Unamuno sostenía que hablaba de sí mismo porque era el ser humano más cercano que tenía a la vista. Amparándose en ese criterio del brillante intelectual bilbaíno es posible plantear, desde nuestra propia experiencia, la conveniencia de que nuestro país debiera elegir por votación un vicepresidente de la República. En la administración del Presidente Aylwin me correspondió el honor de desempeñar ese cargo en 22 oportunidades y por un tiempo total superior a dos meses. Ello ocurrió por un gesto de confianza personal del primer mandatario, quien en cada oportunidad en que se ausentó del territorio nacional dio cumplimiento en su colaborador como ministro del Interior a la norma de reemplazo transitorio en el cargo que contempla la institucionalidad vigente.
Dicha institucionalidad ha sido reacia a aceptar el cargo de vicepresidente de la República electivo en la estructura del mando ejecutivo. Salvo en la efímera Constitución de 1828, sepultada sin honores en la batalla de Lircay, invariablemente ha primado lo que el profesor Guillermo Guerra, el más cercano analista de las reformas de la Carta de 1833 que devinieron en la de 1925, denominara “sistema criollo de sustitución y reemplazo del Presidente de la República”. Este sistema, en su concepto, “no había dado lugar a dificultades en 90 años” por lo que se congratulaba que los que prepararon esa reforma no se hayan dejado llevar por la tendencia a adoptarla.
En general, las gestiones que desarrollan los vicepresidentes en cuanto tales se ajustan a continuar las iniciadas por los presidentes, coordinar las tareas del gabinete y cumplir tareas protocolares, sin que asuman responsabilidades políticas significativas. Por cierto que hay excepciones en que ocurren situaciones que alteran la estabilidad normal de las actividades nacionales. En 1946 correspondió al ministro del Interior, Alfredo Duhalde, entonces vicepresidente de la República por enfermedad del presidente Ríos, enfrentar a lo largo del país una serie de activas convulsiones sociales, en una de las cuales se produjo la muerte de seis trabajadores, entre ellas la de Ramona Parra, símbolo viviente de la propaganda callejera del Partido Comunista. En los inicios de la recuperación democrática, en mayo de 1993, el autor de este comentario debió soportar una acción de amedrentamiento consistente en el acuartelamiento del Ejército dispuesto por el general Pinochet, entonces Comandante en jefe de esa institución militar, como reacción porque antecedentes de la quiebra de empresas de las que era administrador uno de sus hijos serían calificados, como correspondía, por los tribunales de justicia. Esa reacción ilegítima fue luego adicionada con reclamaciones por el trato que, en su concepto, se aplicaba a los militares investigados por atropellos a los derechos humanos. Se trataba de un acto insurreccional que podría someterse a los tribunales militares, pero era evidente que quien era depositario transitorio y precario del mando del Estado carecía objetivamente de suficiente personería para actuar con firmeza, especialmente atendidas las circunstancias del escenario político de la época. Lo cierto es que, aún ausente el presidente, fue restablecida la disciplina militar sin hacer concesiones a la juridicidad imperante y la consolidación democrática siguió adelante.
Situaciones como las recordadas sirven de preventivo ejemplo para sugerir la existencia de un vicepresidente que sea ungido por el respaldo ciudadano. Un vicepresidente de la República elegido podrá operar con credenciales inobjetables emanadas del pueblo soberano con cuyo respaldo explícito cumplirá funciones que podrán ir más allá de sustituir al primer mandatario cuando ello fuere necesario. Bien podría ser, además, el referente formal y activo del Ejecutivo con el Parlamento, tarea encargada desde hace algún tiempo a un ministerio con rango de secretaría, cuyo nivel se elevaría con razón dadas las vinculaciones colegisladoras existentes entre gobierno y congresistas. Adicionalmente, para una sociedad cuya composición electoral demanda la formación de coaliciones para hacer gobierno, contar con otra alta personalidad que contribuya a ese ejercicio facilitará entendimientos y equilibrios.
La creación del cargo de vicepresidente de la República -que ha operado con éxito, entre otros casos, en Estados Unidos- es una modificación necesaria y justificada de nuestra estructura institucional. Para hacerlo no se necesita de asamblea constituyente.
