“Uno de los grandes legados que me dejó mi padre, una de las enseñanzas que más atesoro es una frase que repetía siempre: ‘no hay que tenerle miedo a los poderosos’”.

Las palabras resonaron entre las paredes de la Parroquia San José La Matriz de Curicó, en el ocaso del discurso que el entonces fiscal de Ñuñoa, Carlos Gajardo, pronunció ante un centenar de personas para despedir a su padre, José Manuel Gajardo, quien falleció repentinamente en un accidente automovilístico el sábado 16 de abril de 2011.

Entre los asistentes que acompañaron la emotiva ceremonia, además de familiares, estaban varios de sus amigos en el Ministerio Público, como los hoy abogados particulares Vinko Fodich y Rodrigo Lazo, entre otros, además del entonces fiscal regional Oriente, Xavier Armendáriz.

Varios de los que viajaron ese día a la Región del Maule para acompañar a Gajardo recordaron la reveladora frase en los últimos días. Algunos incluso se lo han comentado, según cercanos, a propósito de las agitadas jornadas que ha vivido luego que se destapara una arista política de proporciones en la causa conocida como fraude al FUT, que investiga como jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente.

El ahora llamado caso Penta reubicó a Carlos Gajardo en el escrutinio público con una cobertura mediática que no tenía desde el homicidio del estudiante Diego Schmidt-Hebbel ocurrido en un confuso incidente en las puertas de Seminario 97, en Providencia, el 4 de noviembre de 2008.

El crimen del hijo del entonces economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) obligó a Gajardo a desplegar todas sus habilidades para dirigir junto a Fodich, entonces su jefe en la Fiscalía de Ñuñoa, una investigación que terminó por vincular el hecho a un doble homicidio sin culpables en ese momento y que desenredó una madeja familiar que se ocultaba bajo un solo nombre: María del Pilar Pérez.

La inesperada muerte del padre del fiscal Gajardo ocurrió a sólo semanas de que la mujer hoy conocida públicamente como “la Quintrala” fuera sentenciada a cumplir 60 años de prisión por el robo con homicidio contra Diego Schmidt-Hebbel, por ordenar el doble crimen de su ex marido, Francisco Zamorano y su pareja Héctor Arévalo, entre otros hechos, lo que ha sido considerado hasta ahora uno de sus mayores logros en tribunales, al tratarse de un caso donde no existió participación material de la acusada.

Más allá de ese pergamino en su carrera, lo que el fiscal Gajardo tiene ahora entre sus manos es mayor: una línea investigativa de ribetes políticos en la que debe sortear la presión de los grupos de poder económico y político, la mirada atenta de La Moneda y contar con la confianza de sus superiores para salir airoso.

LECCIONES DEL PASADO
Los primeros días de septiembre de 2008, los fiscales Vinko Fodich y Pablo Norambuena llegaron hasta las puertas del Palacio de La Moneda con una orden judicial  en la mano. Los investigadores dedicaron un día entero a practicar diligencias  en la casa de gobierno, en una actividad inédita para la historia judicial del país. Requisaron 22 cintas magnéticas -con el registro de correos electrónicos- y el servidor de la Presidencia. Los fiscales indagaban por entonces dos pagos facturados por la entidad presidencial por actividades propias del cambio de mando, dinero que, según antecedentes de la fiscalía en ese minuto, había ido a parar en realidad a un grupo de 22 brigadistas de campaña. Si bien no participó de la diligencia, ni en las posteriores actividades públicas, el fiscal Carlos Gajardo estuvo presente en todas la reuniones donde se tomaron las decisiones del caso, inclusive el polémico allanamiento a La Moneda.

La filtración de la diligencia provocó un inmediato revuelo y activó una fuerte polémica entre el gobierno y el Ministerio Público por la actitud desafiante de los fiscales, quienes sin previo aviso se apersonaron en Palacio. El entonces subsecretario del Interior, Felipe Harboe, interpuso un reclamo formal ante el fiscal Sabas Chahuán, acusando el carácter invasivo de la diligencia. Se activó una enconada discusión pública que derivó en la decisión de Chahuán de alejar a los investigadores del caso y entregar las pesquisas a una fiscal de mayor rango, la entonces fiscal regional Centro-Norte, Sonia Rojas. La causa no prosperó en tribunales y la indagatoria fue cerrada.

Aunque se mantuvo en un segundo plano, la investigación a la primera campaña de Bachelet es una suerte de experiencia que el fiscal Gajardo -según quienes lo conocen y dicen le han aconsejado-  ha recogido como modelo para no cometer errores en la indagatoria a Penta.

Es así que, envuelto en acusaciones de parte de dirigentes de la UDI de filtrar información judicial a la prensa, así como de ejercer eventuales presiones públicas al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que emita un pronunciamiento sobre los antecedentes recogidos por sus pesquisas, el investigador ha tomado recaudos.

Según información del Ministerio Público, desde que dio, en su investigación sobre la trama de contadores y funcionarios del SII que defraudaban al fisco modificando irregularmente contabilidades de empresas, con la hebra del grupo Penta, el fiscal declaró secreta dicha arista y en las dos ocasiones que llegó a tribunales a discutir aspectos procesales -en primera y segunda instancia- pidió a los jueces litigar en reserva, esto es, sin presencia de público. Otro dato que aportan en la institución es que Gajardo ha hablado sólo dos veces en público del caso.

Asimismo, según varios abogados de la causa, el fiscal ha sido extremadamente celoso al abrir información de las pesquisas a los litigantes, quienes han tenido que limitarse a conocer las versiones de sus propios defendidos.

ROL PROTAGÓNICO
Este perfil contrasta con el carácter protagónico que ha marcado la conducción del fiscal en las diligencias que lo condujeron a la línea política abierta, entre otros, por el ex gerente y ex director de Penta, Hugo Bravo.

Nadie quedó indiferente a un detalle cuando pidió autorización a tribunales para registrar las oficinas de la empresa en  El Bosque, el 29 de julio pasado: asistió y condujo personalmente la diligencia junto a sus colaboradores, los fiscales Pablo Norambuena  y José Luis Villalobos. Habitualmente, la ejecución de dichas tareas es  encargada a las policías, pero Gajardo detenta un estilo que cultivó en el pasado junto a su amigo Fodich y que aprendió de otro ex fiscal: Xavier Armendáriz.

Por regla general, los fiscales confían sus investigaciones a las policías a través de órdenes amplias de investigación, o en ocasiones con órdenes particulares para que resuelvan ciertas líneas investigativas. Armendáriz era enemigo de ambas y contagió a sus subordinados con un estilo de control directo. Fodich recuerda que en la investigación de irregularidades en Chiledeportes ambos recogían personalmente los testimonios de los implicados, técnica que Armendáriz ya había utilizado antes en la indagatoria contra el ex senador DC Jorge Lavandero por abusos sexuales.

Y así lo hicieron Fodich y Gajardo en los crímenes de Providencia. Tanto el doble homicidio de Infante como la muerte de Diego Schmidt-Hebbel fueron resueltos gracias a la confesión del sicario contratado por Pilar Pérez, José Ruz, en un interrogatorio frente a los fiscales. “Fue en mi oficina en la Fiscalía de Ñuñoa, le mostramos las pruebas con Carlos (Gajardo), le servimos un té y ahí, frente a nosotros, se quebró y confesó. Es un estilo marcado el de involucrarse directamente en la investigación, en vez de quedarse de brazos cruzados esperando que la policía resuelva una orden amplia de investigación”, recuerda Fodich, quien paradojalmente hoy es defensor de Sergio Bravo, uno de los contadores en prisión preventiva en la arista de fraude al FUT, es decir, contraparte de Gajardo.

PRUEBA DE BLANCURA
Con todo, la fuerte presión de la UDI sobre el fiscal, a quien han acusado no sólo de hacer pública información del caso, sino que incluso de actuar con un “sesgo político”, ha desviado el foco poniendo el rol del investigador en el centro del debate. El propio presidente de la UDI, Ernesto Silva, se reunió con el fiscal nacional Sabas Chahuán para expresarle su molestia por las filtraciones de las diligencias, lo que motivó la apertura de una investigación penal al interior del Ministerio Público. En el entorno del fiscal niegan este “sesgo” y señalan que entre sus varias indagatorias, Gajardo ha perseguido a personas de diferentes colores políticos. En la fiscalía recuerdan la primera condena de figuración pública por tenencia ilegal de armas a Augusto Pinochet Hiriart que consiguió junto a Fodich cuando ambos iniciaban su carrera en la fiscalía, en Curicó;  la indagatoria contra el ex DC Ángel Maulén, en el caso de fraude en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA); o cuando condenó al ex gobernador de Curicó, el militante PS José Bravo, por un millonario fraude en Junaeb, entre otros casos. En todos, dicen, ha marcado una fuerte independencia. Y es que si bien es historia conocida que su padre era un funcionario del SAG que fue militante DC hasta su muerte, Gajardo se declara ante todos como “independiente”. Suele repetir frases entre sus cercanos de que su única ideología es la “probidad”  y defiende férreamente su decisión de mantenerse en la fiscalía y hacer carrera desde lo público, pese a que gran parte de sus amigos ex fiscales optaron por privatizarse en busca de mejores horizontes profesionales y económicos.

Esa dedicación le ha valido el respeto interno entre sus pares, en particular del fiscal regional Oriente, Alberto Ayala, quien en mayo pasado le encargó la jefatura de la Fiscalía de Alta Complejidad.  Incluso, dicen en el Ministerio Público, cuenta con la confianza del propio Sabas Chahuán, quien en 2013 le entregó un  reconocimiento por su desempeño. 

Así las cosas, Gajardo recibió un fuerte espaldarazo con la denuncia presentada por el SII pues, según fuentes de la investigación, le permitirá una mayor libertad para abarcar la arista política que la que tendría en caso de haber sido una querella individualizada. El fiscal prepara para las próximas semanas una nueva oleada de interrogatorios, incautaciones y diligencias que buscarán esclarecer la zona oscura de los aportes de campaña de Penta a algunas figuras de la UDI, RN y otros mencionados, como el  independiente Andrés Velasco.