El año pasado, más de 260 mil personas estudiaron con gratuidad en la educación superior, es decir, el 25% de la matrícula de pregrado. Lo han hecho con esfuerzo, porque no basta con pertenecer al 50% de menores ingresos (y desde este año, al 60%), sino que además se debe cumplir con ciertos requisitos académicos.
Cuando esta política entra en su tercer año de funcionamiento, historias de estos estudiantes hay muchas. En esta edición retratamos algunas, como la de una joven que vivió en centros del Sename, la de una mujer de 50 años que accede a la educación superior, la de cuatro hermanos estudiando al mismo tiempo con gratuidad, y testimonios de personas que ven a compañeros a quienes no se les ha hecho fácil la carrera por no contar con una buena base.
Para que esta política sea realmente sostenible en el tiempo, es imperativo realizar algunos cambios. Desde el punto de vista de las universidades, en total las instituciones adscritas al sistema han dejado de recibir $38.217 millones en 2016 y 2017, según datos de Acción Educar, producto de los aranceles de referencia que financia esta política.
Otros aspectos también son perfectibles. Muchos critican que sea una política que discrimina a quienes, teniendo necesidades y méritos, eligieron instituciones que no se subieron a la gratuidad. Y_otros cuestionan que se haya comenzado por esta política cuando no se han resuelto temas de base, como la educación escolar.
En suma, una política que si bien busca equiparar la cancha, todavía tiene camino por recorrer.
