En el mismo seminario Icare en que el ex presidente Lagos llamaba a promover las inversiones privadas en asuntos públicos, Máximo Pacheco se quejaba que la mayoría de las empresas eléctricas pagan sus patentes en Las Condes. Ante este signo de la escasa inversión corporativa en regiones, el ministro de Energía anunciaba una nueva ley “de asociatividad”.

Un siglo atrás, un ex alcalde de la ciudad de Cleveland se planteó otro desafío con fines similares: crear un mecanismo para que los empresarios que hubieran nacido o desarrollado sus negocios hicieran donaciones para el desarrollo de su región de origen. En 1914, Frederick Goff creó el primer  community trust dando inicio a las community foundations, organizaciones sin fines de lucro que canalizan aportes privados (con incentivos tributarios) para las necesidades sociales de su zona. Hoy, el modelo suma unas 2.450 en el mundo y en Estados Unidos atrae importantes donaciones (a modo de ejemplo, Mark Zuckerberg hizo una histórica donación equivalente a mil millones de dólares en acciones de Facebook a la Silicon Valley Foundation).

En Chile, en las próximas semanas, la comisión asesora de descentralización entregará a la presidenta Bachelet sus propuestas, entre ellas, la elección directa de intendentes, mayor decisión regional sobre recursos fiscales y una ley de rentas regionales. Lo que no se sabe aún es si el recetario regionalizador incluirá mecanismos de cooperación público-privada, incentivos a las inversiones sociales de empresas y, por qué no, a legados de empresarios para sus ciudades de origen, entre otros instrumentos que respondan a una visión de responsabilidad compartida en tamaña tarea de forma que todos los actores sociales se sientan convocados.

En 2009, la OCDE publicó el Estudio Territorial de Chile, señalando la necesidad de adoptar “una perspectiva regional más firme con respecto al desarrollo económico”. Llevando a la práctica esta perspectiva, basta recordar lo que ya han avanzado varias ciudades en el país, desarrollando modelos que incorporan incentivos a los privados, participación ciudadana en la definición de las inversiones e instrumentos de alianzas público-privadas de largo plazo y que están demostrando tener impacto no sólo en el ámbito económico sino también en el social.

En 2008 a través de un convenio entre la Municipalidad de Panguipulli y la Corporación de Adelanto de la comuna, privada y sin fines de lucro, se estableció una tasa diferenciada que incentivaba a los veraneantes de alto patrimonio a trasladar el pago de patentes de sus sociedades comerciales a la comuna, creando con ello un fondo que en cinco años ha aportado más de dos mil millones de pesos al erario municipal que se destinan a programas de educación, mejoramiento urbano, turismo, cultura, entre otros objetivos comunes entre el municipio y la corporación.

Unos años después, surgió el consorcio Calama Plus, fruto de la bullada demanda ciudadana por una mejor calidad de vida en el epicentro de la explotación del cobre. El modelo ha incorporado en forma bastante inédita el proceso de participación en la priorización de programas de desarrollo, lo que ha permitido coordinar los recursos públicos y privados para llevarlos a cabo, apuntando a una variable que parece fundamental también a la hora de hacer la diferencia: la perspectiva del mediano plazo, incluso trascendiendo los cambios de gobiernos.