Pese a la insistencia del sector privado, de algunos parlamentarios y de expertos que detectaron tempranamente que la política que quería impulsar el gobierno respecto del control de las tasas de interés de créditos era un arma de doble filo, la administración de ese entonces decidió continuar con la idea.
Poner un techo a la Tasa Máxima Convencional (TMC) —aseguraban desde el sector financiero— provocaría desbancarización y un empeoramiento en las condiciones de crédito de los más pobres.
Al no poder cobrar más interés, el mecanismo natural de autorregulación de los bancos, estos dejarían de otorgar préstamos a las personas de mayor riesgo y se enfocarían en los segmentos altos.
Se advirtió que con esto proliferarían los préstamos informales y el mercado no regulado, y que la política pública sería superada por la realidad. En 2013 se promulgó la ley que ponía techo a la TMC.
Hoy, en los avisos económicos de diarios, por internet y en locales comerciales se ofrecen créditos que llegan a tasas de interés cercanas al 200% anual, a lo menos cinco veces más caras que en el sistema financiero tradicional.
Han proliferado los “compro cupo en dólares”, una práctica que expone a las personas a entregar toda la información de sus tarjetas de crédito a desconocidos. Todo en un sistema sin control, sin un regulador que fiscalice o denuncie este tipo de prácticas.
Sin que el Estado se manifieste sobre un problema que él mismo generó.
