Ya es una costumbre discutir a fines de febrero e inicio de marzo sobre el precio de los textos escolares. Ellos no pasan desapercibidos para ninguna familia que deba pagarlos. Según datos del Sernac, este gasto puede llegar a representar el 78% del costo de las compras escolares. Sin embargo, esto es sólo la punta de un iceberg que incluye al mercado privado de textos escolares y también al estatal, tal como intenta mostrar la última publicación de IES “Calidad, formato y mercado de los textos escolares en Chile”.

La primera pregunta que uno debería hacerse es si los libros aportan al proceso educativo. En esto los especialistas coinciden: los textos escolares de buena calidad hacen que los estudiantes aprendan más, independiente de sus habilidades y de la capacidad de sus profesores. Si esto es así, podemos concluir que estamos ante un tema importante, especialmente para un país que pretende realizar grandes reformas para mejorar la calidad de su educación.

Una pregunta que se desprende de lo anterior es si nuestros textos son de buena calidad. Al responder esta interrogante se abocó en 1996 la comisión coordinada desde el CEP por las investigadoras Bárbara Eyzaguirre y Loreto Fontaine. Las conclusiones del estudio, que abarcó los textos de castellano y matemáticas y los comparó con los de otros países, fue lapidaria: “Limitada e irrelevante información, pobre clarificación de objetivos, reducida asimilación por parte de los autores de los aportes de la pedagogía actual y de aspectos fundamentales de la disciplina tratada, descuido marcado en los detalles de presentación, planificación y secuencias y escasa consideración por sus usuarios”.

Casi 20 años después, en un estudio publicado el 2013 bajo el título “Textos Escolares y Calidad Educativa”, Raquel Soaje y Pelusa Orellana hicieron un ejercicio que en parte actualiza la investigación de la comisión Eyzaguirre-Fontaine. ¿Conclusión? La misma: la calidad de los textos entregados por el Mineduc es baja y, además, no ha mejorado prácticamente nada en 10 años. Esta conclusión es extensible a los textos del mercado privado, ya que “no poseen diferencias sustantivas”.

Nuestros textos escolares, entonces, son deficientes. Tanto los estatales como los privados. ¿Por qué ocurre esto? En buena parte, porque ninguno de los mercados está orientado a generar mayor competencia en torno a la calidad del material. El mercado estatal de los textos escolares concentra la competencia de las editoriales en torno a los costos de impresión de los textos, siendo la evaluación técnico-económica de los mismos el criterio de mayor peso final en la licitación.

El mercado privado, en tanto, concentra la competencia de las editoriales en torno a la captura del favor de las instituciones particulares y particular-subvencionadas mediante incentivos (viajes, donaciones de libros, etc.). En ambos casos, entonces, los contenidos son reciclados con uno que otro retoque de año a año.

Mientras tanto, el esfuerzo económico de los contribuyentes y de las familias no es menor. El Estado gastó $ 22 mil millones en textos escolares el 2012 para atender a tres millones de estudiantes. Cada texto con un valor final de alrededor de $ 1.500 pesos. En el sector privado, que representa un 10% del mercado total, los textos son entre 10 y 20 veces más caros.

¿Qué hacer? El primer paso para reconfigurar estos mercados y orientarlos hacia la competencia por la calidad de los textos es, en el caso del privado, prohibir a las instituciones exigir libros “del año”, ampliando el rango a los últimos 5 años. Esto diversifica las opciones y evita la mala práctica de reimprimir los mismos contenidos como si fueran ediciones distintas: las editoriales tendrán que convencer a los padres de elegir el texto “del año” mejorando su calidad. En el caso del mercado estatal, es necesario, tal como ha señalado Eugenio Severin, separar la licitación de los contenidos de la licitación de la impresión, permitiendo que aumente la competencia y que se sumen nuevos actores a ella.

Los derechos de autor sobre los contenidos deben ser comprados por el Mineduc y éstos  puestos a disposición del público con licencias abiertas. Esto permitirá generar un archivo de materiales educacionales abierto al escrutinio público nacional e internacional, que se irá enriqueciendo con el tiempo y que será de utilidad para estudiantes, profesores e investigadores. Este material, además, constituirá un estándar básico para la oferta privada y una alternativa para los establecimientos no estatales.

Finalmente, pensando en el largo plazo, parece necesario, como ha propuesto Severin, estudiar la incorporación de nuevas tecnologías que permitan generar un mercado de contenidos escolares que prescinda total o parcialmente del papel. Las ventajas de esto son económicas (impresión), ecológicas (papel), culturales (adecuación al contexto), políticas (disminuye riesgo de manipulación) y pedagógicas (permite corregir y actualizar contenidos rápidamente). Este formato, además, facilitaría poner en valor aquellas obras en el dominio público, dando importancia central a iniciativas como “Memoria Chilena”.

Nadie marchará por la calidad de los textos escolares y las consignas parecen rebotar contra la complejidad del problema. Sin embargo, si queremos mejorar la calidad de nuestra educación parece ser un tema importante. ¿Pensarán lo mismo los legisladores?