Aunque ya han pasado más de 6 meses desde que estallara el caso Jadue, siguen apareciendo nuevos antecedentes acerca del desorden y descontrol en el que estaba sumida la ANFP bajo el liderazgo del ahora autoexiliado ex presidente del fútbol chileno. Esta revista publicaba la semana pasada extractos del informe de los auditores externos contratados por la nueva mesa directiva presidida por Arturo Salah.

En ese informe se ilustraban situaciones insólitas como la contrataciones millonarias para remodelación de su casa particular, gastos en arriendos de aviones privados para traslados de él y su familia, contratación de asesores legales en Chile y USA para defensa personal por la investigación del FBI, y los más de $1.600 millones de supuestos préstamo a clubes, repartos de dineros del CDF y de ingresos de la Copa América que sin embargo se terminaron depositando a personas naturales distintas de los clubes y sin que se conociera la mínima justificación. Serán los tribunales quienes determinen la responsabilidad que les cabe por tales hechos.

Pero Jadue no estaba solo en la dirección de la ANFP. El presidía un directorio que estaba compuesto por otros 6 integrantes. Por eso, frente al accionar sin contrapeso de Jadue, sigue abierta una pregunta transversal en hinchas y la opinión pública: ¿Dónde estaba el resto de los directores no involucrados en el fraude que debieron haber contrarrestado y controlado los arrebatos financieros del expresidente?

Es cierto que todos somos generales después de la batalla, pero pareciera que este es un caso en que los directores pudieron haber sido mucho más diligentes en su función. Porque ¿qué puede ser más pertinente, más esperable, más propio de un directorio que ejercer labores de control, monitoreo y supervisión de la gestión financiera de un presidente, sobre todo uno que se sentía omnipotente? ¿no debieron haber puesto especial atención a controlar la gestión de gerentes que seguían sin chistar las órdenes de Jadue? ¿no debieron los directores haber preguntado y chequeado la justificación de gastos millonarios?

“Es que era muy difícil saber lo que estaba ocurriendo porque no había información disponible”, dirá como excusa más de alguno de los directores. Entonces, si faltaba información esencial para la buena marcha de la organización, lo razonable y diligente era haber exigido que se generara al más breve plazo.

“Es que los gerentes no mostraban disponibilidad para cumplir más que las órdenes de Jadue”, dirán otros. Entonces lo prudente y mínimamente responsable habría sido renunciar junto con denunciar públicamente que no estaban las condiciones para cumplir con la función que la ley le encomienda a un director.

Ser director de sociedad anónima —o de una asociación tan relevante y públicamente expuesta como la ANFP— trae aparejado una serie de deberes y obligaciones legales que no siempre resultaron conocidos para quienes ejercen esas funciones.

Reconozcamos que hace 10 o 15 años se podía argumentar que los directores no tenían total conciencia del rol que les cabía. Sin embargo, después de varios casos de fraude de alta connotación pública —como La Polar— en donde ha quedado en evidencia la falta de supervisión que los directorios tuvieron frente a fraudes en las organizaciones, resulta poco entendible que miembros del directorio de Jadue no hubieren tenido conciencia de los deberes que les correspondían ni de la diligencia que debían emplear para fiscalizar y cumplir con su deber de cuidar los intereses generales de la ANFP.

Por eso la declaración más difícil de entender son las excusas que frente al fraude argüía un ex director de la era Jadue cuando señalaba que “confiamos en que las cosas se estaban haciendo como yo estoy normalmente acostumbrado a que ocurran”. Una declaración que no se condice con el mandato que los propios estatutos de la ANFP le señala a todos los directores —no sólo al presidente— al establecer que deben “dirigir la Asociación y administrar sus bienes en el ámbito de sus objetivos”. Fíjese en el verbo que utiliza: dirigir. Un mandato fuerte, claro e irrenunciable. Un mandato similar al que establece la ley de sociedades anónimas para el directorio.

Un mandato que sobretodo debió ser ejercido cumpliendo los deberes de lealtad y cuidado que todo director debe observar. En este caso, lealtad para velar por el interés general de la ANFP y no el de algunos clubes afines a Jadue. Cuidado para controlar los recursos de la ANFP y no permitir que se hubieren malgastado en beneficio personal de unos pocos.

¿Cumplieron con su deber de cuidado los directores de la era Jadue?

Detengámonos un segundo en el deber de cuidado que deben emplear los directores, porque probablemente es un factor central para dimensionar los alcances de la responsabilidad de quienes ejercían este rol. La ley chilena la hace exigible a todos quienes ejercen roles de administración fiduciaria a nombre de terceros, como es el caso de los directores que administraban la ANFP a nombre de los clubes profesionales. Pues bien, la ley señala que deben ejercer su función de administración con “la diligencia que los hombres emplean ordinariamente (comúnmente) en sus negocios propios”.

Aunque siempre ha habido debate sobre hasta dónde llega el cuidado exigido de lo “ordinariamente (comúnmente)”, la evidencia es clara en mostrar que los directores de la era Jadue no usaron la misma diligencia para fiscalizarlo que la que utilizan en sus propios negocios.