Si para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza hacia fines de esta década, Chile debe crear capacidades que nos permitan sostener elevadas tasas de crecimiento, la pregunta que surge es: ¿Qué rol debe jugar el Estado en esta tarea? ¿Necesita el país una política industrial?

Una política industrial (PI) es cualquier tipo de intervención del gobierno que busque cambiar la estructura productiva hacia sectores que, se espera, ofrezcan un futuro más próspero. Esta forma de intervención del Estado ha sido parte de un amplio debate en el mundo durante los últimos 40 años. Con frecuencia, para buscar casos de éxito se recurre a los países de Asia del Este, que durante tres décadas lograron altas tasas de crecimiento económico y mejoras en productividad, alcanzando el desarrollo. Sin embargo, las políticas seguidas por estos países fueron bien diversas, desde el laissez faire, en Hong Kong, hasta políticas selectivas, como el caso de Japón y Corea.

Por ejemplo, en Japón poco y nada se menciona sobre la PI que se desarrolló entre 1955 y 1980, donde el 80% de los subsidios iban dirigidos a sectores como agricultura, forestal y pesca, como también a importantes exenciones tributarias para investigación y desarrollo en minería y sectores de alta tecnología. Ninguno de estos sectores, según los estudios, experimentó un crecimiento más rápido en productividad que otras industrias que no fueron apoyadas selectivamente. 

En Chile, el debate del rol del Estado en esta materia está lejos del consenso. Durante el primer gobierno de Bachelet se optó por priorizar determinados “clusters” productivos (minería, turismo de intereses especiales, servicios globales, acuicultura y alimentos). En el gobierno de Piñera se puso término a este enfoque y se optó por políticas e instrumentos horizontales. No se buscó elegir a los sectores ganadores, sino  más bien ayudar a fortalecer aquellos que el propio mercado fue seleccionando como áreas de mayor potencial. Se asignó alta importancia a la conformación de “clusters” y a fortalecer la coordinación entre el sector público y privado. Ejemplo de ello es el esfuerzo que se está realizando en la minería, ayudando a que la industria adyacente de proveedores  -buena parte de ella conformada por pymes- sea también de clase mundial.

La inauguración del observatorio ALMA constituyó en el 2013 un hito y concentró la atención de los más destacados exponentes de la astronomía mundial. Hay un enorme potencial por desarrollar en actividades derivadas, que forman parte de la cadena de valor de la astronomía; y lamentablemente el país no está preparado todavía para absorber esta demanda, ni en lo referido al capital humano avanzado que se requiere, ni tampoco en el desarrollo de capacidades tecnológicas. Pero dentro de los cinco sectores elegidos no estaba la astronomía. ¿Acaso no se percibía ya el enorme potencial en desarrollo, ni tampoco los desafíos que ello implicaba? Los hechos dan cuenta de que, cualquiera haya sido la razón, la astronomía quedó fuera de los sectores priorizados. Este riesgo es propio de todos los modelos basados en la planificación centralizada.

A pesar de la extensa evidencia empírica negativa a nivel mundial sobre PI, el nuevo gobierno insiste en reponerlas. Chile no necesita una PI, pero sí más y mejores políticas horizontales de largo plazo que beneficien a todos los sectores, invertir en capital humano básico y avanzando, mejorando la infraestructura pública y fomentando el emprendimiento y la innovación. Todos ellos, buscando mejorar las fallas de coordinación aprovechando de fortalecer la institucionalidad vigente.