La advertencia —no independiente— se hizo al inicio: no era posible tener académicos discutiendo de política.

La llamada Comisión Engel (Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción), creada para tratar de regular el financiamiento de la política, tuvo detractores desde que se anunció, pero el escenario era el menos propicio para oponerse a una instancia de esta naturaleza: los partidos, uno por uno, habían debido desfilar por tribunales tratando de justificar boletas, asesorías (escritas y verbales) y “raspados de olla”.

En ese escenario era difícil cuestionar cualquier medida de probidad. Nadie tomaría esa bandera.

Pero hoy, que enfrentamos la primera parlamentaria y presidencial con este nuevo formato de financiamiento, las críticas toman fuerza y hacen sentido. Los límites impuestos están complicando a los candidatos no incumbentes, quienes, con la dificultad de recaudar dinero, están contando con menos exposición de la que necesitan. Una verdadera traba a la ansiada renovación de la política, un efecto no deseado difícil de reparar a estas alturas.

No cabe duda de que el espíritu de la ley no era discriminar a candidatos, pero el resultado hoy es concreto, medible y, para muchos, perjudicial.

Jonás Preller Roldán
Director
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