Hace unos pocos meses, la escritora chilena Isabel Allende seleccionó una edición de cada uno de sus libros, los puso en una caja y los envió a los profesores del Departamento de Estudios Mexicano-Americanos de Tucson, Arizona. Fue su manera de apoyar un movimiento de maestros y estudiantes, la mayoría de origen mexicano, que se han levantado en protesta por el cierre de su programa de estudios étnicos, a partir de una decisión de la justicia que lo consideró violatorio de una ley estatal aprobada en el 2010, redactada precisamente para lograr ese fin.

La medida significó no sólo la clausura del programa, sino también la prohibición de hacer leer a los alumnos libros de autores como la norteamericana Sandra Cisneros (autora de  The House on Mango Street), el dominicano Junot Díaz (La maravillosa vida breve de Oscar Wao) y, por supuesto, Isabel Allende.

La autora de La casa de los espíritus dice que esto le suena conocido: “No es la primera vez que mis libros están en alguna lista negra, a veces por las escenas de amor (jamás las de violencia) o bien por razones políticas”. Por otro lado, recuerda que “algunos han estado en la lista de libros recomendados por el Vaticano, imagínate”, dice en un correo electrónico a Qué Pasa.

El conflicto en Tucson empezó en el año 2006, cuando la activista Dolores Huerta (luchadora por los derechos de los inmigrantes, de los trabajadores y de las minoría sexuales) dio una charla en la secundaria Tucson High y dijo: “Los republicanos odian a los latinos”. Como relata el  New York Times, el entonces superintendente de Educación del estado de Arizona (donde el 60% de la población es de origen latino), el republicano Tom Horne, envió un emisario a investigar la situación. Un grupo de 200 estudiantes lo recibió con una protesta.

Fue el inicio de la guerra. Tiempo después, la gobernadora Jan Brewer y el congreso estatal iniciaron una arremetida legal para terminar con los Estudios Mexicano-Americanos, que seguían 1.400 de los 53 mil estudiantes del distrito de Tucson. Lo lograron en el 2010, modificando la ley con un artículo que prohibió la existencia de programas de estudio que promuevan el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos; el resentimiento hacia una raza o clase de personas; que sean diseñados principalmente para estudiantes de un grupo étnico en particular; o que estimulen solidaridad étnica en lugar de un trato a los alumnos como individuos.

Basado en esa ley, el nuevo superintendente de Educación, John Huppenthal, ordenó el cierre definitivo del programa. Meses más tarde, en diciembre pasado, la corte de justicia estatal respaldó la decisión.

Los Estudios Mexicano-Americanos se habían iniciado en 1998. Su currículum del 2011 incluía Literatura, Historia de Estados Unidos, Gobierno Estadounidense, Arte y Estudios Chicanos. El énfasis estaba puesto en la identidad mexicano-americana, la justicia social y la enseñanza de una historia a partir de la visión chicana.

Más allá de los contenidos, los defensores del programa mencionan los resultados objetivos de los alumnos: una mejora de 45% en lectura, de 59% en escritura y un 33% en matemáticas, además de un aumento del 67% en el ingreso a la educación superior.

Durante el proceso judicial se realizó un estudio independiente a cargo de la consultora Cambium, que concluyó que el programa no violaba la ley. La corte desestimó el informe. En su argumentación seleccionó de manera bastante deliberada párrafos incendiarios de textos escritos por Martin Sean Arce y Augustine Romero (director y ex director del programa, respectivamente), pero nunca se demostró que algo de eso fuera traspasado a los alumnos.

El conflicto alcanzó estatus nacional. The Daily Show, de Jon Stewart, entrevistó a uno de los miembros del consejo educativo que empujó la censura, Michael Hicks. Él confesó que nunca había asistido a una de las clases y que los contenidos los conocía “de oídas”. También mencionó la lucha pacífica de la máxima heroína de los derechos civiles en Estados Unidos. Pero la llamó Rosa Clarks en lugar de Rosa Parks.

Profesores, alumnos y apoderados se organizaron para la resistencia. En marzo fueron parte de una caravana de “librotraficantes”, para que los textos eliminados volvieran a estar disponibles. Entre ellos estaba Zorro, de Isabel Allende, uno de los libros prohibidos y que era lectura exigida en un curso llamado Justicia Social, Resistencia y Literatura Latina.

La escritora dice que detrás de todo hay xenofobia y un curioso orgullo “anti-intelectual”. Dice que “han echado profesores por enseñar a Shakespeare o a Herman Hesse. La educación se mide con la vara de efectividad, costo y productividad, como cualquier negocio; eso permite echar a maestros y profesores impunemente. Parece que también permite esta forma de censura”.

La pelea todavía continúa.