Por Arturo Orellana, académico IEUT, UC Abril 23, 2015

La figura del alcalde mayor, para algunos, es la respuesta para afrontar los males que afectan el desarrollo de las áreas metropolitanas en Chile, como la segregación, fragmentación, problemas de accesibilidad, congestión, delincuencia, entre otros.  Esta posibilidad ha sido planteada en forma reiterada, en el marco de la discusión sobre planificación urbana y descentralización regional en los últimos años. Especialmente ha surgido en las mesas de trabajo que fueron promovidas para redactar la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), iniciativa  impulsada y promulgada por el presidente Piñera. Y también ha estado en las comisiones de regionalización y desarrollo urbano que el actual gobierno de la presidenta Bachelet impulsó en este segundo mandato, donde la primera comisión ya entregó sus resultados y la segunda ha ido evacuando progresivamente propuestas.

No obstante, los problemas de planificación y gestión de nuestras áreas metropolitanas, a nuestro entender, obedecen más a una falta de institucionalidad metropolitana adecuada que a la ausencia de un alcalde mayor, ya que la institucionalidad regional y local carece de una estructura y autonomía necesaria que le permitan en propiedad direccionar el desarrollo urbano y territorial de sus grandes ciudades sin tener que someterse a los lineamientos de la política sectorial promovida desde el nivel central de gobierno.

Si bien las experiencias internacionales emblemáticas, como la de Livingston en Londres (2000-2008) y  Peñalosa en Bogotá (1997-2001), aportaron sustantivamente al desarrollo de sus ciudades bajo la figura de un alcalde mayor, también figuras como Maragall en Barcelona (1982-1997) y Fajardo en Medellín (2004-2007) hicieron lo suyo sin serlo. Estos últimos operaron desde plataformas institucionales que comprometían la participación de otros municipios insertos en el área metropolitana, sobre la base de un modelo de agencia para la planificación y gestión.

Si nuestro propósito es mejorar la calidad de vida en las áreas donde se observan importantes niveles de inequidad social, económica y ambiental, esto nos obliga a estructurar cierto orden institucional relacionado con la gobernabilidad, planificación y gestión que deben ser debidamente alineadas. Es decir, se precisa concentrar en una autoridad metropolitana parte significativa de la toma de decisiones sobre las orientaciones respecto al desarrollo urbano (gobernabilidad), la generación de instrumentos para llevarlo a cabo (planificación) y la operación de las iniciativas (gestión), hoy dispersas entre varios niveles de gobierno y ministerios.

Para eso, resulta inviable e inadecuado insistir en un alcalde mayor para la áreas metropolitanas en Chile, pues precisa reformas sustantivas a nuestra Constitución, así como de otras modificaciones a diversas leyes  constitucionales. Sobre todo cuando la apuesta del Ejecutivo es fortalecer la figura del intendente, promoviendo una mayor descentralización política a escala regional en el país.

Ante el desafío de las áreas metropolitanas, la propuesta actual del Ejecutivo, si bien es un primer paso, resulta insuficiente, considerando que las reformas del 2009 posibilitan hoy crear una figura institucional intermunicipal como una Agencia de Planificación y Gestión Metropolitana. 

En definitiva, no necesitamos un alcalde mayor, sino una mejor institucionalidad metropolitana, consistente con nuestra tradición de gobierno, donde los gobiernos regionales y locales construyan agencias en ese propósito.

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