El de Leopoldo López es seguramente el nombre que más se escucha como emblema de la oposición venezolana. Es comprensible. La historia de su condena a casi 14 años de prisión tras un juicio que no resiste análisis y la labor de su esposa Lilian Tintori, recorriendo el mundo para denunciar la situación, le convirtieron en el preso político más conocido de los muchos que suma el gobierno de Nicolás Maduro.

Otra imagen es la que ha querido proyectar el aparato de propaganda del Estado. En la versión oficialista, López no es el fundador de un partido político sino el cabecilla de una banda terrorista. En esa versión, López es responsable de las muertes, de los heridos y los destrozos que ocurrieron cuando el 12 de febrero de 2014 una marcha de protesta que llegó a las puertas de la Fiscalía General terminó en violencia. En esa versión, poco importan los detalles: en el juicio a López nunca se le acusó por las muertes —mientras que hay agentes policiales condenados— y tampoco se logró probar ni uno de los delitos que le imputaron.

En esencia, el Estado terminó atribuyéndoles a sus discursos la capacidad casi mágica para inducir a la masa que protestaba ese día a cometer desmanes. Y por eso estuvo más de tres años en una prisión militar.

"El gobierno apostó a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente planteada de tal manera que sus integrantes sean afines al chavismo”.

La madrugada del sábado 8 de julio se puso en práctica la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de otorgar el beneficio de casa por cárcel para López. Y en el estado de crispación nacional —en ese momento sumaban 99 los días de manifestaciones en la calle— la buena noticia rápidamente devino en preocupación y alarma: ¿El partido de López —Voluntad Popular— negoció a cambio de “enfriar” la calle? ¿Se acabará la protesta?

La verdad es que no. Todavía hay puntos grises en la decisión y las gestiones que devolvieron a López a su hogar. De hecho, no está libre: sigue preso. Pero, en todo caso, estos más de 100 días de protesta no han sido para liberar a López. Los muertos de estos meses terribles no cayeron por él.

Las demandas de la oposición se establecieron desde el inicio de esta nueva ola de protestas y van más allá de López. Se enmarcan en una crisis económica y social que tiene al país a la cabeza de los peores indicadores de gestión: la inflación más alta del mundo (por encima de 1.000%), niveles de desabastecimiento de alimentos y medicinas que no bajan de 80%, la segunda tasa de homicidios más alta del planeta con 91,8 por cada 100 mil habitantes; y el triste honor de tener la economía “más miserable” del globo, según el ranking de Bloomberg.

Vivir en medio de tensiones ha sido una constante. De acuerdo a la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre 2012 y 2016 se produjeron en el país al menos 30 mil protestas. En 2014 hubo al menos 9.286 eventos de protesta. En 2015 fueron 5.891. Y en el 2016, ya con el hambre en escena, ocurrieron 9.917, y 118 saqueos o intentos de saqueo.

Desde el 1 de abril de este año y hasta el 9 de julio la ONG lleva registro de 4.182 protestas: el equivalente a 42 cada día. ¿Hay elementos para pensar que esto terminará en el corto plazo? No.

La Mesa de Unidad Democrática —coalición de partidos y organizaciones de oposición— planteó una serie de exigencias a las que el gobierno de Maduro respondió con represión y descalificaciones: adelanto de elecciones presidenciales, realización de elecciones regionales y municipales, liberación de los presos políticos, apertura de un canal humanitario para que el país reciba alimentos y medicinas, la renovación de los poderes públicos y el respeto a su independencia, y la devolución de las competencias de la Asamblea Nacional, que son limitadas y torpedeadas por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha sido acusado de dar un golpe contra el Parlamento.

Lejos de hacer concesiones, el gobierno decidió apostar a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente planteada de tal manera que sus integrantes sean en su mayoría afines al chavismo-madurismo y que, una vez instalada, tendrá facultades por encima de todas las instituciones del Estado. Con esto, Maduro y la cúpula a su alrededor acumularán más poder y control.

La prioridad de la oposición es detener esa Constituyente. Con más calle. Contando con que se active mayor presión internacional. Contando con que aparezcan nuevas fisuras en el chavismo, tal como ocurrió con la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Pero nada se puede dar por hecho. Existe la sensación de lo inminente, de que algo está por pasar.