Por Juan Pablo Sallaberry Marzo 13, 2014

Uno de los primeros en acuñar el término “nuevo ciclo” fue el sociólogo Ernesto Ottone. Tras el fracaso electoral del 2010, conversó con Bachelet las causas de la derrota y planteó que había un profundo malestar ciudadano que la clase política no había sabido interpretar.

“Cuando terminó la Concertación se dijo: ‘Aquí termina un ciclo’. Asumió Piñera, pero la derecha nunca reivindicó para ellos un nuevo ciclo: no lo querían, porque lo que se estaba haciendo estaba bien, el modelo estaba bien”, dice la cientista política Ángeles Fernández.

La frase comenzó a circular en voz baja en los cafés y cócteles de la izquierda. Se escribieron algunas columnas de opinión, algunos papers y algunos libros para desarrollar el concepto y los cientistas políticos abrieron un debate al respecto. Luego en plena campaña presidencial la Nueva Mayoría lo levantó como la idea fuerza que fue repetida por la candidata y sus voceros en entrevistas y mítines. Y el martes, durante el cambio de mando, la premisa ya estaba instalada como una verdad incuestionable por las nuevas autoridades: el 11 de marzo de 2014 no sólo es la fecha de asunción de un gobierno, sino que es “el inicio de un nuevo ciclo político y social en Chile”.

Así al menos lo sentenciaron ese día el ex Presidente Ricardo Lagos, la presidenta del Senado, Isabel Allende, el vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, y también lo han declarado en público y en privado el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y la Presidenta Michelle Bachelet. Afirman que tal como el 5 de octubre del 88 con el triunfo del No en el plebiscito se inicia una era política en Chile, 25 años después comienza el segundo ciclo, marcado por una ciudadanía más activa que exige cambios.

Pero detrás de este consenso hay un problema mayor: la disputa por definir qué significa y qué alcances tiene este nuevo ciclo. Mientras los movimientos sociales apuestan a que sea una etapa en donde ellos tienen derecho a asumir un rol protagónico, en la Nueva Mayoría las interpretaciones varían. ¿Este nuevo ciclo es el fin de la democracia de los acuerdos? ¿Habrá una nueva relación entre los poderes del Estado? ¿Bachelet debe ceder a demandas sociales o, como dijo esta semana en The Washington Post, defenderá la idea de que “la calle no puede tomar todas las decisiones”?

Estas preguntas marcarán el rumbo de la flamante administración y el futuro de la Nueva Mayoría. La discusión ya comenzó.

UNA TESIS, VARIOS PADRES

El concepto de ciclo político tiene varios autores intelectuales dentro de la Nueva Mayoría. Uno de los primeros en acuñar el término fue el sociólogo Ernesto Ottone, asesor externo de Bachelet y a quien se apunta como uno de los cerebros y estrategas detrás de su campaña. Tras el fracaso electoral de la Concertación el 2010, conversó con la actual Presidenta las causas de la derrota y planteó que, pese al sostenido crecimiento del país, se había generado un profundo malestar en la ciudadanía, que la clase política no había sabido interpretar. “Lo conversé con ella desde una perspectiva sociológica. Qué aunque Chile había avanzado más que nunca en su historia, había un sentimiento de rabia. Quizás la Concertación cometió errores o fue demasiado prudente”. Ottone planteó la idea de que a veces los ciclos políticos se agotan no por una crisis, sino por la necesidad de dar un salto adelante y que se requería una nueva etapa donde la igualdad e inclusión, y no la competencia, fueran el eje de la convivencia social.

En forma paralela, uno de los fundadores históricos de la Concertación, el socialista Ricardo Solari, comenzó a elaborar un soporte ideológico de lo que debe ser esta nueva fase. Junto al director de Flacso, Ángel Flisfisch, encabeza el consejo editorial de una revista virtual para desarrollar estas ideas. Su nombre: nuevociclo.cl. Solari ha sostenido que “ya no se resiste el modelo de una sociedad dinámica en lo económico, pero profundamente desigual, estamental y carente de cohesión social”.

Pero en la Nueva Mayoría se nombra a otro padre, tal vez más desconocido, de la teoría del nuevo ciclo político. Se trata de Paulo Hidalgo, jefe de la división de estudios de la Segpres durante el primer gobierno de Bachelet. Ya el 2002 fue el primero en cuestionarse el tema, al publicar su libro de ensayos ¿Fin de un ciclo político?. El 2011, para conseguir su doctorado en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, publicó una tesis titulada Chile, el fin de un ciclo histórico, que a fines de ese año transformó en el libro El ciclo político de la Concertación 1990-2010, de editorial Uqbar. La obra circuló profusamente en el mundo de la izquierda. Hidalgo sostiene que la famosa batalla entre autocomplacientes y autoflagelantes de la Concertación a fines de los 90 fue el primer signo de que un ciclo político anunciaba su fin, pero que recién el 2011, con las movilizaciones estudiantiles, el sector entendió que el cambio social era irreversible y la clase política debía adaptarse a él.

Agrega que además de un cambio ideológico, la nueva etapa va de la mano con un recambio generacional obligado de los políticos, como se refleja, por ejemplo, en la composición del nuevo gabinete.  Sin embargo aclara que “el concepto de ciclo político se ha politizado y para cada sector comprende distintos significados, mientras Camila Vallejo dice que implica una nueva relación entre el gobierno y los movimientos sociales, otros lo circunscriben a los alcances en la reforma en educación. Lo importante es darle un sentido para que este nuevo ciclo sea permanente y no dure sólo los cuatro años de gobierno”.

DEL MAMOTRETO AL CONTRATO SOLEMNE

Los políticos tienen ya claro que Chile ha cambiado. Y no es sólo una frase hecha. Según los estudios de opinión pública que manejan en el oficialismo y la oposición, en sólo una década, el chileno promedio pasó de valorar el esfuerzo individual, la competencia y el rol del mercado como motores de desarrollo, a demandar un papel cada vez más determinante del Estado para garantizar derechos sociales. “El Chile durante 30 años dominaron ideas como que el Estado tenía que ser pequeño o que había una serie de derechos que no tenían por qué ser universales, pero todo eso hoy dejó de ser evidente. Hoy se habla de igualdad, gratuidad y universalidad de modo sistemático. Si Bachelet hubiese presentado el 2006 su programa de gobierno actual, la hubieran tildado de loca”, dice el analista político Alfredo Joignant (PS).

Y exhibe las últimas encuestas de la Universidad Diego Portales que comparan a Chile con los países de la región. Los datos muestran que, al nivel de Argentina, los chilenos hoy prefieren soluciones estatales para su vida antes que privadas, algo que se acrecentó tras el movimiento estudiantil y el escándalo de La Polar en 2011. Las mismas cifras eran manejadas por el anterior gobierno: entre mayo y noviembre de ese año -período en que estallaron ambos episodios-, los sondeos de La Moneda mostraron que el apoyo a la idea de que el Estado debe ser el responsable del bienestar de las personas -por sobre el esfuerzo individual- se disparó de 38% a 65%.

Consciente de esta realidad, Bachelet armó su campaña sobre la base de promesas que se hicieran cargo del nuevo escenario. Por ello anunció como eje de su gobierno profundas reformas en materia tributaria y educacional  y una nueva Constitución que garantice los derechos sociales. Una trinidad que se volvió el elemento intransable del programa de gobierno.

“El programa es la biblia, el factor aglutinador, el relato. Nunca había tenido tanta importancia”, dice la cientista política Ángeles Fernández (PPD). Pocos recuerdan que en octubre, apurada por la ausencia de un documento formal, Bachelet afirmó que el programa era un “mamotreto” que casi nadie leía. En cambio, este 11 de marzo en su discurso en el balcón de La Moneda, en medio de una ovación, señaló que el programa “es un contrato solemne entre ustedes y esta presidenta”.  El documento puede servir por el momento de carta de navegación de la Nueva Mayoría y factor de cohesión interno, pero la rigidez de su texto también podría acarrear costos, tal como ocurrió con la renuncia de la subsecretaria de Educación, Claudia Peirano, quien no alcanzó a asumir el cargo debido a que fue acusada por los dirigentes estudiantiles de hacer declaraciones contrarias al programa.

La presión que puedan ejercer los nuevos grupos de influencia es otro de los elementos de este ciclo político. Si Peirano cayó por los estudiantes, Carolina Echeverría no asumió en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas debido a las protestas de las organizaciones de derechos humanos. Está por verse si otros grupos ciudadanos, que se sienten representados y parte de la Nueva Mayoría, como la CUT, ONG de derechos civiles o los colectivos a favor de una asamblea constituyente hacen su propia demostración de fuerza para encauzar a Bachelet hacia sus demandas. Para Joignant la tensión entre el gobierno y los movimientos sociales va a ser permanente, ya que La Moneda buscará a toda costa no perder su respaldo. “Desde 1988 que no coincidía la mayoría política con la mayoría social, y es muy raro que esto ocurra, por eso el oficialismo va a intentar interpretar y mantener capturados a estos movimientos sociales todo el tiempo que pueda”.  Sin embargo, Ottone advierte que “los grupos de presión son legítimos y deben ser escuchados. Pero el sistema político no puede estar sometido a sus dictados. El gobierno debe demostrar que puede decir, ¡No! La calle no necesariamente es la voz de la ciudadanía”.

EL "SER O NO SER" DE LA NUEVA MAYORÍA

Por primera vez el oficialismo cuenta con una mayoría holgada en ambas cámaras del Congreso y podría tramitar sus proyectos sin grandes problemas. Sin embargo, una de las principales interrogantes sobre este ciclo político, es si el gobierno hará uso de estos votos o mantendrá una actitud dialogante con la oposición para sacar leyes de consenso.

Las señales son contradictorias. Las dos cabezas del gobierno, los ministros Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas -y también Bachelet en su discurso inaugural- han remarcado la importancia del diálogo con la minoría. Incluso convidaron a representantes de RN y la UDI a reuniones de coordinación legislativa con ministros sectoriales. Pero al mismo tiempo, como señal de fuerza, han hecho declaraciones indicando que cualquier conversación sólo se puede dar en el marco de los lineamientos del programa de gobierno. El titular de Hacienda, por ejemplo, anunció que la reforma tributaria está prácticamente redactada y “no hay dudas” de que incluirá la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias, FUT, unos de los aspectos que inquietan a la oposición.

Si el tema de los impuestos puede acarrear el primer choque con la derecha, la reforma educacional amenaza con desatar el primer gran conflicto en la Nueva Mayoría.  Más aún cuando es una alianza política que está debutando y que la DC aún no acepta reconocer como conglomerado sino sólo como un acuerdo político programático. “El PC y la DC ya chocaron por el tema de Venezuela y aún queda el debate por asuntos valóricos como el aborto terapéutico. Será un desafío para la Nueva Mayoría cómo consolidarse en este nuevo ciclo”, sostiene Fernández.

Hay otro aspecto del nuevo modelo político que fue mirado con recelo en algunos sectores. Se trata del inédito modelo de comité político que anunció Peñailillo y que incluirá a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, ambos de la Nueva Mayoría. El solo hecho de tener sentados a los representantes de otro poder del Estado todos los lunes en la Moneda, despertó suspicacias. No obstante, tanto Isabel Allende como el diputado Aldo Cornejo aclararon que esto es un mecanismo de coordinación para sacar adelante el programa y que no está en cuestión la independencia del Congreso. “Ninguno de nosotros tiene derecho a poner en entredicho el programa de Bachelet, pero eso no significa que el Congreso se transforme en un buzón”, dijo Cornejo en La Segunda.

Otra señal llamativa respecto a la relación entre los poderes del Estado se dio la semana pasada con la cena que ofreció en su casa el senador PPD Guido Girardi al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, donde asistieron varios magistrados y autoridades del nuevo gobierno, encabezadas por Peñailillo. En el evento, el anfitrión dio un discurso destacando la sintonía entre el representante del Poder Judicial y la Nueva Mayoría de Bachelet. La imagen fue cuestionada en el oficialismo y la oposición.

El gobierno anuncia el inicio de una nueva etapa histórica. Su desafío será demostrar si sabrán aprovechar la oportunidad.  “Cuando terminó la Concertación se dijo: ‘Aquí termina un ciclo’. Asumió Piñera, pero la derecha nunca reivindicó para ellos un nuevo ciclo: no lo querían, porque lo que se estaba haciendo estaba bien, el modelo estaba bien”, dice Ángeles Fernández. “Pero para la izquierda es diferente. El nuevo ciclo tiene mucho de redención. Ahora vamos a hacer lo que siempre quisimos y nunca pudimos hacer”.

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