El gobierno aún no terminaba de reponerse luego del balde de agua fría que trajo la CEP, y le cayó Adimark con cifras más deprimentes. ¿Por qué se ha deteriorado la aprobación al gobierno?, ¿qué se está haciendo mal?, ¿es sólo la desaceleración lo que explica este resultado? Claramente no. Y ni siquiera es un problema de diseño comunicacional como lo quieren disfrazar algunos. Es un problema de fondo. Mientras la elite se polariza, la ciudadanía muestra evidentes características de moderación. La responsabilidad, en gran parte, recae en un grupo de autodenominados intelectuales que vio en las marchas y en la efervescencia social el caldo de cultivo para declarar un nuevo ciclo político en Chile y un gobierno con aspiraciones refundacionales, incluida una Asamblea Constituyente.

No es casualidad que un instructivo reciente del gobierno haya llamado a “des-reformizar” la agenda. Era obvio. Muy tempranamente los tomadores de decisiones “compraron” un argumento falaz de este mundo intelectual. Primero, que en Chile la gente estaba ávida de participación. Segundo, que las movilizaciones habían cambiado todo el escenario político. Tercero, que Chile avanzaba rápidamente hacia un nuevo ciclo refundacional. Cuarto, que la gente reclamaba por más libertades y no necesariamente por mayor orden. Esto, dicho en términos coloquiales, fue venta de humo. No hay evidencia empírica alguna que apoye estas declaraciones de principio. El problema es que el gobierno “compró”, y ahora no sabe cómo salir del embrollo.

Es falso que la gente quisiera participar más. Y no me refiero sólo a la arena electoral, donde varios agoreros señalaron que la participación aumentaría con el voto voluntario; incluso anunciaron una participación electoral histórica. Es cierto que fue histórica, pero hacia abajo. En la segunda vuelta de 2013 apenas participó cerca del 42%. Luego, no hay indicios de una mayor participación no electoral posterior al ciclo de marchas y protestas. Al comparar 2010 y 2013 (considerando que 2011 y 2012 fueron años de mayor protesta), la desafección con partidos era, según la encuesta UDP, de 74% en 2010 y 73% en 2013. La desafección con coaliciones pasó de 68% a 65%, y la tasa de no identificados en el eje izquierda-derecha varió de 44% a 38%. ¿Cambió Chile? Si en 2010 un 5% declaraba haber firmado una petición a las autoridades, en 2013 esa cifra fue de 6,1%. El porcentaje de personas que expresaba su opinión a través de las redes sociales pasó del 7,7% al 10,7%, mientras que la porción de encuestados que declaró participar de manifestaciones en la vía pública pasó de 4,7% en 2010 a 10,7% en 2013. Esto último es obvio. Hay mayor declaración de participación en manifestaciones porque hubo más jornadas de protesta. La pregunta sigue en pie: ¿cambió Chile?

Respecto a las movilizaciones, los datos del Observatorio Social de América Latina (CLACSO) permiten sostener la tesis del comportamiento cíclico del movimiento estudiantil. El problema es que este ciclo estuvo fuertemente determinado por los períodos de vacaciones. La protesta descendió en julio y septiembre, para prácticamente desaparecer desde diciembre hasta abril del año siguiente. Lo grave es que varios vieron en estas movilizaciones el fin de un ciclo y el inicio de una mal concebida democracia participativa. La elite cayó en la trampa. Era fácil caer en ella. Los intelectuales, cometiendo un evidente error de sesgo, se dedicaron a observar marchas. El resultado era el esperable. De tanto observar marchas, nos terminamos convenciendo que las marchas lo explicaban todo. ¿Se observaron eventos de “no marcha”?, ¿se consideró la opinión y las expectativas de quienes no marchaban? Claramente no. Y ahí está el dilema. La elite se polarizó en función de un solo eje. Las consecuencias están a la vista. Este discurso iluminado hoy choca con la verdadera realidad. La economía se desaceleró, el desempleo va al alza, los precios de los alimentos probablemente también suban. El fanatismo inicial se enfrenta a la cruda realidad de la gente común y corriente.

Por último, está la tensión entre orden y libertad. La ciudadanía, según la encuesta UDP de 2013, prefiere (casi en un 60%) un gobierno que garantice el orden, a un gobierno que garantice las libertades individuales. La elite congresista, en tanto, y en un estudio aplicado a 136 diputados y 28 senadores (de la legislatura 2010-2013 y 2014-2018), opina muy distinto. La preferencia por un gobierno que garantice el orden sólo alcanza un 13,4%. Probablemente, acá está uno de los principales núcleos de incongruencia entre ciudadanos y políticos. Mientras los ciudadanos aspiran a la estabilidad y el orden para progresar en su vida, la elite política e intelectual (que ya progresó y que tiene su educación asegurada) va por otro camino.

El gobierno debe tomar prontamente una decisión. Si en 2005/2006 Bachelet decidió abortar lo que sería el plan de un “gobierno ciudadano”, en esta oportunidad lo recomendable es escuchar y saber entender al ciudadano de a pie. La elite intelectual-vecina geográfica de la elite política y económica- insiste en pensar que los intereses de los pobres y la clase media son los mismos que los del ABC1. La presidenta haría bien en analizar quiénes votaron por ella, qué es la clase media, cuáles son sus aspiraciones, y luego de eso dar el necesario golpe de timón.