La llamada Operación Huracán ha sacado a relucir lo peor de nuestro sistema de inteligencia y del seguimiento procesal de causas de alta connotación pública.
Que el Tribunal de Garantía de Temuco, a la luz de los hechos conocidos, haya decidido el viernes pasado el sobreseimiento definitivo de todos los comuneros mapuches acusados de ataques incendiarios en La Araucanía y Los Ríos es sólo el corolario de un procedimiento que desde cualquier punto de vista ha sido desastroso.
Más allá de las aprensiones particulares que se puedan tener respecto de la decisión tomada por los jueces de Temuco en esta causa, lo cierto es que el entorno que los rodeaba era inédito en la historia del actual sistema penal: manipulación de pruebas por parte de Carabineros; interceptación de llamadas y de mensajes de texto, y toda la trama que se había tejido en torno al caso parece hoy no ser cierta.
Embaucada (o no) por un civil que aseguró ser capaz de entregar a la policía toda la información que los comuneros tenían en sus teléfonos, Carabineros de Chile se vio envuelta, en menos de un año, en quizás dos de los mayores escándalos de su historia, sobrepasada por una coyuntura que la aleja de su mandato de resguardar el orden.
La crisis por el irregular uso de fondos y la ahora supuesta manipulación de pruebas han horadado a tal punto el prestigio de la institución que cuesta encontrar terceros defensores de ella.
Una crisis que parece recién comenzar, pero cuyo daño ya es del todo palpable.
