Por Juan Pablo Sallaberry y Sebastián Rivas Abril 21, 2011

Magdalena Matte recibió con un cálido abrazo a los vecinos de los edificios Don Luis y Don Tristán, ambos colapsados en Maipú tras el terremoto. Era mayo de 2010 y Alejandra Monasterio -la vocera del grupo- se llevó la mejor impresión de la flamante ministra de Vivienda. "Era amable, maternal, se mostró dispuesta a ayudarnos y nos abrió las puertas. Después me respondía directamente los mails y los mensajes en Twitter", recuerda.

Pero durante la cuarta reunión que sostuvieron -en febrero de este año- el sentimiento cambió. "Comenzamos a preocuparnos, nos dimos cuenta de que había muy buena voluntad, pero ninguna ejecución", señala Monasterio. Agrega que la ex ministra Matte delegó el tema en su abogado y asesor de confianza, Álvaro Baeza, un hombre "parco y frontal con nosotros". Según su relato, el desconcierto alcanzó su punto álgido cuando llegó al Minvu acompañada de los sobrevivientes del edificio Alto Río, que se desplomó en Concepción. Al plantear la idea de un "subsidio mejorado" para adquirir viviendas, cuenta, "Baeza se rió en forma irónica. Eso no existe, nos dijo, no podemos estar inventando decretos".

Un ministerio anticuado, problemas demasiado amplios y una ministra que optó por delegar responsabilidades en un estrecho grupo de asesores técnicos. Esa fue la tónica que marcaron los 13 meses de gestión de Magdalena Matte, los que terminaron abruptamente el martes pasado, cuando renunció a su cargo, asumiendo, según sus propias palabras, la responsabilidad política por el cuestionado -y millonario- acuerdo judicial entre el Minvu y la empresa Kodama.

En La Moneda aseguran que ella fue escogida para ser el "hada madrina" que inauguraría casas durante el gobierno de la Alianza. Pero el plan fracasó, incluso antes de comenzar. Matte debió enfrentar las complejas labores de reconstrucción, luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, sólo dos semanas antes de que asumiera en pleno la administración Piñera. Esta misión la llevó a protagonizar la única interpelación durante este gobierno, para luego entramparse en un conflicto con la ex intendenta del Biobío Jacqueline van Rysselberghe.

El círculo de hierro

Muchos de los problemas de la ministra comenzaban en su propio entorno. Partidaria de entregar extensas facultades a sus asesores de confianza, este estilo generaba incomodidades en algunos de los funcionarios del Minvu. De su círculo de hierro, Álvaro Baeza era el más influyente de todos. Su abogado particular en la papelera Dimar, el profesional aterrizó en el ministerio a mediados de 2010. Sin embargo, de manera informal, colaboraba con Matte desde que ella asumió el cargo. Fue precisamente en la oficina del abogado donde la secretaria de Estado entrevistó al personal que conformaría su equipo de trabajo.

Según los antecedentes que ha recabado la Fiscalía Centro Norte, que indaga la legalidad del trato con Kodama, Baeza -sindicado en la investigación como uno de los gestores de dicho acuerdo- actuaba en nombre de la ministra, y según han declarado los funcionarios "no tenía contrapeso" al interior de la cartera. La frase típica de Matte ante cualquier asunto era "véalo con Álvaro", cuestión que no era bien vista por otros ministros del gabinete que desconfiaban del accionar histórico del abogado. Su poder, a todas luces, generaba anticuerpos.

Lo mismo sucedía con Carolina Arrau, la abogada de la Cámara Chilena de Comercio que Matte contrató como su principal asesora legislativa. La profesional fue mandatada para asistir en su nombre a las sesiones de las comisiones de Vivienda del Congreso. Aunque no era usual que los ministros se ausentaran al inicio de las discusiones de los proyectos, según el diputado PPD Patricio Hales, la comisión aprobó que Arrau entrara a las reuniones. Eso hasta inicios del 2011, cuando ya molestos por las reiteradas inasistencias de la ministra los diputados de la Concertación le pidieron a la abogada que no acudiera más. Arrau, quien  en febrero dejó la cartera en malos términos y mal evaluada por sus superiores, fue quien declaró ante el fiscal que Matte estaba enterada de todos los detalles del negocio con Kodama.

El subsecretario, Andrés Iacobelli, fue uno de los colaboradores más cercanos a Matte en el Minvu. El ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y ex director de Elemental, prácticamente se hizo cargo del manejo administrativo del ministerio, aseguran desde esa secretaría de Estado. Una fuente al interior de Vivienda señala  que mientras la ex ministra asumía una posición más política, el subsecretario se encargó de la parte operativa. Contrapeso permanente al poder que ejercía Baeza, Iacobelli asumió tareas claves como recomendar a varios de los profesionales que llegaron a la cartera. Entre ellos destacan el arquitecto Pablo Allard, Pablo Ivelic y Francisco Irarrázaval. Los cuatro mantenían línea directa con la ex ministra.

Tanto, que fue el propio subsecretario quien asesoró a la ex ministra durante el proceso de interpelación y el que le advirtió a Matte que frenara el pago de los $ 17 mil millones a Kodama, después de los reparos manifestados por el jefe de Finanzas, Daniel Johnson. Otro actor clave durante los 13 meses de gestión de Magdalena Matte fue Manuel Cereceda, un antiguo militante UDI, que se convirtió en uno de sus principales consejeros políticos. De hecho, fue él quien la ayudó a redactar su carta de renuncia al Minvu y planeó detalladamente su salida.

Una figura de contrastes en el cículo de Matte en el Minvu era el director del Serviu Metropolitano, Antonio Llompart (ver recuadro). Fue él quien firmó el acuerdo con Kodama y el más político del grupo: su nombre fue propuesto por RN y anteriormente trabajó con el alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, uno de los pocos en la Alianza que criticaron la labor de la ex ministra públicamente.

Los choques entre el ministerio y el Serviu fueron permanentes. Desde La Moneda aseguran que ese servicio es visto como un enclave concertacionista, pues allí aún trabajan muchos funcionarios designados durante las administraciones pasadas. "Es común que atornillen en sentido contrario a lo que está haciendo el gobierno".

Un ministerio complejo

"Yo he estado en distintos organismos de la administración pública y en materia de exceso de personal Vivienda es de los peores". El diagnóstico de Jaime Ravinet, quien fue titular de esa cartera entre 2000 y 2004, es compartido por varios personeros en el mundo político. Con una planta de 6.000 funcionarios -entre contratados y a honorarios- abundan las funciones duplicadas y hay exceso de personal administrativo. Para el ex ministro el mayor problema radica en que la cartera debe diseñar las políticas públicas y a la vez ejecutarlas, y pese a que aquello podría ser tarea de los gobiernos regionales, todo pasa finalmente por el ministerio.

 "Creíamos que íbamos a trabajar en un ministerio social, pero una vez acá nos dimos cuenta de que se trataba de una cartera económica y política. Maneja gran cantidad de recursos -cerca de $ 3 mil millones al año-. Hay mucha plata e intereses en juego", agrega en la misma línea una fuente que llegó al Minvu en este gobierno.

El diputado DC Juan Carlos Latorre -quien de formar parte del comité asesor de la ministra Matte a inicios del gobierno se convirtió en su interpelador- advierte que "Vivienda es un ministerio complejo y a la ministra se le hizo ingobernable. No tuvo las capacidades". Esta situación, a su juicio, se hizo patente con las sucesivas crisis que tuvo que enfrentar públicamente durante su gestión.

Pero también hubo contiendas más desconocidas. La ministra debió afrontar la velada molestia de la Cámara Chilena de la Construcción por los cambios en la política habitacional. Si durante el gobierno de Michelle Bachelet se inyectaron recursos extraordinarios para subsidiar la oferta de viviendas, el actual gobierno corrigió la situación apuntando los subsidios a la demanda. Además, se pusieron nuevos requerimientos para la aprobación de proyectos, como una revisión del Serviu tras el visto bueno de las municipalidades, y se aumentaron las regulaciones en materia de electricidad y agua potable. Todo esto frenó la construcción de viviendas, lo que no era visto con buenos ojos por esa asociación gremial.

Pero no todos fueron conflictos. Con el tiempo, Matte aprendió a navegar en aguas políticas y tendió redes tanto en la oposición como en el gobierno. Entre sus más cercanos se encontraban los senadores Juan Pablo Letelier (PS) y, paradójicamente, Alejandro Navarro (MAS). Asimismo, se convirtió en una de las ministras más cercanas a la jefa de asesores del presidente Piñera, María Luisa Brahm. No sólo ellos sienten su partida. Juana Silva, presidenta de Andha Chile, también la extrañará: Matte fue la primera ministra que en más de 10 años le dio solución a parte de sus reclamos.

La trama paralela en el Serviu

En medio de las indagaciones paralelas de la Contraloría y el Ministerio Público sobre el caso Kodama, hay una arista de especial interés: la relación entre el Serviu Metropolitano y el Ministerio de Vivienda.

La primera repartición corre desde hace varios años con una "doble carga": a las labores habituales se le sumó la tarea de hacerse cargo de la implementación de los corredores para el Transantiago.

En el entorno de la ex ministra Matte apuntan a que esto provocó un problema estructural. "El Serviu no estaba preparado para hacerse cargo de obras tan grandes y complejas como las que requirió el Transantiago. Por eso se ven casos de tanta desprolijidad", señala un ex colaborador.

Sin embargo, desde el organismo metropolitano la visión es distinta. En las declaraciones ante el fiscal José Morales, los funcionarios del Serviu sostienen que la decisión de pagarle a Kodama fue tomada directamente desde el ministerio.

La Contraloría también sigue indagando. El miércoles 13 de abril, el contralor Ramiro Mendoza ordenó iniciar un sumario administrativo para determinar cómo se ejecutó la transacción entre el Serviu y Kodama en febrero de 2010 para pagar $959 millones en gastos adicionales por el aplazamiento de la construcción de un tramo del corredor Pedro Aguirre Cerda, lo que la entidad rechazó en agosto del año pasado por considerar que sólo correspondía pagar $95 millones. Desde la semana pasada, dos funcionarios del organismo están tomando declaración a los involucrados en el tema.

Relacionados