“La ciudadanía debe estar tranquila porque la fiscalía va a continuar ejerciendo su obligación”. Las palabras del fiscal nacional, Sabas Chahuán, buscaban un refugio claro la tarde del martes. Sólo un par de horas antes, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) resolvía acoger a tramitación el requerimiento presentado por el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, que buscaba paralizar cualquier acto de investigación en su contra o de la empresa.

Para la Fiscalía, la decisión del TC fue la gota que rebasó el vaso. Fue el golpe que motivó a Chahuán a pasar a la ofensiva y refugiarse en el que es hoy su principal aliciente para investigar a fondo los casos Penta y SQM: la ciudadanía.

A ese público le hablaba  el fiscal esa tarde, en un intento por hacer visible su molestia por los varios obstáculos que ha debido sortear para investigar a fondo a la empresa minera no metálica. Lo que hoy aparece como una polémica entre el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos (SII), el TC y la propia empresa, se podría convertir en el guión de una película de suspenso donde el Congreso y La Moneda son también actores protagónicos. Las desconfianzas están a la orden del día: si bien el caso Penta reveló un sistema irregular de financiamiento de campañas, afectando principalmente a la UDI, la presunción de que SQM podría abrir una puerta que termine impactando no sólo al oficialismo y el gobierno, sino que a todo el sistema político, ha atizado una crisis de credibilidad entre todos los actores.

El primer capítulo de esta nueva trama se escribió el 12 de marzo: mientras el Ministerio Público se enfrentaba en tribunales con Patricio Contesse para acceder a la información contable de la empresa, el director del SII, Michel Jorrat, entregó una señal que dejó a varios atónitos.

En una rueda de prensa anunció que dentro de los planes de fiscalización del SII, que vienen desde el 2014, se investiga a unos 200 contribuyentes que habrían usado una figura similar de evasión a la que se descubrió en el caso Penta, llamándolos a acercarse voluntariamente al organismo para autodenunciarse y restituir lo defraudado.

Pese a que los abogados del servicio salieron a precisar que dicha figura no descartaba eventuales acciones penales, el mensaje fue percibido con claridad. En medio de la tensión instalada por la arista SQM y a dos días de que la Corte de Apelaciones revisara la prisión preventiva de Carlos Alberto Délano y  Carlos Eugenio Lavín, el SII reconocía un argumento ya esgrimido por la defensa de estos últimos: existía una salida administrativa que descartaba la acción penal. De hecho, ese sábado, el abogado de ambos, Julián López, no demoró en desenvainarlo ante el tribunal de alzada recordando las palabras de Jorratt  y que sus clientes habían “devuelto hasta el último peso”.

Pese a que la Corte mantuvo la medida cautelar contra ambos, al interior de la fiscalía dicen que la señal del SII fue recibida como un “mazazo” para las pretensiones de los investigadores.

El mensaje de Jorratt fue el corolario de los desencuentros entre ambos organismos desde que tímidamente la arista SQM apareció en la órbita de los fiscales del caso Penta. La tensión partió poco después que el SII se querellara en enero por eventuales delitos tributarios en contra del ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de la Cerda, quienes entregaron boletas por servicios presuntamente no prestados a SQM.

En la acción el servicio autorizaba al Ministerio Público a indagar toda la contabilidad de la empresa entre el 2009 y el 2014, sin embargo, Jorratt envió una rectificación de dicha acción autorizando sólo la incautación de la información correspondiente a julio de 2009. En sólo un mes, los fiscales descubrieron boletas vinculadas a dos parlamentarios (el senador PS Fulvio Rossi y el diputado DC Roberto León) y de una serie de personas ligadas de una u otra forma a partidos del oficialismo y oposición. Aunque aún no se ha determinado que se trate de boletas ideológicamente falsas, el Ministerio Público se creó la convicción de que se debían indagar los últimos seis años de contabilidad de SQM.

Es por ello que, desde que el fiscal nacional asumió  la indagatoria -precisamente bajo la premisa de que resultaba una investigación que afectaría al poder político y económico- viene solicitando al SII, mediante oficios, reuniones e incluso mensajes públicos, la ampliación de la acción penal al período 2009-2014,  para indagar la existencia de eventuales aportes irregulares a campañas. En paralelo, la fiscalía ha tenido que lidiar con la propia empresa: las acciones de Contesse por bloquear la entrega de información (primero a través de una cautela de garantía rechazada por un tribunal y luego a través del TC) se sumaron a la división del directorio de SQM y a la promesa de que finalmente se accedería a la petición de los fiscales.

Hasta que el lunes, la fiscalía pidió al 8° Juzgado de Garantía una autorización para proceder a la incautación. En un escrito de 18 páginas, el Ministerio Público abrió el naipe: sus convicciones no sólo se basaban en la existencia de eventuales ilícitos tributarios -como para requerir la acción del SII- sino a la presencia supuesta de  otros delitos, como contratos simulados, fraude de subvenciones, lavado de activos, apropiación indebida, sobornos y cohecho.

Antes de que el tribunal resolviera, y en conocimiento de esta acción, el abogado Samuel Donoso, ex secretario general del PPD y representante de Contesse, usó su mejor carta: recurrir al TC. Junto con ello, SQM realizó una nueva jugada que dejó la pelota en el lado del SII: le entregó al organismo la información requerida por los investigadores.

Es por ello que, pese a la paralización de las pesquisas, el miércoles Chahuán volvió a arremeter: le envió un oficio al SII para que le remita dicha información en un plazo perentorio de 48 horas.

El cúmulo de acciones convirtió el caso en una especie de guerrilla jurídica: si el SII no accede a la petición del Ministerio Público, la disputa llegará a la Corte de Apelaciones, mientras que en paralelo, las partes, incluido el fiscal nacional, se preparan para alegar ante el TC. 

En medio de la batalla, fuentes del Ministerio Público advierten que actuarán con celeridad y usarán todas las atribuciones legales disponibles para “investigar en profundidad” a SQM. “Si se abre esta arista, se va a caer todo el sistema político”, es una frase de advertencia que se ha escuchado al interior del ente persecutor y que es rechazada al interior de sus oficinas. “Hay una sensación de que todo el sistema está actuando para que no se investigue”, dice otra fuente de la fiscalía interpretando los sucesos de los últimos días.  Si es así, al menos SQM habría ganado tiempo: la fiscalía tiene hasta el 30 de abril para ejecutar acciones judiciales, debido a la prescripción que regiría sobre los hechos del 2009, justo un año con elecciones parlamentarias de por medio.

 

LIDERAZO DAÑADO Y COMPÁS DE ESPERA
El jueves 12, el mismo día de la conferencia de Jorratt Michelle Bachelet recibió a los presidentes de partido de la Nueva Mayoría en su despacho. En una cita que los dirigentes venían pidiendo hace rato, la mandataria les pidió cerrar las críticas al consejo asesor contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, aduciendo que la salida a la crisis instalada por los casos Penta, SQM y Caval, estaba lejos de la política y los partidos eran incumbentes. Les dijo que si querían colaborar, debían entregar sus propuestas a la comisión.

Sin embargo, pese a esta sugerencia, los jefes partidarios se enfrascaron en una disputa con el presidente de la comisión, Eduardo Engel. La desobediencia a la mandataria, que podría haber sido impensable hace algunos meses, refleja para muchos  el difícil momento que enfrenta Bachelet tras el caso Caval.

“Hay un clima muy enrarecido, de mucha desconfianza”. Así califica un parlamentario el ambiente de esta semana en el Congreso. A diferencia del año pasado, la atención de la prensa ya no está puesta en las reformas educacional, laboral ni política, sino que en las repercusiones diarias de los casos Penta, SQM y Caval.

Ante la imposibilidad de La Moneda por controlar la agenda, los partidos han vuelto a ejercer presión por un cambio de gabinete que incluya a ministros políticos. No obstante, podría dilatarse, a la espera de que el PS y la DC renueven sus directivas y el consejo asesor realice su propuesta.

A ello se suma otro factor: ante la eventualidad de aparecer implicados, mencionados o vinculados a SQM, senadores y diputados de la Nueva Mayoría e incluso de la oposición, han dividido aguas frente al accionar de la fiscalía. Mientras son pocos los que han salido a criticar  el actuar del SII, o a acusar de “maniobras obstructivas” a SQM por sus intentos por frenar la indagatoria, varios han optado por guardar silencio o respaldar el accionar de las instituciones.

El lunes, en la sesión de la comisión investigadora de la Cámara del caso Penta, el diputado PPD, Pepe Auth, fue el único que le preguntó a los ministros Rodrigo Peñailillo y Álvaro Elizalde, qué opinaba La Moneda sobre el actuar del SII.

El jefe de gabinete hizo un llamado a respetar la “autonomía” con que actuaba el servicio. Al día siguiente, en Icare, tanto Peñailillo como el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, defendieron más directamente la gestión de Jorratt.

“El Servicio de Impuestos Internos es una institución autónoma, una institución seria, y hay que terminar con las descalificaciones”, cerró Arenas.

En tanto, Camilo Escalona emplazó a Jorratt y salió en defensa de la fiscalía:  “El director del SII debe poner en manos del Ministerio Público la información requerida y el TC no debe interferir de ninguna manera en la investigación”.

VIRALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
La llamada bancada estudiantil sintonizó esta semana con el malestar que se tomó las redes sociales, donde la labor del SII y el gobierno fue criticada unánimemente y reportada paso a paso. “La deslegitimación de la política institucional estaba tocando piso. El Tribunal Constitucional le acaba de abrir la puerta al sótano”. “Lo de SQM hay que investigarlo a fondo. Cuesta entender la actitud de una institución seria como el SII. Hoy solicitamos se amplíe querella”. Estos fueron algunos de los tuits que publicó el diputado Gabriel Boric, quien junto a sus pares Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Vlado Mirosevic presentaron el martes un oficio exigiendo que el SII investigue a SQM.

Nadie desconoce que las redes sociales han jugado un rol clave en el avance de los casos Penta, Caval y SQM, y que  diariamente los medios sorprenden con nuevos datos. Esto, para muchos, hace inviable cualquier acuerdo tipo caso MOP-Gate. Por ello, varios dirigentes políticos confiesan estar viviendo una constante tensión, ya que en cualquier momento  podría salir un nuevo antecedente que los golpee a ellos, a sus partidos o al gobierno.