Hay frases pensadas, repetidas y recitadas hasta el cansancio que no significan nada. Y las hay, en cambio, lanzadas apenas al pasar, que lo dicen todo.
Esta semana, tras publicarse en Qué Pasa su intercambio de mails con el hombre de las platas de SQM, Patricio Contesse, Pablo Longueira publicó una columna en El Mercurio. En ella repite los ejercicios retóricos que nuestros políticos han vuelto una letanía.
Primero, nos cuenta de sus sentimientos de "dolor", "destrucción de la honra" y "sufrimiento personal y familiar". Todas emociones tan humanamente comprensibles, como políticamente irrelevantes.
Luego, se niega a explicar su conducta, diciendo que guardar silencio es "mi obligación ante mi familia, mis amigos y ante quienes fueron mis partidarios y detractores". El silencio es una herramienta válida ante un fiscal, por cierto, pero totalmente inaceptable ante la ciudadanía.
Tal como lo han hecho políticos de todos los sectores, el ex senador confunde su estrategia de defensa judicial con su responsabilidad ante los 318.434 chilenos que votaron para ungir a Longueira (a él, no a sus abogados) como su representante, y que hoy merecen una explicación detallada de su actuar.
Una explicación política, no judicial. Porque este —tal como Caval, Penta o Corpesca— es un asunto de responsabilidad política, no de leguleyadas.
Concordar. ¿Es esa la función de un parlamentario? ¿Concordar con las grandes empresas qué impuesto tienen a bien pagar, y a cambio de qué? En este caso, los involucrados lograron bastante: que se les garantizara invariabilidad tributaria hasta 2023, que no se les aplicara un royalty, sino un impuesto específico con nombre de royalty; y que este dependiera de sus utilidades.
Exactamente lo que Contesse pedía a Longueira en su mail. "Pablo lo más complicado es que se busque un royalty a futuro en función de las ventas y no de las utilidades". Esto, tras ser puesto sobre aviso "en la reserva de nuestras conversaciones" del "texto privado" en que otro senador presentaba su propuesta de royalty.
Y así se hizo. El concordato (esta vez no con el Vaticano, sino con las mineras) se convirtió en ley. Las empresas incumbentes no contaban con el pío argumento de la fe para extraer concesiones del Estado de Chile. Su herramienta de negociación era bastante más secular. Como sabemos, la billetera de Contesse fue ecuménica, tocando a políticos sentados tanto a la izquierda como a la diestra del Señor. SQM entregó a proveedores cercanos a Pablo Longueira (hijo, ahijado, concuñada, y sus fundaciones) $730,5 millones.
Como cuento en el libro Poderoso Caballero, hay muchos más casos de leyes «concordadas» entre las autoridades democráticas y los dueños del dinero, financistas a su vez de esas autoridades y de sus campañas. Por dar solo un par de ejemplos: la reforma tributaria de 1993 y la ley de pesca de 2012.
Y hay más correos, claro. Se indagan los vínculos entre esas conversaciones y los pagos que ocurrieron simultáneamente (entre 2009 y 2015). Intentando prevenir el daño, desde el círculo cercano al ex senador se ha hecho trascender que hay mails entre Longueira y Contesse en que ambos amigos se tratan de "mi coronel" y "mi general".
