El debate se encendió con los cambios a la Ley de Violencia en los Estadios impulsados por la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. La dirigencia del fútbol chileno rechazó las modificaciones que elevan las responsabilidades y obligaciones de los clubes, aumentando la injerencia en el espectáculo futbolístico de los intendentes.

Rápidamente los principales equipos de Primera A le pidieron a la ANFP actuar para detener el cuerpo legal. En Quilín se movieron de inmediato, rechazando los puntos más conflictivos del proyecto y comunicándole a la opinión pública la recepción, muy oportuna por cierto, de sendas misivas de las autoridades de la FIFA y la Conmebol mostrando “su preocupación por la posibilidad de que el poder político intervenga directamente en el fútbol chileno”.

La carta incluía, obviamente, la amenaza de “suspender a Chile de cualquier competencia internacional y quitarle la organización de la próxima Copa América” si fructificaban las ideas de los legisladores.

La ANFP jugó rápido el as que poseen las 209 federaciones afiliadas a la FIFA cuando se sienten amenazadas por la legislación ordinaria. El mensaje es siempre el mismo y atemoriza: si se meten en la institucionalidad futbolística caerá el yugo de la FIFA.

“No permitiremos ningún tipo de chantaje”, dijo el intendente de Santiago, Claudio Orrego. Con el correr de las jornadas y la visita de Sergio Jadue a la Comisión de Deportes en Valparaíso, la tensión se fue descomprimiendo. Ambas partes acordaron revisar los puntos en conflicto y todo indica que se llegará a un consenso.

Más allá del destino que tenga esta polémica en particular, la advertencia hecha por la ANFP demuestra la autonomía con que se manejan las federaciones de fútbol en el mundo. Todo se basa en la sólida estructura de poder internacional que ha construido la FIFA.

Para ser aceptado como miembro del organismo, las federaciones locales deben suscribir y respetar todos los estatutos del ente rector del fútbol mundial. Es precisamente en los estatutos donde aparece la clave que convierte a la FIFA en un gigantesco, poderoso e intocable órgano transnacional: las federaciones locales deben funcionar únicamente bajo la jurisdicción de reglamentos y tribunales deportivos, quedando absolutamente prohibida la intromisión de las autoridades políticas o de los tribunales ordinarios en los asuntos futbolísticos. En caso de no respetar esa premisa, una federación local puede ser suspendida, quedando su selección nacional excluida de cualquier competencia internacional.

Ese dogma parece inútil en un Estado soberano, con leyes que están por sobre los reglamentos de una corporación privada como la ANFP. Sin embargo, la FIFA tiene una llave maestra que utiliza cuando ve que alguno de sus asociados está acosado por la autoridad. Lo que esa llave abre es el flanco de la pasión y popularidad del fútbol, amenazando a los hinchas de un país con quitarle la posibilidad de ver competir a su selección en los grandes eventos. En resumen, lo que se logra es indisponer ante la opinión pública a quien se atreva a desafiar el poder del fútbol. La FIFA mantiene inmunes a sus asociados con el cuento de que “viene el castigo”, traspasando un costo político y de popularidad inmanejable para quien se empeñe en hacer prevalecer el estado de derecho por sobre el futbolístico.

Así, tal como en el cuento del lobo, el cuento del castigo sirve para mantener ese poder paralelo que ha construido la maquinaria de la FIFA en todo el mundo.