Sin actos —no había contemplados—será el tercer aniversario del gobierno de Michelle Bachelet.10

Hace tres años, la ex secretaria general de ONU Mujeres asumió el poder en Chile. Era 11 de marzo y había sido reelegida como presidenta, después de un exitoso gobierno (2006-2010.) Había terminado su primer mandato con una aprobación de casi el 80%, en medio del mayor terremoto y tsunami del último siglo.

Ese marzo de 2014 inició un nuevo gobierno lleno de promesas de cambios sociales y políticos. No sería un gobierno de administración ni acompañada de tecnócratas. Esta vez llegaba apoyada por una coalición de centroizquierda que integraba al Partido Comunista.

Sus ministros anunciaron rápido 50 medidas para sus primeros 100 días. El terremoto, esta vez sería político. La modificación del sistema educacional, una nueva reforma tributaria, la descentralización del Estado, la nueva Constitución y la creación de mayores beneficios sociales.

Pero, a los enredos que supuso tamaña transformación política y económica, se vino el caso Caval, en febrero de 2015. El hecho de que un hijo de la presidenta y su esposa fueran beneficiados económicamente con un crédito concedido por un banco privado, y todo lo que de allí surgió, mermó su apoyo ciudadano estrepitosamente.

Ahora comienza la cuenta regresiva y, según las cifras de las encuestas, no hay mucho que celebrar. Según Adimark,  Bachelet cuenta con el 23% de aprobación y el 74% que rechaza su gestión.

No obstante, en La Moneda cuentan que, a diferencia de años anteriores, la presidenta está más tranquila con un comité político afiatado (por primera vez) y en total sincronía con ella.

Hace un año, su ministro del Interior, Jorge Burgos, era la piedra en el zapato de Bachelet. Hoy, en cambio, la relación con Mario Fernández es muy cercana y de absoluta lealtad, aunque  este cuente sólo con el 29% de aprobación pública, según Adimark. La ministra vocera, Paula Narváez, además de ser su secretaria general de Gobierno, es su amiga personal. Nicolás Eyzaguirre, el ministro secretario general de la Presidencia, es una pieza inamovible, pese a las críticas por su gestión. Su permanencia en La Moneda ya dejó de ser tema en la Nueva Mayoría. En los partidos ya se resignaron a que el comité político simplemente “es lo que hay”. Ya no hay tiempo para pedir ni menos exigir cambios.

Tampoco queda espacio para grandes logros de última hora. Lo que Bachelet pretende no es sencillo. Lograr que la gratuidad universitaria sea una ley y no deba ser aprobada, año a año, por glosa presupuestaria.

Ella quiere ser recordada como la presidenta que impulsó la gratuidad para que todos (as) los y las jóvenes con esfuerzo y con talento, puedan acceder a la educación superior.

“Creemos que no es posible que las familias tengan que endeudarse o los chiquillos no puedan ingresar a la educación superior porque no cuenten con los recursos”, dijo la mandataria esta semana al visitar en su casa en Colina a Sujey Jara, ex alumna del colegio municipal Instituto Chacabuco de Colina, beneficiaria de la gratuidad  y futura estudiante de Psicología de la Universidad de Chile.

Este año, cerca de 94 mil jóvenes obtuvieron la gratuidad, cifra que aumentará una vez que termine el proceso de apelación y cierre de las matrículas, y que se suma a los más de 140 mil alumnos beneficiados durante 2016.

Otra de las leyes de última hora que quiere sacar es la nueva institucionalidad para la Conaf, que hizo agua en los incendios de este verano.

“Este será un año político difícil”, ha advertido Bachelet en el último tiempo, refiriéndose a que las próximas elecciones parlamentarias serán las primeras con un nuevo sistema proporcional que pocos conocen. Más candidatos, más parlamentarios,

menos distritos, nuevos distritos, refichaje, porcentaje de candidatas mujeres...

Se prevé, además, una reñida elección presidencial, donde su gobierno volverá a estar en cuestión. Y donde la Nueva Mayoría pondrá a prueba la lealtad que tiene con ella al momento de aprobar sus últimas leyes. Una tarea nada fácil para un conglomerado en permanente estado de tensión.

Bachelet tiene unas pocas certezas, aunque no sean tantas. Terminará su mandato con bajo apoyo, en torno al 30%. Cuando termine, deberá permanecer en Chile por seis meses, tal como la ley le exige a los ex presidentes, pero existen grandes posibilidades de que consiga un alto cargo en el extranjero. Ya ha recibido algunas ofertas. No ofertas, pero la han tanteado.