La Nueva Mayoría atraviesa uno de los momentos más  complejos desde su reciente creación. Una disputa de facciones internas ha obligado a sus dirigentes a tomar partido y alinearse en torno al ex ministro Rodrigo Peñailillo. En uno y otro frente ha habido movimiento de tropas. Han cavado trincheras, reordenado comandos, conseguido municiones e, incluso, han disparado con artillería de diverso calibre.

A diferencia de otras épocas, la lucha no es programática. Los contenidos no están, de momento, en disputa como ocurrió con la división entre autocomplacientes y autoflagelantes de la Concertación. La batalla hoy se concentra exclusivamente en el poder. La guerra civil desatada ha empantanado los intentos de La Moneda por salir de la crisis de los casos Penta y SQM, poniendo en riesgo uno de los objetivos que se ha trazado la coalición: evitar que el daño insoslayable de los casos de corrupción alcance a la presidenta Michelle Bachelet.

GENERALES EN BATALLA
Todo partió en febrero cuando estalló el caso Caval. La manera en que los diferentes actores de La Moneda enfrentaron la tormenta provocó una verdadera diáspora.

La presidenta estaba golpeada en el plano personal, abrumada y sin capacidad de reacción, lo que inevitablemente instaló un vacío de poder que fue abriendo un camino de división. La estrategia inicial de contención de Peñailillo recibió una mala evaluación del oficialismo y de importantes funcionarios de Palacio. Entre ellos, dos que volvieron de sus vacaciones, mientras el titular de Interior partía a las suyas: el subsecretario Mahmud Aleuy y la jefa de gabinete de la presidenta, Ana Lya Uriarte. Ambos socialistas y pertenecientes a la Nueva Izquierda, consolidaron, durante los días de asueto de Peñailillo, una alianza que perdura hasta hoy. Sus primeras acciones coincidían en lo político con un importante sector de la Nueva Mayoría: en medio de las elecciones internas del PS, Camilo Escalona acusaba la ausencia de “conducción política” de la crisis, apuntando sus dardos al ministro del Interior. Aleuy reforzaba esta idea improvisando una ronda de conversaciones con los partidos de todo el arco, demostrando así  una muñeca bastante más flexible que su superior jerárquico para buscar una salida política. Al regreso de su breve descanso, Peñailillo se encontró con la guerra desatada. Sin mucho margen de acción, optó por replegarse e instaló la idea fuerza de que había una disputa generacional. La “vieja Concertación” quería hacerse del poder y resignar el recambio que significaba el diseño original que Bachelet había confiado en sus hombros.

EL FIN DE LA TREGUA
El comité político de este lunes estaba convocado para organizar la agenda legislativa del gobierno post 21 de mayo.  Sin embargo, esa mañana la reunión perdió el rumbo cuando el presidente del PPD, Jaime Quintana, y el ministro del Interior, Jorge Burgos, se enfrascaron en una tensa disputa verbal.

Quintana le pidió explicaciones a Burgos por las filtraciones que, desde su cartera, terminaron por desbancar a Peñailillo. Se refería a las publicaciones que dieron cuenta de las contabilidades de la empresa de Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios Spa, que revelaron pagos al ex ministro del Interior y a varios de sus colaboradores, mientras recibía además aportes de SQM Salar, así como de otras empresas.

Detrás del alegato de Quintana estaba el convencimiento de  sectores del partido de que el nuevo comité político, liderado por Burgos, había terminado adoptando la línea estratégica que Aleuy y Uriarte habían trazado desde un inicio.

El objetivo de La Moneda estaba claro: había que dejar en evidencia que Martelli y Peñailillo habían creado una empresa para recolectar dineros con los principales empresarios del país a espaldas de Bachelet y antes de que decidiera si quiera ser candidata.

La postura de La Moneda golpeó duro al ex ministro, quien había optado por el ostracismo y la soledad. Escenario que cambió radicalmente, pues el PPD y la G-90, su grupo de amigos e influencia en el aparato estatal, tenían ahora un objetivo común: defender a Peñailillo y demostrar que no hizo otra cosa que prepararle el camino a una candidatura que era inevitable.

La exigencia de explicaciones de Quintana airó a Burgos, quien paró en seco la reunión y respondió alzando la voz. Dijo que no aceptaría acusaciones.

-¿Usted ha hablado con la presidenta últimamente, senador?- espetó el jefe del gabinete.
-No, ministro- respondió el presidente del PPD.
-Le recomiendo que intente hablar con ella, senador.

¿DESTAPAR O TAPAR LA OLLA?
Cuando recién aparecieron las boletas pagadas por SQM a la empresa de Martelli, volvieron a enfrentarse dos estrategias en La Moneda. La primera, defendida por el bando de Aleuy y Uriarte y que contaba con la venia de varios jefes partidarios, como el entonces presidente del PS, Osvaldo Andrade, buscaba transparentar todo. En la vereda opuesta, el ex ministro del Interior y los pocos aliados con que contaba, enarbolaba una salida distinta: justificar las boletas con trabajos realizados, lo que a la postre no resultó creíble para la opinión pública.

Por el otro lado, la idea de esclarecer las zonas oscuras tuvo varias vallas que pasar en el camino. Para la presidenta, estaba en juego su ministro del Interior y la persona más cercana en los últimos años de su carrera política. Pese a ello, pidió a su jefa de gabinete un  informe del caso Martelli y sus vínculos con Peñailillo. Uriarte accedió a las profundidades del caso gracias al apoyo de inteligencia y el acabado manejo del aparato estatal de Aleuy. La presidenta recibió un diagnóstico devastador. Con la información fresca del SII, Bachelet llegó al convencimiento de que el jefe de su gabinete ministerial se había extralimitado. Algunos, incluso, intentaron convencerla de que Peñailillo y su equipo se habían enriquecido a costas suya.

Si bien dicha información no fue decisiva para su salida del gabinete, sus intentos posteriores por justificar los supuestos trabajos a Asesorías y Negocios, con informes que incluso fueron acusados de ser copypaste, terminaron sentenciando sus días en Interior.

Aunque la Nueva Mayoría se enredaba el lunes pasado entre definir lo que es o no es una precampaña, crecía el convencimiento de que la transparencia total apuntaba a reconocer que la precampaña era responsabilidad exclusiva de Peñailillo, estrategia a la que ha colaborado, desde el punto de vista comunicacional, la periodista Paula Walker, ex jefa de la Secom, hoy asesora en el Segundo Piso de La Moneda.

El martes, antes de partir a una gira internacional, fue la propia presidenta la que despejó el camino. La postura liderada por Burgos no era al azar.

“Lo único que puedo decir es la verdad. No vine a hacer precampaña, vine a hacer campaña. Nunca instruí, ni fui informada, ni autoricé ningún mecanismo de financiamiento para una precandidatura”, dijo Bachelet en Radio Cooperativa.

Este nuevo escenario agudizó las divisiones en el bloque de gobierno. Sobretodo en el PPD, donde una buena parte de la colectividad alertaba sobre la conveniencia de la estrategia de La Moneda de arrinconar al ex ministro, sin calcular el impacto de una eventual caída libre.

ESTADO DE ÁNIMO EN LAS HUESTES
La actitud inicial de Peñailillo tras ser sindicado como el culpable de haber pedido dineros para la precampaña fue de mucha rabia. Incluso dolor contra la presidenta. Pensó en dar una entrevista y contar toda la verdad, enviando además una señal que alertó a muchos en La Moneda: se reunió con el abogado penalista Gabriel Zaliasnik, quien ha delineado la estrategia judicial de la UDI, defendiendo a Jovino Novoa e Iván Moreira. Fue una especie de amenaza, leyeron varios en clave política, de que toda la información sobre el financiamiento de la precampaña podía caer en manos de la oposición.

Fue en ese momento cuando entró al juego un personaje clave en esta historia: Enrique Correa. Cercano al ex ministro del Interior, Correa buscó contener al ex jefe de gabinete. Le aconsejó no parapetarse y buscar apoyo dentro de su propio partido. Quienes han conocido parte de las conversaciones entre ambos señalan que el lobista le dijo que era un político joven con un gran futuro por delante. Tras las gestiones de Correa, el PPD salió a respaldar a Peñailillo, dando un nuevo giro, ya que inicialmente habían optado por seguir la estrategia de Palacio. Primero fue Sergio Bitar, después Quintana, el senador Guido Girardi, e incluso el ex vocero Francisco Vidal.

Las palabras de Vidal y otros en el PPD se basan en la discusión que sostuvieron varios dirigentes el lunes pasado en la comisión política de la colectividad. Allí se arribó a la conclusión de que la estrategia de La Moneda para blindar a Bachelet era altamente riesgosa. La lealtad de Peñailillo hacia la presidenta era hasta la semana pasada una incógnita. Los consejos de Correa ayudaron a minimizar dicho escenario, pues el ex ministro ha retomado el contacto con el partido. Cambió de teléfono, y rompió el silencio: ha hablado con Quintana, Girardi y el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez.

Peñailillo se encuentra en Santiago y casi a diario se reúne con sus ex asesores Flavio Candia y Héctor Cucumides, además de su ex director administrativo Ricardo Vásquez, quienes junto a Correa le ayudan a delinear su estrategia.

No ha conversado con nadie de La Moneda y sólo ha recibido el llamado de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, quien lo apoyado humanamente.

Los miembros de la G-90 que permanecen en el gobierno han optado por moverse con mayor prudencia, pero están a la expectativa de lo que pase. “Él se encuentra a la espera, procesando las palabras de Bachelet, pero sigue con la idea de dar una entrevista”, señala una persona cercana a él.

No tiene pensado volver al mundo político, ha dicho a sus cercanos que tomó la decisión de privatizarse e incluso evalúa irse del país por un tiempo.

Sólo le falta definir el momento y hablar. Aunque hay otro factor que podría desordenar el naipe: las tres jornadas de declaración de Giorgio Martelli ante el fiscal nacional Sabas Chahuán pueden ser la estocada final.

La directiva DC presidida por el senador Jorge Pizarro ha defendido una tercera vía en la crisis. Dejar de hablar de la precampaña, de Martelli y de SQM; que estos temas decanten judicialmente y que La Moneda pueda por fin instalar su agenda post anuncios del 21 de mayo.