El Estado chileno destinará unos 5.200 millones de dólares a gastos en la Defensa nacional este año, sumados los fondos asignados al ministerio del ramo, el pago de pensiones a uniformados y la polémica Ley Reservada del Cobre.

Si nada cambia, el Fisco destinará más de 50.000 millones de dólares a este sector en diez años, cifra que equivale a seis reformas tributarias.

Más allá del necesario gasto militar, las cifras esconden algunos datos polémicos. De los futuros 50.000 millones de dólares destinados a temas de defensa, sólo 3.500 millones de dólares serán ejecutados, en principio, en la compra y mantención de armas. El resto financiará pagos de pensiones y sueldos, esencialmente. En cifras concretas, el presupuesto aprobado este año por el Congreso asignó 1.164.318.519.000 pesos a Capredena. Al dólar observado de estos días esto equivale a 1.737 millones de dólares.

El natural envejecimiento poblacional, que también afecta a los uniformados, sólo acrecentará este gasto en el futuro, sobre todo porque los militares, marinos y aviadores jubilan máximo a los 55 años. Este año, además, el presupuesto del Ministerio de Defensa considera gastos en personal por más de 1.640 millones de dólares.

Siguiendo el desglose, este año el Estado destinará entre 800 y 900 millones de dólares a la compra de armas a través de la Ley Reservada del Cobre, norma que obliga a Codelco a entregar el diez por ciento de sus ventas al exterior a este ítem. De ese monto, sólo unos 300 millones de dólares serán ejecutados en adquisiciones bélicas. El millonario saldo que queda engrosará el Fondo de Contingencia Estratégica, administrado en secreto por el Banco Central, como establece la Ley.
Este último fondo acumulará este año unos 5.500 millones de dólares, cifra que ascendería a unos 8.000 millones de dólares a fines del próximo gobierno. Es decir, el costo de una reforma tributaria.

Estos recursos no están asociados a ningún gasto, esto es central en cualquier análisis. Son excedentes que son depositados en el extranjero, porque no tienen ninguna asignación definida. Es como si el Congreso hubiera aprobado una reforma tributaria para que la presidenta Bachelet sacara el dinero recaudado en el país, para aposarlo en bonos y bancos de Estados Unidos.
Los montos involucrados son enormes y las necesidades sociales también. Es necesario mejorar el gasto en adquisiciones bélicas, pero al mismo tiempo utilizar con sensatez los excedentes de la Ley Reservada del Cobre.

Es perfectamente posible elevar a 400 millones de dólares anuales el gasto en armas y mantención de las mismas. Pero también es posible y urgente destinar los excedentes de la Ley Reservada del Cobre a iniciativas que fortalezcan estratégicamente el país. Eso también es parte de la defensa.
Los últimos días, diversas voces apoyaron la idea de debatir estos temas, entre ellos el ex presidente Sebastián Piñera, el senador Andrés Zaldívar y el ministro del Interior, Mario Fernández.
Los 8.000 millones de dólares en excedentes que acumularía la Ley Reservada del Cobre a fines de 2021 obligan a pensar en iniciativas estructurales.

Por ejemplo, destinar 5.000 millones de dólares a financiar tanto la reposición de al menos 20 hospitales que requiere el sistema público de salud, como a construir 30 liceos de excelencia en cada región del país.
Además, apoyar la agricultura y la seguridad hídrica, levantando 15 embalses con un costo de 1.000 millones de dólares.

Y aun así quedarían unos 2.000 millones de dólares para apoyar iniciativas en ciencia y tecnología o en sectores largamente postergados, como el Sename.
Es decir, estos miles de millones de dólares pueden apuntalar un vigoroso programa de infraestructura social y medioambiental, empujando, al mismo tiempo, la economía real, en momentos de crisis política y estancamiento económico.