vamos a hablar del avisaje como instrumento de presión sobre los medios, no es muy distinta la posición de los gobiernos a la de los empresarios privados. Efectivamente, el Estado puede chantajear a un medio para que cambie su línea política a cambio de avisos; en América Latina los ejemplos más brutales son Argentina, Venezuela, el Ecuador de Rafael Correa y la Bolivia de Evo Morales. Pero ¿debemos descartar que un avisador privado, un gran grupo económico no haga lo mismo y decida castigar a un medio negándole avisos porque lo considera “zurdo” o contrario a su ideología?

—¿Qué cree usted que se puede hacer para regular este mercado?
—Muchas cosas, pero ninguna que toque la libertad de expresión o que entregue medios a los gobiernos para manipular a la prensa. En materia de avisaje, lanzo una idea: que todo avisador (público o privado) de, por ejemplo, más de 30 millones anuales deba publicar en sus balances en qué medios publicó sus avisos. De ese modo, la ciudadanía podría tener un indicio claro de si hay arbitrariedad o no, e incluso detectar una manipulación política del avisaje. En este campo, creo más en la transparencia y la autorregulación y rechazo cualquier injerencia estatal o gubernamental.

—El Colegio de Periodistas y el senador Guillier le solicitaron al gobierno que patrocinara una ley que regule el avisaje estatal para repartir más entre los medios de regiones. ¿Qué opina?
—El avisaje fiscal en Chile es insignificante. Creo no equivocarme si le digo que no representa más del 5% del total, y parte muy importante de ese 5% son avisos legales. Repartirlo entre medios regionales y de la capital no creo que solucione nada y, por el contrario, va a crear un engorroso sistema de control. Si un diario regional es propiedad de El Mercurio, ¿cómo vamos a considerar su publicidad? Si una radio regional es propiedad de Copesa o forma parte de la cadena de Radio Agricultura, de Radio BíoBío o de Radio Cooperativa, ¿cómo vamos a considerar su avisaje?

—¿Está de acuerdo con que el gobierno imprima un diario mensual para difundir sus programas y
políticas sociales?
—Hay que distinguir entre medios de gobierno y medios públicos. Los primeros son instrumentos de propaganda; los segundos llegan a alcanzar altos niveles de legitimidad y credibilidad. Es lo que va de la Televisión Nacional bajo Pinochet, con cero credibilidad, a TVN en los 25 años siguientes, cuya credibilidad, como medio informativo, está entre las más altas de los canales. Un diario mensual de gobierno es botar la plata.

—¿No es eso campaña política con recursos públicos de cara a las próximas elecciones?
—Aunque ese no sea el ánimo, así va a ser proyectado.

—¿Es un método efectivo?
—Categóricamente, no.

—¿Está de acuerdo con que el gobierno compre espacios y entrevistas en televisión regional para difundir sus programas, tal como lo hace con las radios?
—Que el gobierno —o un privado— compre entrevistas me parece una falta ética del gobierno, pero de la misma gravedad, del medio. Un medio que vende sus entrevistas no está haciendo periodismo sino practicando la profesión más antigua del mundo.

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