La sociedad chilena, con un ingreso per cápita de US$ 25.000 por paridad de compra según el Fondo Monetario Internacional, mantiene una estructura laboral profundamente regresiva, donde la mitad de sus trabajadores percibe ingresos menores a $ 350.000 mensuales, según cifras oficiales.

Esta realidad es uno de los pilares de la desigualdad en Chile, la que está expresada también en la existencia de 1.800 liceos sin agua caliente y en la necesidad de reponer la capacidad de atención de al menos treinta hospitales en el sistema público, a 26 años de recuperada la democracia.

Estas inequidades, registradas en censos, encuestas y estudios, están probablemente en el origen de la crisis de representatividad del sistema político y, paulatinamente, del modelo social desarrollado las últimas décadas, basado esencialmente en la provisión privada de bienes y derechos públicos.

Independientemente de quién asuma como el futuro presidente del país, sea Sebastián Piñera, Ricardo Lagos, Alejandro Guillier, Isabel Allende o cualquier otro, la tarea política, social e institucional a acometer es enorme y no bastará con una personalidad que apele al orden o al crecimiento.

La economía chilena, según el Fondo Monetario se expandirá por debajo del 3,2% hasta el final del próximo gobierno, período en que la inflación debiera estabilizarse en torno a un 3,0%, pero con un desempleo subiendo a promedios anuales de hasta 7,5%, según el mismo organismo multilateral. Todo ello, con una inversión estancada en un 22% del PIB. Es decir, un escenario social igual o peor que el actual y sin aires de recuperación en la economía internacional, complicada por los vaivenes políticos en América Latina y las secuelas de las guerras petroleras y las crisis migratorias en Europa y EE.UU.

Chile, donde según el Banco Mundial el 0,1 % más rico acapara el 19,5% de los ingresos, enfrenta por ende la necesidad de hermanar un nuevo pacto de desarrollo con niveles crecientes de igualdad. Sin embargo, para quien sea el próximo presidente el problema es que no hay espacios políticos para una nueva reforma tributaria ni holguras mayúsculas en las perspectivas de crecimiento.
No hay financiamiento, al menos en sus vertientes tradicionales. ¿Será la Ley Reservada del Cobre la fuente de esos recursos?

Un segundo desafío para el próximo gobernante será determinar un programa social abordable. Descontado por obvio el objetivo de obtener los mejores indicadores económicos posibles, la tarea estará centrada en resolver demandas que aglutinan hoy fuertes presiones sociales y que auguran ya futuras complicaciones de no ser resueltas.

Urge impulsar reformas que nos permitan dejar de ser uno de los países más desiguales del mundo, por tanto una de las democracias más imperfectas de Occidente.

El primer desafío será consolidar un sistema gratuito de educación pública en todos sus niveles que considere fuertes aportes en infraestructura que incentiven la recuperación económica.