Como parte de su reforma tributaria, el gobierno anuncia un alza en el impuesto al pisco. Pero hay resistencia: los parlamentarios de la región de Coquimbo se oponen y hacen frente común con la industria. Finalmente, un senador oficialista anuncia con satisfacción que los pisqueros pueden estar tranquilos: el gobierno ha dado su brazo a torcer.

Es la historia de la reforma tributaria de Bachelet y del senador Jorge Pizarro en agosto de 2014, sí. Pero también la de los mismos protagonistas en abril de 2014. Y de la reforma tributaria de Piñera y el senador UDI Gonzalo Uriarte, en 2012. Por tercera vez en dos años, el lobby parlamentario obliga a un ministro de Hacienda a frenar en sus intenciones de gravar más fuertemente el pisco.

La industria pisquera difícilmente califica entre las más relevantes económicamente de Chile, pero su poder en el Congreso es considerable. Las últimas tres pruebas de su influencia son ilustrativas.

En abril de 2012, el presidente Piñera presentó una reforma tributaria que incluía un alza del 27 al 40% del impuesto específico a los alcoholes sobre 40 grados. Los parlamentarios de la región anunciaron su rechazo, y el gobierno cedió: en agosto, tras encabezar la presión sobre Hacienda, el senador UDI Gonzalo Uriarte podía anunciar “un alivio y una buena noticia”: el alza del impuesto a los alcoholes se retiraba del Congreso.

El alivio no duró demasiado: en abril de 2014, la presidenta Bachelet anunció una reforma tributaria que pretendía recaudar ocho veces más que la de Piñera (US $8.200 contra US $1.000 millones). El impuesto a los alcoholes también era más agresivo, con una tasa especial por grado de alcohol que llevaría el impuesto al pisco hasta un máximo de 57%, según los cálculos de la industria.

El lobby funcionó de inmediato: los seis diputados de la región presentaron un proyecto de acuerdo contra la iniciativa, y el senador Jorge Pizarro anunció que votaría en contra del tributo. El líder del “bacheletismo DC”, alineado con el gobierno contra los “matices” de la directiva de Walker, aquí se declaraba en rebeldía.

Además del peso específico de Pizarro, un aliado que La Moneda no puede darse el lujo de perder, el poder de la “bancada pisquera” en la Nueva Mayoría es relevante: siete de los ocho parlamentarios de la zona son oficialistas. Sin sus votos, la mayoría del gobierno se reduce ostensiblemente en la Cámara (de 67 a 62 diputados) y desaparece en el Senado (de 21 a 19 senadores).

Por eso no es de extrañar que la presión, de nuevo, funcionara: el primer ajuste a la reforma mató la “súper-tasa” a los alcoholes, reemplazándola por una mucho menor, de entre 35,5% y 38,5%. Pero la Asociación de Productores de Pisco fue por más, y pidió un gravamen fijo de 31,5%. El gobierno otra vez dio su brazo a torcer. Y cuando, en la redacción de la nueva versión de la reforma tributaria, Hacienda trató de pasarse de lista, llegó el punto cúlmine.

El sábado 9 de agosto se presentó la indicación que fijaba un impuesto de 33,5%. El domingo en la mañana el senador Pizarro dio una conferencia de prensa en  LAque calificó al ministro Arenas de “insensible”, y al alza de “brutal”.

Por tercera vez, funcionó. Y ahora en tiempo récord: antes de que terminara ese domingo, Pizarro anunciaba públicamente que Arenas lo había llamado para enmendar el “error” en la ley. El impuesto quedaba exactamente donde los pisqueros lo habían solicitado: 31,5%.

Fin de la historia. Si el menú de la reforma tributaria se preparó en una “cocina” secreta de lobbies y presiones, al menos el pisco sour del aperitivo se mezcló a vista y paciencia de todos, con un lobby parlamentario público y transparente.

Con un pero. Porque, así como es perfectamente legítimo que los diputados y senadores defiendan las industrias que crean empleo en sus zonas (en el caso del pisco, 3.863 puestos de trabajo permanente y 24.000 en época de cosecha), también es indispensable que los ciudadanos sepamos qué personas, empresas e industrias financian sus campañas.

Como el origen de esas donaciones es reservado, y los propios parlamentarios pueden alegar ignorancia sobre él, la duda queda instalada cada vez que un congresista hace lobby por los intereses de una industria.

Una cifra al respecto: si contamos todas las alzas de impuestos anunciadas por Hacienda y frenadas por el Congreso en los últimos dos años, el lobby de los parlamentarios por Coquimbo le ha ahorrado a la industria del pisco unos 57 millones de dólares anuales en nuevos tributos.

Pues bien: financiar completas, hasta el límite máximo del gasto electoral, las campañas de los dos senadores y los seis diputados de la región de Coquimbo en 2013 habría costado en total 3 millones 178 mil 625 dólares. O sea, 18 veces menos que el dinero que la industria del pisco se ahorrará al año  gracias al lobby parlamentario.

¿Negocio redondo? No lo sabemos, porque nuestra vergonzosa ley de financiamiento electoral no nos da a los ciudadanos el derecho a averiguar si la industria del pisco ha financiado o no las campañas de estos parlamentarios.

Tampoco podemos saber de los aportes de camioneros, agricultores, mineros y otros gremios que salieron ganando en los lobbies cruzados desatados por la reforma. Un oscuro cóctel de plata, influencia y poder. Y un trago muy amargo para nuestra democracia.