Tener o no tener fines de lucro. Esa es hoy la cuestión. La respuesta a esta pregunta existencial que aqueja tanto al sector productivo, como al tercer sector de organizaciones sociales, que viven en la zozobra financiera, parece estar en un nuevo modelo que toma lo mejor de ambas partes y las fusiona en un híbrido denominado empresas B (“Benefit Corporation”).
Nacieron de un fallo judicial. Los fundadores de Ben & Jerry, fabricantes de helados originarios de Vermont, EE.UU., recibieron el 2000 una suculenta oferta de Unilever, que no pudieron rechazar -por tratarse de una compañía pública donde la mayoría de los accionistas aprobaban la venta- pero que dejó a merced de los nuevos dueños su compromiso con el medioambiente y la comunidad, algo en lo que Ben & Jerry había sido pionera. Este caso motivó a Jay Coen Gilbert y Bart Houlahan, dueños de una marca de ropa deportiva, junto a su amigo Andrew Kassoy, a establecer un sistema que permitiera certificar a las mejores empresas no del mundo sino para el mundo, como reza el eslogan de B Corporation. Es decir, organizaciones que además de buscar rentabilidad financiera, se comprometen con otras metas para generar bienestar social y/o ambiental en el largo plazo y hacia todos sus públicos de interés: gobernanza, trabajadores, comunidad y medioambiente. El compromiso implica hacer modificaciones legales en los estatutos para proteger esta doble misión, social y comercial, desde el corazón del negocio.
Ante una ciudadanía cada vez más exigente en el respeto a las comunidades, la transparencia, el respeto al medioambiente y la inclusión, las fórmulas de regalos compensatorios, las donaciones sociales asociadas al marketing o los compromisos RSE laterales, parecen algo desgastados e insuficientes. La rápida expansión de las empresas B certificadas (1.020 en 34 países y 50 en Chile, lo que nos convierte en el tercero del mundo después de EE.UU. y Canadá), son una señal de que en la lógica de mercado existe más de una vía para acortar el trade off entre retornos sociales y comerciales, con modelos empresariales sustentables que generan confianza.
La siguiente pregunta existencial es cuánto puede escalar este modelo para ser realmente incidente en el sistema económico. Si bien en Chile la gama de empresas B es diversa (principalmente servicios pero también retail, manufactura y agrícola), el interés mayoritario ha venido de emprendimientos. En el marco de la nueva agenda de productividad el Ministerio de Economía ha anunciado recientemente la creación de un programa para fomentar iniciativas de innovación social, una medida que puede ser incidente, dada la escasa inversión de riesgo que valora la rentabilidad social de los negocios en el país. Más relevante aún es el anuncio de un proyecto de ley para crear un marco jurídico para que puedan operar las empresas sociales, en el cual será importante incluir a las sociedades anónimas.
Dar el paso desde empresas con programas de responsabilidad social a empresarios socialmente responsables requiere de un ecosistema financiero, legal, comunicacional, e incluso tributario, que comprenda su doble finalidad y facilite que este cuarto actor que recién entra al ruedo económico pueda jugar como articulador de confianzas entre ciudadanía y empresa.
