Por Cony Stipicic* Abril 3, 2010

© Nicolás Abalo

No es frecuente que un exitoso profesional baje las cortinas y se decida a tomar la cuesta más empinada del camino: mucho trabajo, poco tiempo, harta exposición y poca plata. Sin embargo, nadie se sorprendió demasiado cuando Felipe Bulnes fue nombrado ministro de Justicia. Ni siquiera él. Llevaba ocho años en la comisión política de Renovación Nacional (empezó a militar a los 18) y un tiempo largo trabajando estrechamente con Sebastián Piñera, no sólo en lo político, sino también coordinando el trabajo, en su área, de los grupos Tantauco. "De todo lo demás me podía curar: pero decirle que no al presidente era una cuenta que nunca me habría perdonado", dice.

Le viene de familia. Su abuelo, Francisco Bulnes, era conocido como el marqués; su padre, aunque murió joven, también alcanzó a dejar una huella en este abogado que con apenas 40 años se había transformado en uno de los más reconocidos profesionales del derecho regulatorio en Chile.

-¿Qué tiene de la derecha que representó su abuelo?

-Aspiro a moverme con el sentido de decencia, honestidad, criterio, vocación y altura que -yo creo- caracterizó la actividad política de mi abuelo y de mi padre. Siento ese sello, no lo puedo declarar incorporado a mi conducta, pero sí en cuanto a mi aspiración de cómo participar en la cosa pública.

-Él encarnó una derecha que ha sido definida como liberal, republicana y democrática. ¿Subsiste?

-Yo adscribo a los tres adjetivos, eso está en mi ADN, pero siendo justo -y no políticamente correcto- creo que el carácter democrático y republicano también pertenece a la derecha más conservadora. Conozco a muchas personas de la UDI sobre quienes tengo la mejor opinión de su vocación de servicio público.

Puerta giratoria y garantismo

El estudio al que pertenecía (Bulnes, Pellegrini & Urrutia), definido por los entendidos como "una boutique de litigios por excelencia", llevó causas de alta figuración, como la defensa del gerente general de Falabella, Juan Benavides, por el caso Fasa, o la que hicieron de esa misma compañía en la famosa guerra del plasma. Y a pesar de que estaba inmerso en una de las áreas del derecho más distantes de la lógica pública, las cosas no han sido tan difíciles para Bulnes. "No es que de la noche a la mañana me encontré con asuntos que me fueran totalmente ajenos, aunque no es lo mismo estudiarlo que tener directamente la responsabilidad", dice.

-¿Y cómo se enfrenta a situaciones como la del Servicio Médico Legal con el caso de Juanita Carey?

-Con firmeza pero también con prudencia. Se ordenó una investigación sumaria para esclarecer responsabilidades, pero además vi una oportunidad para conocer los protocolos que usa el SML. Puede ser que el funcionario haya hecho lo correcto y que los problemas estén en las reglas más que en su conducta. En uno u otro caso hay que arreglarlo. Y no pensando en que se trata de alguien conocido, sino porque es un tema sensible y porque las cosas deben funcionar correctamente para cualquier chileno.

-El presidente ofreció terminar con la delincuencia. Ya sentado aquí, ¿no teme que sea un imposible?

-En materia de seguridad ciudadana, la tarea fundamental es del Ministerio del Interior, pero Justicia tiene que apoyarlo, y ambas secretarías tienen dilemas que iremos conversando. Fue una promesa de campaña, pero bien dada, porque, al final, el clamor más fuerte es por empezar a vivir en una sociedad más segura, no con índices de temor que llegan al 80%.

-¿Dónde está según usted el origen de esa cifra?

-No creo que el fenómeno de la delincuencia sea construcción de los medios, sino más bien una realidad de la que hay que hacerse cargo. Si bien no ando por Santiago con una sensación permanente de inseguridad, el tema sí forma parte de mi hábito diario: veo una puerta abierta en mi casa y estoy recurrentemente pidiendo que la mantengan cerrada porque tengo la idea de que me pueden robar. En los sectores populares, la gente vive encerrada.

"Justicia conversará con Interior de manera de ponerse al servicio del propósito de generar una política antidelincuencia inteligente más que ruidosa, eficaz más que rimbombante. Se puede avanzar, no para eliminar la delincuencia, pero se puede avanzar".

-El ministro Hinzpeter dijo que está ideando un "modelo propio". ¿Cómo engancha la labor de Justicia con la de Interior si la agenda es personalizada?

-El modelo propio de Rodrigo Hinzpeter le corresponde a él definirlo y anunciarlo, pero desde el punto de vista de Justicia, puedo dar algunas luces. En materia de delincuencia ha faltado coordinación a nivel de los distintos organismos que participan de la problemática. Hay lagunas de información que conspiran contra la eficacia de la persecución del delito. Por ejemplo, qué datos están disponibles para los jueces a efecto de resolver si una persona tiene que irse presa o no. Si cruzamos la información de las distintas policías podemos afinar y mejorar el perfil de los delincuentes y, por tanto, saber cómo combatirlos. Justicia va a conversar con Interior de manera de ponerse al servicio del propósito de generar una política inteligente más que ruidosa, eficaz más que rimbombante. Se puede avanzar, no para eliminar la delincuencia, pero se puede avanzar.

-Pero con la puerta giratoria tendrán que terminar...

-La puerta giratoria tiene dos ejes. Lo que uno esperaría es que las personas, primero, no crucen la puerta de la delincuencia, que no giren en ella, y ahí hay un rol de prevención. Segundo, que si la cruzaron, no vuelvan a pasar, no cometan otro delito, y ahí hay una tarea de rehabilitación. Fuera de eso hay subconjuntos que te llevan a ponerle candados a la puerta giratoria. Ya llegará el momento de los anuncios, pero pensamos en que si el Ministerio Público tiene a cargo la tarea de perseguir los delitos, es necesaria una auditoría externa para entender bien su función y el porqué de los resultados. Ejemplo: cuando se comete un delito, ¿el fiscal se está constituyendo en la escena para recoger evidencia en el momento oportuno? Dos: ¿los fiscales tienen capacitación técnica suficiente para efectos de dirigir investigaciones o habrá que reforzarlos? Tercero: ¿por qué muchas causas terminan archivadas? Otro eje: hay personas que obtienen beneficios carcelarios y las encuentras a los pocos días delinquiendo.

-De lo cual se culpa a los jueces.

-Me parece equivocado. Tenemos que revisar si estamos dando estos beneficios a los delincuentes con los instrumentos correctos. Si se dan bajo el entendido de que fiscalizarás al delincuente ex post y no lo haces, entonces hay que revisar el beneficio. Hay deficiencias claras que no tienen que ver con el Poder Judicial, sino con el diseño de las políticas. Desde el punto de vista de Justicia, no hay reformas macro que vayan a sorprender, más bien hay una serie de cosas micro. Le aplicaremos inteligencia a cada uno de los engranajes que explican la resolución del problema delictual.

La justicia según Bulnes

-¿Dónde se sitúa en la escala del garantismo?

-Sólo en la medida que tengas un debido respeto por la garantía de los delincuentes puedes aplicar mano firme. Esas dos cosas hay que hacerlas a su turno. No quisiera meter a la cárcel a nadie que no se lo merezca, o a nadie que no haya tenido la debida oportunidad de probar su inocencia. Pero, por otra parte, quiero asegurarme de que quien merece estar en la cárcel, lo esté. Por lo tanto, garantista donde hay que ser garantista y duro cuando haya que serlo. No son cosas incompatibles.

-¿Y cómo combina represión y prevención?

-Un difícil equilibrio. Sería poco honesto no reconocer que hay una tensión, una zona gris que se debe manejar con cuidado. Porque si se exagera la prevención, en algún punto puedes transformarla en represión. El trabajo de las policías, y esto lo hablo más como gobierno que como Justicia, debe ser monitoreado permanentemente.

-¿Cuánto pesará el rating? Porque a ratos la gente exige más represión.

-El papel de la autoridad es responder a lo que te demanda la ciudadanía, pero conteniendo el desborde emocional con que muchas veces se querría afrontar este tema.

-¿Le parece que fue una señal apropiada decretar toque de queda preventivo en Concepción el día del joven combatiente?

-Me pareció correcto. Después de lo que vivió Concepción había que erradicar de forma total cualquier sensación de pánico colectivo.

-¿No le complicó que se despertaran fantasmas del régimen militar de los que este gobierno a lo mejor prefiere alejarse?

-¿Sabe por qué no? Ninguno de los que estamos en este gobierno tiene deuda ni carga con los DD.HH. Al momento de resolver, la única consideración que tienes es si es bueno o malo para la población. Hay un cambio generacional.

Agenda alterada

-Las cárceles son escuelas de violencia. ¿El terremoto abre una oportunidad de realizar cambios profundos en el sistema, dados los problemas de infraestructura?

-Tenemos planteada una agenda para conseguir saltos cualitativos muy importantes y, siendo franco, el terremoto alteró las prioridades y puso por delante preocupaciones que no estaban instaladas. Pero tampoco ofrece demasiadas oportunidades porque en materia carcelaria no es que se vinieran abajo todas las cárceles y haya que plantearse qué hacemos ahora. Se vinieron abajo pocas, fundamentalmente en la región del Biobío, que agravaron el hacinamiento. Todo esto vino a poner más presión sobre un sistema que ya imponía presión.

-¿Eso implica que dejará en el tintero cosas que quería cambiar por las urgencias?

-No, en esto soy ambicioso: no he renunciado a nada del programa, pero la realidad me podría indicar otra cosa y lo iremos viendo. Hoy quiero creer que me retrasa.

-Reformular el Sename ¿sigue siendo prioridad?

-Es una prioridad. La idea es que desde Mideplan se cree el Ministerio de Desarrollo Social y que el Sename pase a depender de él. Es una institución con una problemática muy compleja, pero hay un gran déficit de gestión.

-Y otros problemas mucho más profundos…

-Nombrar a Francisco Estrada, que conoce los dilemas y no llegará a quebrar huesos sino a enderezarlos, es un paso. Estoy, además, formando un consejo con gente que tiene mucho que aportar y que nos ayudará a que no se monopolice la idea de ajustar el Sename a una visión. Lo segundo, hay situaciones de fragmentación social -casos como el de Cisarro- donde el Estado no puede sustituir las carencias. Cuando tienes un padre delincuente, una madre en situación completamente precaria, con almas fragmentadas, el Estado puede suplir, pero no será el sistema juvenil de apoyo el que enmendará la situación de estos menores. Serán muletas, pero imperfectas.

"Ninguno de los que estamos en este gobierno tiene deuda ni carga con los DD.HH. Al momento de resolver, la única consideración que tienes es si es bueno o malo para la población. Hay un cambio generacional".

-Entre sus prioridades está la reforma procesal civil, ¿qué pasa con su implementación?

-Los gobiernos de la Concertación empujaron la reforma procesal civil, y tuvieron el mérito de construir los consensos necesarios; negarlo sería mezquino. Pero falta y bastante. Quiero creer que no en tiempo, sino en esfuerzo. Debemos elaborar un proyecto orgánico que pueda defenderse con solvencia, y para eso conformaremos una comisión más chica que lo afine y presente algo que pueda durar los próximos 100 años. Segundo, hay que estudiar los requerimientos orgánicos de la reforma: jueces, infraestructura, recursos en general; nadie lo ha hecho.

-¿Plazos?

-Me declararía profundamente contento si logramos que la reforma procesal civil se empiece a implementar con gradualidad en alguna región durante este gobierno.

-Ha hablado de acercar la justicia a la gente, ¿cómo?

-La reforma procesal penal significó un avance porque la gente tiene la impresión de que se hace más justicia hoy día y porque existe mayor transparencia. En materia civil pasará lo mismo: habrá juicios cortos, transparentes, con audiencias públicas. Y hago una prevención: la justicia civil es la gran reforma pendiente, porque es el 80% de las causas. Pero hay otra medida: la justicia vecinal, que algunos en la elite tienden a ver como una reforma poco glamorosa. Lo ejemplifico con programas como Caso Cerrado o La Jueza, que tienen una audiencia muy potente porque la gente se ve representada en aquellos problemas que no tiene dónde plantear, pero que le hacen la diferencia en el día a día. Y sí tienen solución. La justicia vecinal, la que yo pretendo empujar, es precisamente acercar territorialmente los tribunales a los sectores de menores recursos, de manera que no tengan la barrera de acceso que hoy impone el desplazarse y se genere además un ámbito de conocimiento de cuestiones menores, menores para nosotros, pero mayores para ellos. Nuestra idea es hacer un plan piloto, que empiece a funcionar idealmente este año o el primer semestre del próximo.

-Hay líderes latinoamericanos que frente a la ineficacia del combate a la droga en países como México o Colombia piden su legalización. ¿Estaría eso dentro de sus opciones?

-Sería poco sincero decir que cuando uno sigue estos debates no se plantea la duda, pero soy partidario de no renunciar a la pelea. Sé que es dura, pero me suena muy fuerte que el Estado finalmente cuelgue los botines y diga, sumando externalidades, me voy por la libre, y cambio una externalidad por otra. Yo siento que en Chile, en general, y las autoridades que hoy día encabezan el gobierno, en particular, no estamos preparados para hacer eso, no responde a nuestra aspiración. Nos daremos cabezazos contra la pared en muchas oportunidades, pero eso es lo que mejor se arraiga a nuestra estructura de valores.

* Directora de Radio Duna

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