La narrativa oficial se desmoronó tan rápido que ahora no queda otra que pensar que estaba prendida con alfileres.
México, el país más emergente de los emergentes, la nación del presidente reformador y telegénico, de repente se encontró con su rostro más oscuro. Ya ha pasado más de un mes y medio y todavía no se anima a mirarlo de frente.
La muerte casi segura de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre sucedió en un país que ya viene un poco insensibilizado a las tragedias. Después de todo, hace cuatro años aparecieron 72 migrantes muertos en un rancho. Hace tres, 52 personas murieron quemadas en un casino incendiado por extorsionadores. Los muertos de a decenas no son novedad.
Lo distinto esta vez es que el gobierno de Enrique Peña Nieto había logrado mover el foco de la conversación sobre México, dentro y fuera del país, de la inseguridad al crecimiento económico. Y que los autores de este acto de violencia parecen haber sido funcionarios del Estado, desde un alcalde y su esposa hasta policías municipales.
La sensación hoy es que el gobierno estaba ganando la batalla de la percepción, pero la realidad tenía otros planes. La narrativa es de un Estado de Derecho agujereado por varios lados. La conclusión es que México todavía necesita una democracia mucho más fuerte que la que tiene.
El caso Ayotzinapa -el nombre del pueblo donde está la escuela normal rural donde estudiaban los 43- llegó para desviar la atención del caso Tlatlaya. En éste, militares mexicanos están acusados de ejecutar a 15 personas tras un tiroteo. Sería la primera vez que se demuestra un abuso tan grave de las Fuerzas Armadas, que en este país son muy populares, a diferencia del resto de América Latina.
Llegó, entonces, Ayotzinapa y generó un movimiento social muy fuerte, con marchas y protestas en todo el país. Todos los días vemos algo que se quema. Hoy son automóviles en el estacionamiento del Congreso del estado de Guerrero, el estado epicentro de la crisis. El sábado pasado fue la puerta principal de Palacio Nacional, la sede del gobierno federal. Todos los días, en Guerrero, los manifestantes queman edificios de gobierno o saquean supermercados o bloquean carreteras y hasta el aeropuerto.
Peña Nieto no reaccionó, no salió a ponerse delante del tema. Dejó pasar un mes antes de recibir a los padres de los estudiantes desaparecidos. Y, cuando lo hizo, éstos se fueron insatisfechos por la falta de respuesta.
Me tocó escuchar su discurso en una cumbre anual de empresarios a fines de octubre. Dio sus líneas habituales sobre el crecimiento y las reformas -es un orador de manual, jamás se aleja del guión-, pero apenas mencionó el tema seguridad y lo hizo con frases llenas de formalismos y de verbos impersonales. Los mexicanos usan un lenguaje indirecto que no asigna responsabilidades al sujeto, y Peña Nieto es un gran ejemplo.
“Es necesario que se redoblen esfuerzos para asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho”, dijo.
“La justicia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos” deben ser “prácticas efectivas en todo el país”, dijo.
Es un ejemplo del estilo de comunicación del presidente y su Partido de la Revolución Institucional, que en el siglo XX gobernó México durante siete décadas en lo que Mario Vargas Llosa bautizó como “la dictadura perfecta”. En general, el gobierno tiene su guión, su narrativa oficial, y no se despega de ella para responder a la coyuntura. El PRI en el gobierno se mueve como un transatlántico que no se desvía por escollos menores. Para la presidencia, percepción es realidad.
Las críticas han llovido de todos lados. La junta editorial de The New York Times se acaba de sumar con un texto durísimo en que acusa que el gobierno mexicano no brinda seguridad, legalidad ni justicia a su población.
Ayotzinapa y Tlatlaya, dice el diario, “son parte de un patrón. Unas 22.000 personas han desaparecido desde que comenzó la ola de violencia del narcotráfico en 2006 y 100.000 han muerto desde 2007 por violencia relacionada con el crimen organizado. Una investigación de Human Rights Watch en 2013 descubrió que en 149 de 250 casos de desapariciones había ‘evidencia convincente’ de que agentes del Estado estuvieron involucrados”.
Y más encima, el fin de semana pasado, poco después de que el gobierno suspendiera extrañamente la licitación de un tren que ganó una empresa china, la única que no se retiró del proceso, el sitio de noticias de la periodista Carmen Aristegui difundió una bomba. La esposa del presidente, ex actriz de telenovelas conocida como “la Gaviota”, tiene una casa de siete millones de dólares en el DF, registrada a nombre de una empresa que pertenece a uno de los socios de los chinos en esa licitación. Es como si Michelle Obama tuviera una casa pagada por Halliburton, plantea un ex funcionario de la presidencia anterior en Twitter.
Violencia de Estado, violencia de la población, sospechas de corrupción e impunidad al nivel más alto. Un cóctel como éste podría hacer tambalear al gobierno de cualquier otro país latinoamericano.
En México, un país sin vicepresidente donde los sexenios presidenciales se cumplen a rajatabla desde hace años, no hay antecedentes cercanos de algo así y, ahorita, no es imaginable que suceda.
También es un país un poco insensibilizado a los escándalos.
