Por Valentina Konow, socia de F y K Consultores Agosto 8, 2013

En los servicios de salud pública del país ha existido históricamente, y existe hoy, escasez de médicos especialistas. Esto hace que entre la salud pública y la salud privada hayan grandes diferencias.

Desde una perspectiva económica, la escasez de médicos especialistas en hospitales públicos debería determinar un incremento en el precio a pagar por sus servicios. Un aumento en los salarios haría igualmente atractivo dedicar tiempo a consultas privadas que a consultas en hospitales. Asimismo, sería más deseable estudiar medicina y la oferta de doctores aumentaría en el mediano y largo plazo.

La solución entonces a la falta de especialistas en los servicios de salud pasa porque el gobierno destine los recursos a su contratación. Pero no es lo que sucede. 

El Ministerio de Salud, que controla aproximadamente el 80% de los campos clínicos formadores, ha desarrollado una política que traspasa la solución de este problema a los médicos generales que quieren especializarse. Es decir, ejerce un abuso de poder de mercado. 

Sólo algunos de quienes egresan como médicos generales  realizan la especialidad: no existen suficientes cupos. De quienes sí acceden a los existentes, unos pocos pueden optar a autofinanciar su formación. La gran mayoría debe entrar a planes ministeriales, que obligan a los doctores a devolver, una vez terminada la especialización, 6 años de trabajo en un servicio de salud bajo condiciones poco claras.  No cumplir esta obligación tiene como castigo una multa de aproximadamente 120 millones de pesos. Esto ha provocado que muchos médicos  vayan a especializarse en el extranjero, manteniendo la opción de trabajar bajo las condiciones que ellos estimen convenientes. Entonces, ¿es esta la manera de solucionar el problema? 

Sin duda, controlar la oferta de cupos permite al gobierno “adquirir” los servicios de especialistas sin necesidad de pagar el precio que el mercado indica. La autoridad genera una regulación que le provee de “doctores esclavos”, que no pueden decidir dónde, cuánto tiempo y bajo qué condiciones trabajar. 

¿Por qué quienes estudian otras carreras tienen la opción y la libertad de especializarse en lo que quieran sin  tener que solucionar problemas de política pública? 

Es necesario repensar la filosofía detrás de las opciones que manejan hoy nuestros médicos en formación, y poner sobre la mesa la semejanza que tiene la política actual de especializaciones con una política marxista, en la que el gobierno determina dónde trabaja cada ciudadano en función de las necesidades del Estado.

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