Cuando el empresario estadounidense Douglas Tompkins comenzó a comprar tierras en el sur de Chile, no fueron pocos sus críticos.

Argumentaban (entre ellos un ex ministro de Estado) que había presionado a los colonos a vender sus terrenos, que sus operaciones estaban rodeadas por un secretismo inusitado y que, de prosperar su apuesta, partiría a Chile por la mitad.

Sus férreos adherentes defendían su cometido. Veían necesaria una intervención privada en la zona. Creían que Tompkins era capaz de ejercer un rol proteccionista que el Estado había olvidado. Que su “sello verde” era una obligación ineludible.

El corolario a esta división pareció haber llegado a su fin el 15 de marzo pasado cuando el gobierno de Michelle Bachelet comprometió la creación de un gigantesco parque nacional de 4,5 millones de hectáreas donde el gobierno aportaría cerca del 90% del terreno y el resto sería cedido por la familia Tompkins.

Fotos, abrazos, felicitaciones, posteos en redes sociales de rostros internacionales ligados al conservacionismo. El medioambiente (sin duda) había ganado.

Pero el acuerdo firmado hoy está cuestionado. Las condiciones que habría negociado (u obviado) La Moneda para este parque tendrían tal nivel de obligaciones que harían prácticamente imposible cualquier actividad productiva en la zona. Además, la conectividad estaría en duda y millonarias inversiones amenazadas.

Hasta hoy no se conocen las implicancias de este acuerdo. Ministerios y el sector privado están en alerta.

De una buena noticia, a un acuerdo incómodo.

Jonás Preller Roldán
Director
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