En temas de competencia, tradicionalmente nuestra mirada se centra en las malas prácticas de empresas existentes. El reciente caso pollos es ilustrativo de esto. También aplaudimos cuando el regulador define un determinado set de reglas para promover la competencia, típicamente en sectores regulados. Es, por ejemplo, lo que sucedió en 2013 con el proceso tarifario de cargos de acceso en telefonía móvil en el que, gracias al actuar de la autoridad y la entrada de dos nuevos actores, dichos cargos cayeron en un 70%.
Pero hay una arista tremendamente importante que solemos olvidar: la existencia de restricciones legales que limitan la competencia. Un caso emblemático es el de Airbnb, el exitoso sitio de internet que permite a las personas arrendar sus hogares para fines turísticos. En Nueva York, su aplicación se vio limitada por una ley ad hoc hecha para proteger a los hoteles. En Chile también tenemos nuestros propios Airbnb. Veamos algunos.
Uno reciente es cumplo.cl, la plataforma virtual que junta a personas que demandan y ofertan crédito, introduciendo competencia y una baja en las tasas finales. Si bien la figura no es muy distinta a un contrato de mutuo que cualquiera puede hacer en una notaría (pero bajo una plataforma mucho más eficiente y masiva), el disruptivo modelo de negocios de la página web se encontró con nuestro sistema legal y una serie de dificultades.
En el plano financiero, nuestra legislación segmenta artificialmente el mercado del crédito de consumo y limita la competencia. Esto, porque en un sector tan relevante como el retail, sus deudores no pueden hacer uso de su historial de pago para acceder a condiciones más competitivas en la industria bancaria. Entramos al tercer gobierno en que sigue sin aprobarse el proyecto de ley que soluciona este problema y cuya conveniencia ha sido recordada por el propio Banco Central.
Incluso nuestros mares son sujeto de un blocaje legal que limita la competencia en el cabotaje marítimo. Por ley, el transporte de carga entre puertos nacionales está reservado exclusivamente a navíos chilenos. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se intentó la apertura de este mercado a barcos extranjeros, lo que hubiera intensificado la competencia y redundado en menores tarifas. Pero la iniciativa no estuvo ni cerca de pasar el test de nuestro Congreso.
Otro ejemplo de manual es el ya emblemático mercado de notarios y conservadores, cuyo número es fijado por ley sin mediar competencia alguna ni en precios ni en calidad de servicio. Todas las iniciativas legales por abrir ese mercado han fracasado, curiosamente. Hoy el gobierno acaba de anunciar un nuevo intento, pero que no ataca el problema de fondo: la falta de competencia. En la era digital, ¿será muy descabellado pensar en validar la firma electrónica y permitir la emergencia de notarías virtuales que compitan por precio?
Para quienes creemos en el mercado como asignador de recursos, la competencia es el valor supremo a cuidar. Se trata de una condición necesaria no sólo para la eficiencia, la innovación y el mayor bienestar de los consumidores, sino que también para la legitimidad del modelo de mercado. Por eso, las situaciones que atentan contra la competencia deben ser inequívocamente condenadas. A nivel de las malas prácticas de los operadores existentes, pero también de la serie de restricciones legales que la limitan.
