Por Juan Pablo Sallaberry Octubre 23, 2014

© Hernán Kirsten

La sesión del 9 de septiembre de 2014 del Concejo Municipal de Providencia que  adelantó la hora de cierre de los bares y  discotecas de la comuna, estuvo marcada por una discusión entre los concejales sobre hasta qué horario deben trasnochar las personas y cuánto alcohol pueden beber. Según se registra en las actas del concejo, el debate se centró en si sólo se debía impedir la venta de alcohol a partir de las 2 de la mañana o derechamente cerrar los locales para que la gente vuelva a sus casas.

“No es la idea que deban salir todos corriendo. Pueden seguir comiendo con una misma copa de vino, pero no pueden pedir otra”, argumentaba en la sesión la alcaldesa Josefa Errázuriz. La concejal Pilar Cruz Hurtado concordaba: “Las personas se pueden quedar perfectamente tomando café o bebidas para pasar la mona, que sería bastante mejor a que salgan en estado de ebriedad”. El concejal Manuel José Monckeberg no estaba de acuerdo: “Puede ser peor porque la gente va a andar con maletas con botellas y las van a abrir después o lo harán en la calle o en la esquina”. En la misma línea el jefe de seguridad ciudadana de Providencia también era partidario de cerrar los locales de plano, ya que, “perfectamente antes de la hora alguien podría pedir un copón de vino de cinco litros”. El concejal Nicolás Muñoz bajó la línea: “El horario es bastante prudente respecto a la tendencia de salir tarde que tienen las personas y que ojalá se vaya trasladando a horarios más tempranos”.

Finalmente se cambió el articulado de la ordenanza para que no solamente la venta de alcohol quede prohibida después de las 2 a.m., sino también el funcionamiento de los locales. 

La decisión desató la guerra civil en Providencia: panfletos, pancartas acusando “toque de queda”, videos viralizados por internet contra la medida, pero también numerosas muestras de apoyo y aplausos. La alcaldesa declaraba que había escuchado la voz de los vecinos que querían barrios más tranquilos y dormir mejor.

Un 55% de la gente está de acuerdo en adelantar los horarios de cierre de bares y discotecas, contra un 33% que lo rechaza, según un sondeo de Plaza Pública Cadem. Pero el tema varía en cada comuna, en la consulta ciudadana realizada en Santiago Centro, el 55% prefirió mantener el horario de las botillerías y no adelantarlo a las 23 horas como proponía la municipalidad.

No hay consensos. El tema divide y apasiona tal como lo han hecho otros debates que enfrentan a las libertades individuales con el bienestar social y los temas de salud pública. Así ocurrió con las restricciones a los lugares  donde se puede fumar. A la ley de 2013 que prohíbe hacerlo en recintos cerrados de acceso público -como hoteles, restaurantes y centros comerciales- se suma un nuevo proyecto que impedirá fumar en parques y automóviles. Las medidas regulatorias también han apuntado a la comida chatarra y los productos altos en grasas, azúcares y sodio. A la ley que prohíbe la venta de alimentos poco saludables en colegios y restringe su publicidad, hoy se discute el reglamento de la “ley Súper 8” que fija nuevos etiquetados de advertencia en estos productos. Suma y sigue: parlamentarios presentaron un proyecto para impedir que hubiera saleros en las mesas de los restaurantes; han aumentado las fiscalizaciones y multas por el uso de casco en las bicicletas, y en el marco de la reforma tributaria se aumentó el impuesto al tabaco y el alcohol, bajo el argumento, según dijo el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, de que “estas buenas prácticas van en directo beneficio de la salud pública de la población”.

The nanny state o el Estado-niñera, es el término británico con que se refieren en Europa y Estados Unidos a las políticas públicas consideradas sobreprotectoras. Y suele enfrentar a la derecha liberal con la izquierda más estatista. Aunque los apoyos y rechazos a las medidas se cruzan políticamente y varían caso a caso. En Inglaterra el político conservador, Iain Macleod acuñó el término que fue una bandera del thatcherismo, pero en los posteriores gobiernos laboristas, según informes de la BBC, una amplia mayoría de las personas eran partidarias de que el Estado velara por los comportamientos “saludables”: las clases altas pedían mayor acción contra el tabaquismo y el alcohol, mientras que las bajas demandaban regulación sobre los alimentos. En Estados Unidos el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, fue sindicado como representante del Estado-niñera al intentar prohibir las bebidas azucaradas de gran tamaño para combatir el sobrepeso, medida que fue desautorizada por los tribunales de justicia por violar la libertad de  los consumidores.

En su libro Nanny State el periodista norteamericano, David Harsanyi, sostiene: “¿Cuándo perdimos nuestro derecho a ser perezosos, poco saludables y políticamente incorrectos. Están robándonos el derecho a tomar nuestras propias decisiones y convirtiendo a Estados Unidos en una nación de niños”. Los defensores de ampliar las regulaciones, en cambio, sostienen que el Estado debe tener un rol de prevención en la salud de los individuos, más aún cuando es éste el que se hace cargo de los costos en la atención pública.

Para el sociólogo Eugenio Guzmán y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo: “Ésta no es una tensión nueva, es el antiguo equilibrio entre los límites de la intervención del Estado y los límites de la libertad del individuo. Hoy está difuso. A medida que las sociedades tienen cubiertas sus necesidades de recursos, hay más ingresos, mayor esperanza de vida, las luchas por las libertades y los derechos individuales van ganando terreno”.

El analista político Jorge Navarrete se pregunta: “¿Por qué Guido Girardi defiende la despenalización de la marihuana pero pide restringir el cigarrillo?”, la respuesta -según él- está en el lucro: “Tenemos una izquierda liberal en lo valórico, pero en todo lo que tenga que ver con el mercado es proteccionista. La izquierda es fuerte contra el tabaco y en contra del alcohol y la comida chatarra porque detrás de todo eso hay una industria que renta mucho. Hay lucro con el eventual daño ajeno. Y al revés, la derecha es conservadora contra las drogas, el matrimonio gay o la eutanasia, pero cuando le tocas el bolsillo o una actividad empresarial, ahí si son liberales y quieren al Estado lejos”.

Libertades individuales vs. bienestar social: El dilema del Estado-niñera

• EL PELIGRO DEL PATERNALISMO
Por Carlos Peña, rector Universidad Diego Portales

Una sociedad respetuosa de sus miembros adultos debe, en principio, rechazar toda forma de paternalismo: la creencia que alguien externo a nosotros puede ser un mejor juez de nuestro propio bienestar.  Qué deba cada uno comer o beber, qué tipo de vida sexual debe ejercitar, qué cosa debe leer o en qué Dios debe creer, es un asunto que le atinge nada más que al sujeto que come, bebe, ejercita su sexualidad, lee o cree y a nadie más. Desgraciadamente está cundiendo entre nosotros un cierto tipo de progresismo que, sin mayor reflexión, o inspirado a veces en una religiosidad laica tipo new age o en la utopía tonta de una vida sin riesgo, piensa que es correcto inmiscuirse en las vidas ajenas impidiéndoles que decidan lo que juzgan mejor para si mismas. 

Suele defenderse este punto de vista arguyendo dos tipos de razones igualmente inaceptables.

Según una de ellas, la razón de esa injerencia no es el paternalismo sino la protección de los intereses de terceros; pero a poco andar se advierte lo pueril del argumento. Porque ocurre que vivir en sociedad consiste en afectar, inevitablemente, puntos de vista e intereses de terceros. Cuando usted pinta su casa de un color que a su vecino le parece sinceramente horrible, está afectándolo, pero de ahí no se sigue que debamos impedirle que usted escoja el color de su casa. Cuando alguien fuma está, por supuesto, lesionando en alguna medida la salud de otras personas, pero ¿acaso vivir en sociedad no supone compartir también, dentro de ciertos límites, el riesgo de nuestras decisiones? Cuando alguien por motivos religiosos se dedica a meditar en vez de trabajar, lesiona, por supuesto, los intereses de los contribuyentes esforzados y emprendedores; pero de ahí no se sigue que debiéramos prohibir la meditación. Distribuir entre todos el costo de algunas decisiones personales es un principio básico de una sociedad libre.

Según la otra que es más inaceptable todavía, debemos controlar las decisiones de determinadas personas adultas porque ellas no sabrían lo que es mejor para si mismas. Entre una porción de los seres humanos adultos habría quienes por ignorancia o estupidez o enajenación, no sabrían lo que es mejor para si mismos y entonces otros sujetos (la autoridad o quien fuera) podría erigirse en tutores eligiendo por ellos. Este argumento viola la igualdad que nos debemos recíprocamente los seres humanos en una sociedad democrática y es tan inaceptable como el anterior.

En suma, hay que estar alertas frente a este paternalismo que, esgrimiendo siempre buenas razones, principia a inmiscuirse en la vida cotidiana.

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